Denuncian la «farsa» del campo de concentración de Jadraque

El Gobierno destina 3 millones de euros a las comunidades autónomas para actividades relacionadas con la Memoria Democrática, cantidad que se suma a otros tres autorizados el año pasado y que han permitido poner en marcha la primera fase del Plan Cuatrienal de fosas con más de 300 actuaciones. En los últimos 20 años se han abierto en España casi 800 fosas, de las que se han recuperado restos de alrededor de 10.000 personas, según ha contabilizado el Ministerio de Presidencia.

El montante distribuido en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, esos tres millones de euros, tiene como destino tres líneas de actuación. La primera, que dispone de dos millones, incluye trabajos de «localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura».

La segunda y la tercera, de un millón, agrupan actividades de «divulgación de trabajos efectuados y resultados obtenidos» y de «dignificación» de los lugares de enterramiento y «promoción de los lugares de memoria asociados». Además, a partir de ahora, y tras aprobarlo por unanimidad Gobierno estatal y comunidades autónomas, también se podrán utilizar estos fondos en proyectos de conmemoración o investigación sobre la Constitución Española y la Transición Política y sus protagonistas individuales y colectivos, y de dignificación y recuperación de campos de concentración de la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la Dictadura. Estos 3 millones se suman a tres más que se aprobaron en 2021 y que han permitido poner en marcha más de 300 actuaciones, algo más de la mitad vinculadas a acuerdos de la Conferencia y el resto llevadas a cabo por entidades locales.

Pero no faltan las críticas hacia unas ayudas que en opinión de entidades como la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica «han degenerado en la proliferación de chiringuitos y asociaciones a la búsqueda y captura de subvenciones».

En este sentido, denuncian cómo, «una vez más, los chiringuitos de la Memoria Histórica subvencionada con los impuestos de los trabajadores, tratan de imponernos una nueva mentira», esta vez «referente a la localización de un presunto gigantesco campo de concentración en la localidad guadalajareña de Jadraque, algo que, transcurridos ya más de 83 años sin noticia de ello ya no se puede creer nadie».

Según la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, «parece que los manipuladores de la historia han esperado a que ya no haya testigos para contarnos lo que no fue y que nadie pueda rebatirles; así funcionan los apesebrados de la Memoria Histórica, prestos a poner el cazo de las subvenciones y la foto de los medios más radicales».

«Durante varias semanas», aseguran estas fuentes, se le ha dado eco al campo de concentración de Jadraque, pero «todo es burdo y falaz en esa mentira tan fácilmente desvirtuable». «Han sido unos presuntos arqueólogos del CSIC, famosos por su carácter agitador y activistas de izquierdas», afirman, «los que han liderado el proyecto de localización del campo de concentración, movidos por un afán lucrativo, la subvención que les ha otorgado la Secretaría de Estado de Memoria Histórica, ese ente tan polémico como despilfarrador de recursos públicos». Por su parte, «los dos “investigadores” y aficionados locales a la historia que dicen que localizaron los restos son también dos extremistas de izquierda».

Sostienen desde la asociación que «los pseudoarqueólogos se han basado en el libro “Los campos de concentración de Franco”, de Carlos Hernández de Miguel, que fue jefe de prensa del PSOE en la peor época de Zapatero y dejó un reguero de sectarismo». Según Hernández, «hubo un millón de prisioneros republicanos tras la Guerra Civil, dato que es de una falsedad absoluta».

Y lo que «realmente se ha constatado (que no descubierto) en el término municipal de Jadraque», apuntan, «es la existencia de un recinto que tuvo un uso militar durante la contienda» y que, «tras su finalización, estuvo en activo algunas semanas», inciden fuentes citadas por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, usado «como centro temporal de prisioneros de guerra republicanos, alimentados y asistidos sanitariamente por el Ejército nacional, según acredita el envío de médicos militares como Vicente Serrano».

En ese recinto militar se alojaron miles de efectivos de varias divisiones del Ejército franquista (quizá la 73 y la 74) junto con una central de transmisiones, según estas fuentes.

González Ruibal: “No hay beneficio económico alguno”

Por su parte, Alfredo González Ruibal, arqueólogo encargado de las excavaciones en Jadraque, responde a estas declaraciones que “es bien demostrable que soy arqueólogo y que desarrollo mi actividad profesional en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas”. Respecto a que se atribuya su intervención al “afán lucrativo”, argumenta que es “funcionario de carrera” y no obtiene “beneficio económico alguno de la (exigua) subvención”, asegurando que “la financiación se destina a la contratación de dos técnicos por el plazo de un mes y los gastos de manutención y alojamiento del equipo”.

Desmiente además que se trate de una “farsa”, pues “existe una nutrida información documental de la época en la que se menciona este campo de concentración con este término específico, incluido el Boletín Oficial del Estado, y así lo hemos hecho saber en la difusión que realizamos de nuestros trabajos”.

González Ruibal explica que lleva “más de quince años dedicado al estudio arqueológico de la Guerra Civil y el franquismo y mis trabajos se han caracterizado siempre por la máxima rigurosidad, de ahí que gocen del respeto y el reconocimiento de mis pares nacionales e internacionales”.