Feijóo ofrece un CGPJ sin vocales políticos

Lo más probable es que no haya ningún gran acuerdo entre Gobierno y PP hasta las próximas elecciones generales. La votación del decreto para paliar los efectos de la inflación sienta precedente y enmarca dónde va a seguir la relación entre los dos principales partidos cuando ya ha echado andar la campaña de las elecciones andaluzas.

Aun así, la nueva dirección del PP seguirá haciendo gestos para mantener la iniciativa y continuar dando aire al discurso de que están dispuestos al pacto si sirve al interés general. Clarificada la relación en economía, será el gran campo de batalla electoral, sobre la mesa continúan estando otras cuestiones como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El PP hará un gesto, pero será una propuesta distinta a la que planteó el equipo de Pablo Casado, que, después de ir ajustando sus condiciones, terminó por someter el acuerdo a la exigencia de una reforma de la ley para modificar el sistema de elección de los jueces, a fin de que ellos elijan de forma más directa a los doce miembros del Consejo que deben proceder de la carrera. Era una propuesta sin salida porque colocaba al Gobierno de coalición en una tesitura más que complicada en el Parlamento: le obligaba a cambiar de socios y promover esa reforma legislativa en contra de la mayoría de investidura.

Podemos, damnificado

Igual que ha hecho con la economía, también en materia de Justicia el PP de Feijóo se desplegará en el campo de juego con otro sistema de ataque. Su propuesta tiene como principal seña la «despolitización total» del perfil de los candidatos propuestos, «para todas las partes», lo que implícitamente obliga al Gobierno a revisar su lista y dejar fuera de la negociación a Podemos. En las negociaciones mantenidas en esta Legislatura el partido morado impuso la exigencia de designar indirectamente a dos de los vocales del Consejo.

En esta nueva etapa, el acuerdo podría ser muy rápido si no hay cuotas políticas «de nadie», y este PP acepta revisar también sus candidatos, pero esto vuelve a plantear otro problema en la cohabitación dentro de la coalición. El CGPJ lleva caducado desde hace más de tres años.

El PP no obviará en su propuesta el hecho de que la actual Ley Orgánica del Poder Judicial incumple las exigencias del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y no respeta tampoco las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de independencia judicial.

Pero también tiene en cuenta que la situación es insostenible, y que la mejor manera de avanzar hacia el cumplimiento de estas exigencias europeas es ejecutar la obligación constitucional de desbloquear el Poder Judicial sin caer en un «tantos para mí y tantos para ti». Ante el bloqueo, el Gobierno de coalición respondió con una reforma legal que suspende los nombramientos en tanto no se renueva el órgano de dirección de los jueces. Las cuatro asociaciones judiciales reclaman que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan a los 12 vocales judiciales, volviendo así al sistema mixto en el que los partidos eligen a los otros ocho vocales.

El Tribunal Constitucional, pendiente

El primer acuerdo entre el Gobierno y el PP de Casado para renovar el Tribunal Constitucional quedó ensombrecido por la imagen de que los dos principales partidos sí caían una vez más en la dinámica del «yo pongo a los míos, y tú, a los tuyos». Ahora, al Gobierno le urge la renovación del Poder Judicial porque puede condicionar también la que falta por ejecutarse en junio en el Tribunal Constitucional, y que supondrá, de concretarse, el cambio de las mayorías para inclinar la balanza del lado progresista. El Alto Tribunal debe renovar a cuatro de sus miembros, de los que dos corresponden al Gobierno y los otros dos al CGPJ. Pero el problema es la reforma de marzo de 2021, que impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos, y que de aplicarse a este asunto impediría la renovación del órgano de garantías. Esta renovación no es un tema únicamente institucional, sino de gran trascendencia política, porque aseguraría en junio una mayoría progresista, y gran parte de la gestión de Pedro Sánchez ha sido recurrida por la oposición del PP y Vox.

La experiencia de la nueva dirección popular está revirtiendo en una mayor habilidad para hacer oposición sin dar pie a que el Gobierno pueda sostener sin más el argumento de que PP y Vox son lo mismo y están en la misma trinchera. Feijóo quiere jugar la carta de una oposición de partido de gobierno, y la puesta en escena seguirá midiéndose en estos términos. La dirección popular maneja como principal hipótesis de trabajo la idea de que la Legislatura está ya en una fase agonizante.

En su disposición al pacto el PP no puede pasar por alto las consecuencias del «caso Pegasus» y las nuevas cesiones del Gobierno al independentismo para garantizarse una precaria estabilidad parlamentaria. Para el PSOE, este contexto no es la mejor carta de presentación en las andaluzas.