Los socios exigen el cese de Robles para salvar la legislatura

En la diana, otra vez. El presunto espionaje a políticos independentistas afecta de lleno al Gobierno y, por ende, a la estabilidad de la Legislatura. Todas las miradas apuntan a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por su abrigo al CNI, al refrendar la legalidad de las actuaciones del órgano, como las del propio Gobierno. Es el discurso que se mantiene tanto en público como en privado en Moncloa, así como de defensa a la exmagistrada. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer la gestión por las presuntas escuchas y puso el foco en la investigación que ha iniciado el Defensor del Pueblo, que tendrá acceso a información clasificada. Así, en el Ejecutivo no se prevé sucumbir a las exigencias de los partidos independentistas y de hasta sus propios socios de gobierno, Unidas Podemos, de prescindir de la ministra.

Es este uno de los gestos que esperan los principales aliados del Gobierno como intercambio previo de una facilitación al real decreto que se vota hoy en el Congreso para dar luz verde al plan anticrisis con medidas económicas para paliar la guerra en Ucrania, que al cierre de la edición de este periódico se veía improbable. Pero, la advertencia va más allá de la votación de este jueves, sino que elevan el órdago a Moncloa. La dimisión de Robles debe producirse si el Ejecutivo quiere garantizarse la continuidad de la legislatura. Es el peaje, que, según las fuentes consultadas entre los aliados del Gobierno, el presidente del Gobierno debe asumir sí pretende contar con el aval de estas formaciones en lo sucesivo. Resta todavía un año y ocho meses de legislatura y la agenda del gobierno de coalición se acelerará en esta recta final para dar cumplimiento a todos los compromisos legislativos, como con Europa.

Tanto desde ERC como en Unidas Podemos reconocen en privado que es necesario «depurar responsabilidades», y si bien esto pasa por explicar con toda claridad el caso del espionaje o por el cese de la ministra de Defensa, como gesto a ERC, para que «los espiados se sientan de nuevo aliados». Y es que los 13 votos de ERC son imprescindibles para parte de la agenda más progresista que todavía debe desarrollar el Ejecutivo en esta legislatura. Estas fuentes dejan claro que el PSOE debe decidir si «proteger» a la ministra o jugarse el Gobierno, en referencia a que la alternativa sería un pacto con el principal partido de la oposición, del que dudan que den su aprobación a leyes como la ley de Seguridad Ciudadana, o la ley trans y la ley del solo «sí es sí», la futura ley Crea, la reforma de la ley concursal o la ley de Vivienda, entre otras normativas.

Los socios del Ejecutivo entienden que si la ministra de Defensa conocía el espionaje a políticos y «debe dimitir» y si no era conocedora «tiene que dar explicaciones» en una comisión de investigación en el Congreso, que el Ejecutivo, a día de hoy, rechaza. Con tono duro recriminan a Moncloa su «silencio» ante «el caso más grave en democracia». En el Congreso creen que la ministra, ayer, justificó el espionaje al preguntar a los grupos «qué tiene que hacer un Estado y un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución», en referencia al referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia.

Unas palabras que incendiaron al independentismo y en especial al president catalán, Perè Aragonés, que ayer dio por «incapacitada» a la ministra para seguir en su puesto. «La ministra debe asumir responsabilidades porque el CNI estaba bajo su responsabilidad: si no lo sabía por incompetente, si lo sabía por actuar vulnerando los principios democráticos», cargaba, para después elevar el tono en un aviso directo a Sánchez: «Si ella no quiere asumir las responsabilidades, que le hagan asumirlas». Otras fuentes de ERC son más benévolas con la exmagistrada y sitúan el foco en que el Gobierno de luz verde a una comisión de investigación. Desde Unidas Podemos elevaron públicamente su malestar y mostraron su «estupefacción» por las declaraciones de la ministra. Sin pedir explícitamente su dimisión –por respeto a su socio de Gobierno– Pablo Echenique exigió asumir responsabilidades políticas y que «rueden cabezas».

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, volvió a insistir por enésima vez en la legalidad de las actuaciones, tanto del CNI como del propio Gobierno y recordó que se dirigen acusaciones sin «material probatorio». «Nos pueden atribuir hasta la muerte de Manolete si quieren», llegó a decir en el pleno del hemiciclo mientras animaba a los independentistas a acudir a los tribunales. «Les viene muy bien aparecer ahora como víctimas», pero «no les he visto nunca defender los principios básicos del Estado de Derecho ni los derechos y libertades de absolutamente todos los ciudadanos», zanjó.

La ministra mantiene así firmeza frente al órdago de sus socios. De hecho, fuentes de su entorno aseguran que está «encantada» y «disfrutando muchísimo» al frente de su ministerio y, aunque da por sentado que los socios del Gobierno pidan su cabeza, ella tiene la vocación de seguir adelante. Además, aseguran que el avance de la comisión sobre secretos oficiales permitirá arrojar luz sobre el presunto espionaje con el programa Pegasus, un dispositivo al que, estas mismas fuentes, ponen en duda que solo tenga acceso el CNI. En este sentido, desde Defensa consideran que las declaraciones que se harán en el marco de la citada comisión parlamentaria serán esclarecedores y harán que algunos de los que ahora se escandalizan «se sorprendan» por lo que allí se pueda revelar. Desde ERC se muestran escépticos sobre esta cuestión y recuerdan que en estas comisiones nunca se ha desvelado «ningún secreto».