El juez permite que la Generalitat acuse en una pieza del “caso 3%” pese a la “desconfianza de sus intenciones”

El Gobierno catalán podrá finalmente personarse como perjudicado en la investigación a la productora Triacom por la supuesta financiación de CDC

El juez investiga si la productora Triacom infló el precio de los programas a TV3 para financiar a Convergencia
El juez investiga si la productora Triacom infló el precio de los programas a TV3 para financiar a Convergencia

La Generalitat podrá finalmente ejercer la acusación en la pieza del “caso 3%” en la que se investiga la supuesta financiación ilegal de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a través de la productora audiovisual Triacom. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rectificado su decisión inicial de no permitir al Ejecutivo catalán personarse en el procedimiento y ha estimado, con el apoyo de la Fiscalía, su recurso de reforma, al entender que en ese escrito la Generalitat sí ha acreditado su condición de perjudicada.

Lo hace, eso sí, pese a la “desconfianza de sus intenciones” pues, como se encargó de recordar el magistrado en la resolución en la que le denegó esa personación como acusación particular, en el actual Gobierno catalán hay “herederos” de la propia Convergencia.

Ahora, Pedraz sí da por buena la argumentación de la Generalitat de que los hechos investigados -que determinadas adjudicaciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales se inflaron artificialmente por encima del coste real de los programas para terminar de forma irregular en manos de empresarios afines a Convergencia- pudieron suponer un perjuicio para la propia Corporación catalana y para la propia Administración autonómica, “dada la adscripción de tal empresa pública a la propia Generalitat”, por lo que -subraya- a la legitimidad formal para ejercer la acusación “se añade la material”.

Eso sí, en la resolución el instructor afirma que como parte acusadora la Generalitat debe ayudar a esclarecer si, en efecto, “Triacom vendía sus programas a TV2 muy por encima de los costes de producción”.

Y respecto a su negativa inicial a permitirle su personación por “la inclusión en el Gobierno de la Generalitat de miembros que heredan las actuaciones de los partidos políticos Pdecat y CDC”, Pedraz sostiene que “el compromiso de actuación unitaria, como órgano constitucional que es, de la Generalitat, debe ser atenido al ser preferente su constitución como parte a la desconfianza de sus intenciones”.

En la resolución ahora rectificada, el magistrado expuso que el Ejecutivo autonómico no había acreditado su condición de ofendido por los hechos investigados ni había aportado datos para apreciarla ese posible daño. Y, además, señaló que en la Generalitat “hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa”.

En el marco de esta investigación, Pedraz reclamó el pasado octubre a TV3 y Mediapro las facturas de esos trabajos bajo sospecha (que afectan a los programas “El Gran Dictat” y “Fish & Chips”, entre otros).

Las facturas a TV3

La productora Triacom Audiovisual tiene como principal cliente a la televisión pública catalana, que supuso entre 2010 y 2016 más del 80 por ciento de sus ingresos. La Justicia rastrea supuestos pagos a uno de los imputados en la causa del 3%, Juan Manuel Parra, de Hispart, al empresario David Madí, muy próximo al ex president Carles Puigdemont, y a sociedades vinculadas estrechamente a CDC, como también a las esposas del propio Madí y de Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos de Jordi Pujol.

En julio de 2020, el juez José de la Mata procesó en el marco del “caso 3%” a los ex gerentes de Convergencia Daniel Osácar, Andreu Viloca y Germá Gordó y a otras 28 personas por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo por haber financiado al partido “ilegalmente y en forma encubierta”.

El magistrado también propuso juzgar por estos hechos a la propia CDC, al PdeCAT y a diversas empresas que habrían financiado ilegalmente a Convergencia mediante el pago de comisiones ilegales.