Meritxell Batet, un nuevo golpe institucional: «Ahora se permite que los lobos entren en el rebaño de las ovejas»

Se ha saltado de un plumazo las reglas de juego que regían en el Congreso. Su presidenta, Meritxell Batet, ha propuesto una rebaja de las mayorías que se exigen para acceder a la Comisión de Secretos Oficiales, lo que permite abrir la puerta a Esquerra Republicana, JuntsxCat, EH-Bildu y la CUP al control del CNI, las materias clasificadas y los fondos reservados. Un nuevo golpe de Batet a la institución parlamentaria, tal como acusaron los grupos de la oposición, a raíz del escándalo del espionaje a políticos independentistas catalanes y vascos. El movimiento de la presidenta es una cesión a las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez para contentar a los separatistas y filoetarras, y conseguir su apoyo al decreto de medidas anticrisis. Lo lograron solo en parte, ya que ERC se mantuvo en el «no», mientras Bildu sí lo respaldó. El escándalo ha sido mayúsculo y escuece en las propias filas socialistas, tal como advirtió el barón castellano-manchego: «Ahora se permite que los lobos entren en el rebaño de las ovejas».

La maniobra de Batet se añade a la larga lista de polémicas desde su mandato como presidenta de la Cámara Baja y rompe una norma vigente incluso bajo la presidencia de su compañero socialista ya fallecido, Manuel Marín. Desde entonces la mayoría exigida para acceder a la Comisión de Secretos Oficiales era de tres quintos, o sea 210 diputados. Con el volantazo de Batet se rebaja a una mayoría absoluta de 176, lo que facilita la entrada de ERC, JxCat, EH-Bildu y la CUP. El caso más escandaloso es el de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, antigua directiva de los diarios proetarras Egin y Gara, condenada por enaltecimiento del terrorismo.

En la Legislatura de 2017 ERC ya estuvo representada por su diputado Joan Tardà, y el PDeCAT por Jordi Xuclá. Pero ahora, gracias a Batet, estarán la «batasuna» Aizpurua y el antisistema de la CUP Albert Botrán, quienes tendrán acceso a información clasificada y fondos reservados. Para la oposición es un disparate que «los enemigos del Estado conozcan secretos de Estado». Por su parte, la presidenta esgrime el argumento de la pluralidad política del Congreso frente a los vetos cruzados que llevan bloqueada la comisión desde hace dos años. Algo que el PP y Ciudadanos califican de «impresentable falacia».

Este golpe institucional ha encendido también las filas del PSOE, cuyos dirigentes regionales son conscientes del coste acarreado por el apoyo de Bildu. «Nos pasará una factura muy cara», admiten ante la proximidad de elecciones autonómicas, las primeras en Andalucía, donde se vaticina un sonoro fracaso de la izquierda. No es la primera vez que la presidenta del Congreso afronta una polémica, que en opinión de veteranos diputados en varias legislaturas revela «un Parlamento en deriva democrática». Todavía rechina por los pasillos lo sucedido con la votación de la reforma laboral y el disputado voto de Alberto Casero, que dejó en muy mal lugar a Meritxell Batet. Una presidenta del Congreso, tercer cargo en el organigrama del Estado, cada vez más alejada de su papel imparcial. Palabras como pucherazo, prevaricación y atropello de los derechos fundamentales salpicaron como nunca la sede de la soberanía nacional. La realidad es que Batet aquel día mintió, se arrogó la voluntad de la Mesa del Congreso, a la que no convocó, inició la votación de la ley, impidió ejercer su derecho a Casero y rompió todas las normas de neutralidad que exige su rango. Las actuales Cortes Generales muestran una degradación y un deterioro democrático sin precedentes.

Ahora de nuevo el escándalo está servido y la oposición acusa a Batet de manejar a su antojo la Mesa del Congreso, donde el PSOE, Unidas Podemos y los separatistas tienen mayoría. Las acusaciones de sumisión al Gobierno y sus socios son ya un clamor, dado que desde hace meses Batet no movía un dedo para desbloquear la Comisión de Secretos Oficiales y el pasado martes, por sorpresa, anunció la rebaja de mayorías. Todo un gesto hacia los socios de Pedro Sánchez tras amenazar con embarrar la Legislatura a raíz del presunto espionaje del llamado «caso Pegasus». Los republicanos y JuntsxCat no piensan ceder ante este escándalo que favorece su tradicional victimismo, y tampoco lo hará Bildu, a pesar de su apoyo al decreto anticrisis. El asunto le ha puesto en bandeja una gran baza a Alberto Núñez Feijóo: «Lamento profundamente que el Gobierno prefiera a Bildu que al PP», sentencia el líder de los populares tras la negativa del Ejecutivo a aceptar una sola de sus propuestas.

Tal vez por su pasado de bailarina Pedro Sánchez escogió a Batet para poner orden en este «Frankestein», en palabras del fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, de socialistas, comunistas, separatistas y bilduetarras frente al PP y Cs. No lo ha conseguido y el Congreso vive el momento de mayor deterioro de su historia. Las sesiones son cada vez más burdas y acaloradas, sin ninguna talla parlamentaria entre interrupciones a los gritos de traidores, desleales o asesinos. La presidenta pasa de puntillas ante los insultos y se agarra a la defensa de la libertad de expresión y pluralidad política.

Desde su llegada al cargo se ha movido entre el apoyo del grupo socialista y las críticas de la oposición, que la acusa de falta de independencia. Una de sus decisiones más polémicas fue la de cerrar el Congreso de los Diputados durante el estado de alarma en la pandemia, rechazada después por el Tribunal Constitucional.

Militante del PSC desde 2008, otro escándalo fue la retirada del acta al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por dar una patada a un policía, que provocó la cólera de los morados y un grave conflicto con el Tribunal Supremo. Meritxell navega por las aguas turbulentas de un Congreso muy alborotado, con el Gobierno más frágil de la democracia. Sánchez la designó ministra de Política Territorial tras la moción de censura contra Rajoy y fue elegida en 2019 presidenta de la Cámara cada vez más barriobajera y fragmentada.