Cataluña

Sánchez se reunirá con Aragonès para salvar el apoyo independentista

El Gobierno accede al gesto que pide la Generalitat, porque «hay que resolver la situación» con ERC para evitar que la legislatura entre en punto muerto

La relación de desconfianza entre el Gobierno y la Generalitat pasa por su peor momento
La relación de desconfianza entre el Gobierno y la Generalitat pasa por su peor momento FOTO: Joan Mateu Parra AP

El Gobierno infravaloró en su inicio el impacto de la polémica por las escuchas a líderes y activistas catalanes. Una polémica que ha ido creciendo como una bola de nieve a medida que se iban añadiendo elementos. Si hace escasos días, Esquerra retiraba el apoyo al Ejecutivo en el decreto de las medidas anticrisis para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, esta semana se cierra con una amenaza cierta de que la legislatura entre en punto muerto. La relación entre Estado y Generalitat se está «degradando».

La comparecencia de la directora del CNI el jueves en el Congreso, que desde Moncloa se había ideado como una oportunidad para reconducir la crítica situación con sus socios, acabó por dinamitar toda su estrategia de apaciguamiento, al reconocer Paz Esteban que entre los 18 líderes objeto de seguimiento estaba Pere Aragonès, durante su etapa de vicepresidente de la Generalitat.

En un primer momento, desde el Gobierno reaccionaron con cautela, asegurando que a Moncloa no se le podía «imputar nada», porque el Ejecutivo «ni podía ni debía saber» el alcance de estas escuchas que, en todo caso, fueron autorizadas por el Tribunal Supremo. Sin embargo, la preocupación ha ido en aumento en las últimas horas y el propio Sánchez ha optado por dar un paso adelante para intentar reconducir el conflicto. El presidente accedió ayer a una de las peticiones que desde el independentismo llevaban días elevando: una interlocución directa Estado-Generalitat. Según fuentes gubernamentales, el presidente trasladó a su homólogo catalán la necesidad de «resolver la situación», por lo que se emplazaron a «concretar una reunión».

Por el momento, no hay fecha para este encuentro, solo la vocación de que se produzca y el objetivo de encauzar la relación «por el bien de los catalanes». Pero también del Gobierno que ve, a escasos 20 meses para agotar la legislatura, que sus apoyos se diluyen. Al adverso escenario económico e incierto contexto geopolítico por el conflicto bélico en Ucrania se suma la precaria mayoría que sostiene a Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde tiene que impulsar su agenda legislativa para tener opciones de revalidar La Moncloa.

Aunque en el Gobierno mantienen su apuesta por reconducir la situación con sus socios, también advierten ya de que la legislatura ha seguido avanzando sin el concurso de ERC en cuestiones tan trascendentes como las prórrogas del estado de alarma, la reforma laboral o el decreto anticrisis. «No son imprescindibles», recuerdan en Moncloa, para despachar la presión que les genera que Esquerra esté en el «no».

La Generalitat, en cambio, se ha agarrado como un clavo ardiendo al llamado «Catalangate» desde que trascendiera el espionaje independentista, y ha redoblado el pulso con el Gobierno a medida que han ido pasando los días: el Govern de Aragonès ha congelado relaciones con la Moncloa y asegura que la confianza entre ambos está «rota», aunque los republicanos hacen malabares para no dinamitar el diálogo, su apuesta estratégica para la legislatura.

De hecho, ayer mismo y en una entrevista en Catalunya Ràdio, el republicano viró ligeramente y siguió apostando por la negociación con la Moncloa, la primera vez que lo expresa en público estos días: «No les haré el regalo de levantarme de la mesa de diálogo», dijo no sin antes reprochar la actitud del Gobierno. Y aquí es donde entra la exigencia de una reunión urgente entre Aragonès y Sánchez para tratar de esclarecer la polémica, una demanda que el Govern ha puesto sobre la mesa desde el primer momento.

Además de lograr una «minicumbre» cara a cara –una fotografía jugosa para ERC en su particular lucha con Junts, que necesita exhibir ante el independentismo– el Govern reclama que se «asuman responsabilidades» con «dimisiones». Y aquí la Generalitat sigue apuntando hacia la ministra Margarita Robles (Defensa) pese haber sido espiada también con el programa Pegasus.

Por si fuera poco, Aragonès añadió ayer otra exigencia «absolutamente imprescindible»: «Exijo conocer qué magistrado lo autorizó y poder conocer los motivos que llevan a espiar a un responsable político», avisó en la entrevista. Es decir, que se «desclasifique la autorización judicial» desvelada por la directora del CNI. Una nueva carta que el president añade a la partida y que contrasta con la airada reacción de Junts, que ha aprovechado la polémica para presionar a Aragonès y exigirle dinamitar el diálogo.