Las razones que mueven a separatistas y ultraizquierda a utilizar el asunto “Pegasus”

Los tres motivos – pueden ser más-- por los que separatistas y ultraizquierda han montado el “pegasusgate” que, conforme pasan los días, se demuestra su inconsistencia y el origen de tendencioso del asunto. Son, según fuentes consultadas por LA RAZÓN, por un lado, la pretensión de los partidos de ambos sectores, que forman parte de la mayoría “frankenstein” que apoya al Gobierno de Sánchez, de marcar distancias ante futuras convocatorias electorales. El presidente del Gobierno no les va a dar sufragios, todo lo contrario, ya que, al final, de lo prometido, la mitad de la mitad, si llega.

Por el otro, los nacionalismos quieren desviar la atención que se focaliza en sus movimientos como consecuencia de la guerra de Ucrania y la invasión que protagonizan las tropas de Putin con la disculpa de salvar de los “nazis” a los nacionalistas rusos de determinadas regiones del régimen de Kiev. Los nacionalismos son vistos en el mundo como algo peligroso para la estabilidad por su intransigencia y egoísmo.

Y, en el caso de los soberanistas catalanes, por las consecuencias de todo tipo que pueden producirse por las demostradas relaciones con la Rusia de Putin, incluso a nivel militar y de “ciberinfluencias”. Así las cosas, el asunto “Pegasus”, manipulado, según las citadas fuentes, de una manera grosera desde un principio, se presenta como una especie de “tabla de salvación” para presentarse como víctimas de la “España opresora” que no sólo nos roba, sino que nos espía.

Que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es uno de los que está detrás del montaje es algo que nadie pone en duda. El prófugo de la Justicia actúa a cara descubierta, no como cuando, según determinadas investigaciones, tuvo una participación en la plataforma Tsunami Democratic, con la que se coordinaron las graves alteraciones del orden público con motivo de la sentencia del procés.

La realidad de lo ocurrido, tal y como adelantó ayer LA RAZÓN, no es otra cosa que una investigación ordenada y coordinada por un juez de la Audiencia Nacional contra determinados individuos relacionados con la intentona golpista, que lleva a cabo la Guardia Civil y en la que ha colaborado, en algunos momentos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En el marco de las pesquisas se han realizado escuchas autorizadas y, para ello, la Guardia Civil ha utilizado el sistema SINTEL y el CNI, el PEGASUS. Todo ordenado, coordinado y controlado por el magistrado.

Los separatistas no pueden pretender que los presuntos delitos que cometieron se archiven (o se metan en un cajón) sin más. Tienen que ser objeto de la acción de la Justicia. Y la ultraizquierda ha visto las puertas abiertas para proseguir con su estrategia de desmontar la estructura de seguridad del Estado, hasta el punto de pedir la derogación de la Ley de Seguridad Nacional y, como no, la dimisión de su “bête noire”, la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Lo lamentable es que el Gobierno de Sánchez haya caído en la trampa, o la haya aceptado en su férrea decisión de mantener la legislatura hasta el último día. Va a “dar carrete” a algo que ya se sabe inconsistente, pero que será manipulado ya que se trata de una acusación sin pruebas para forzar a un Ejecutivo débil a defender su inocencia. Invirtiendo la carga de la prueba. “Una vez más nos encontramos ante la paradoja del mundo al revés y la constatación de lo manipulación y desinformación que, sin duda, merece la calificación cum laude para el secesionismo catalán”, subrayaron.

Todo esto puede hacer un daño irreparable a los servicios de información españoles y sus relaciones con sus homónimos internacionales.

Las fuentes consultadas consideran que aún se está a tiempo de situar el asunto en su sitio y responder con firmeza al “órdago sin cartas” que han lanzado unos y otros. ¿Realmente qué es lo que tienen? ¿Disponen de pruebas de que se ha hecho algo ilegal? ¿Pueden acreditar técnicamente que los teléfonos de los investigados han sido hackeados”?. Además, la presencia de una persona del entorno de Puigdemont en la elaboración del informe de la entidad canadiense que lo lanzó, le resta credibilidad y la objetividad necesaria para ser presentado como “prueba” no se sabe muy bien de qué. concluyeron.