El escándalo Pegasus desata tensiones en el Gobierno

El escándalo Pegasus ha impactado en el Gobierno en dos vertientes. En un primer momento, con las acusaciones por parte del independentismo al Estado de haber promovido el seguimiento de líderes y activistas catalanes, tal como desvelara Citizen Lab. A esta derivada se unió el lunes otra, esta vez con el Ejecutivo como víctima de intervenciones «externas e ilícitas» en los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles. Desde Moncloa se ha buscado deliberadamente mezclar ambas cuestiones, para intentar desactivar la polémica con sus socios de Esquerra y trasladar que el espionaje trasciende al soberanismo y es una amenaza global, al Estado. La gestión de la polémica también se ha diversificado con dos estrategias diferenciadas, que han desatado una guerra de nervios en el Ejecutivo.

Por un lado, está la enarbolada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se implicó personalmente, viajando a Barcelona el domingo 24 de abril para reunirse con el Govern, con el objetivo de intentar desinflamar la crisis y apostando por la «transparencia», haciendo público el «hackeo» de los móviles del presidente y la ministra de Defensa en una comparecencia el pasado lunes. Por otro lado, está la de la propia Margarita Robles, que se enfrentó a los soberanistas en el Congreso, cerrando filas con el CNI y justificando la investigación a sus líderes. «¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia?», les espetó. Estos dos estilos han entrado también en contradicción en cuanto a la asunción de responsabilidades y la búsqueda de la falla de seguridad que se ha producido en el Ejecutivo. Desde Moncloa se puso el acento en los servicios de inteligencia, abriendo un «control interno» en el caso del presunto espionaje a los soberanistas y dejando en el aire el futuro de la directora del CNI, Paz Esteban, por los pinchazos en los móviles gubernamentales.

Sin embargo, desde Defensa se cierran filas con los servicios de inteligencia, cuya responsable acudirá hoy, pertrechada de las autorizaciones judiciales que justificarían los seguimientos, a la comisión de secretos oficiales y se apunta a los protocolos que operan en el propio Gobierno. «Cada uno tiene que responsabilizarse de lo suyo», señalan fuentes consultadas por este diario. La propia Robles aconsejó, a su llegada ayer a la comparecencia que ofreció en el Congreso, dedicar «un minuto» a comprobar de quién depende la seguridad del móvil de Pedro Sánchez, dejando entrever que no era una atribución del CNI, sino de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, tal como publicó ayer este diario, que debe dar orden explícita a los servicios de inteligencia para profundizar en ese trabajo.

Sin embargo, desde Moncloa puntualizan que las funciones de este departamento, dependiente del Ministerio de Presidencia, son mucho más modestas, limitándose a proporcionar los aparatos –móviles, portátiles y tablets–, gestionar su renovación y la eventual actualización de las aplicaciones. Otra cuestión distinta, que también les atañe, es la que se refiere a la «seguridad del presidente», pero en este caso no se trata de cuestiones telemáticas ni de ciberseguridad, sino de, por ejemplo, la organización de las escoltas. En cuestiones de espionaje, desde el Gabinete remiten al Centro Criptológico Nacional, que es quien marca los protocolos de seguridad, y que viene regulado en el Real Decreto 421/2004, cuyo artículo 2 establece el ámbito de actuación y sus funciones.

Entre ellas, se encarga de «la seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información de la Administración que procesan, almacenan o transmiten información en formato electrónico, que normativamente requieren protección, y que incluyen medios de cifra». También, de la «seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información que procesan, almacenan o transmiten información clasificada», según reza el citado articulado. Desde el Gobierno señalan que no quieren alimentar ningún enfrentamiento, simplemente esclarecer lo que ha ocurrido y, si fuera necesario, avanzar en los cambios que se deriven de estas averiguaciones. «Está claro que se han producido errores», reconoció ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una entrevista en «Más de Uno» de Onda Cero.

Desde el ala de Unidas Podemos en el Gobierno tampoco contribuyen a apaciguar las tensiones. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, insistió ayer en la petición de «responsabilidades políticas urgentemente», señalando al CNI, en lo relativo al presunto espionaje a dirigentes independentistas. «Lo que sabemos ahora mismo fehacientemente, porque así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa, es que parte del espionaje a los líderes catalanes, a representantes públicos, proviene del propio CNI», destacó.

Belarra incidió en que el «espionaje masivo» a representantes públicos «no tiene cabida» y «no es compatible con el Estado Derecho» y, más allá de eso, avanzó que lo que más le preocupa es que el Gobierno «sea capaz de restablecer la confianza de la ciudadanía», algo que le parece «lo más importante». En la misma línea y desde la misma comisión de Defensa, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, apuntó a la dimisión de la ministra. «Señora Robles, yo creo que usted sabe lo que tiene que hacer, no solo por su dignidad, sino también por la dignidad del Gobierno», dijo