El juez abre diligencias por el espionaje a Sánchez al ver indicios de revelación de secretos

El espionaje al móvil del presidente se produjo el 19 de mayo del pasado año, en plena oleada migratoria en Ceuta, y el 31 de mayo, cuando un juez abrió diligencias por el “caso Ghali”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Día de la Fiesta Nacional del pasado año
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Día de la Fiesta Nacional del pasado año FOTO: Eduardo Parra Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ve indicios de la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos en el espionaje a Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles mediante el acceso a sus móviles a través de Pegasus en mayo y junio de 2021.

Así lo pone de manifiesto en una resolución en la que acuerda la apertura de diligencias previas y en la que pregunta a la Fiscalía qué diligencias de investigación deben llevarse a cabo para determinar “la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado”.

En ese auto el instructor pone de relieve que los informes aportados por la Abogacía del Estado en su denuncia señalan que el espionaje al móvil de Sánchez se produjo el 19 de mayo de 2021, en plena oleada migratoria en Ceuta a consecuencia de la acogida española a Brahim Ghali a espaldas de Rabat, y el 31 de mayo de ese mismo año, cuando el juez de Zaragoza Rafael Lasala abrió diligencias para investigar una posible prevaricación y falsedad documental en la llegada del líder del Frente Polisario a nuestro país. Una investigación por la que sigue imputada a día de hoy la exministra de Exteriores Arancha González Laya.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional -que estaba de guardia cuando la Abogacía del Estado denunció ayer los hechos en el tribunal y a quien le ha correspondido el asunto por turno de reparto- explica en ese auto que ese acceso a los móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa podrían tener encaje penal en los delitos que el Código Penal tipifica como de descubrimiento y revelación de secretos, enmarcados en los “delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”.

Avala la competencia de la Audiencia Nacional

El magistrado recuerda que estos accesos ilegítimos a la información contenida en un teléfono móvil afectan a un “espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas, destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma y de datos y circunstancias que pertenecen a la intimidad”.

Para Calama, es “meridianamente claro” que la investigación es competencia de la Audiencia Nacional, al afectar a altos organismos de la nación, como son el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. Una instrucción que, señala, irá encaminada a determinar “la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento”.

En su resolución, el juez acuerda igualmente que la Abogacía del Estado se persone en el procedimiento como acusación particular en representación del Gobierno.

El móvil de Sánchez, infectado el 19 y 31 de mayo de 2021

Dos informes del Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI e incorporados por la Abogacía del Estado a su denuncia ante la Audiencia Nacional, ponen de relieve que el móvil de Pedro Sánchez “fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 y 31 de mayo de 2021)” y que a consecuencia de esa intromisión “se produjo exfiltración de información del dispositivo”, aunque en la actualidad el dispositivo “no presenta indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus”.

El 31 de mayo, precisamente, el juez Rafael Lasala abrió diligencias para investigar la llegada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a España -lo que provocó una grave crisis diplomática con Marruecos y una avalancha migratoria en Ceuta- ante la posible existencia de delitos de prevaricación y falsedad documental. La investigación judicial acarreó posteriormente la imputación de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y de su jefe de gabinete.

En cuanto al terminal de Margarita Robles, se constata que “fue infectado por Pegasus en junio de 2021″, lo que se plasmó igualmente en una apropiación de la información contenida en el mismo, que ahora mismo tampoco presenta signo alguno de infección a través del software espía desarrollado por la empresa israelí NSO.