Podemos se une a los separatistas en una comisión de investigación sobre las “cloacas del Estado”

Pedro Sánchez atraviesa un momento de máxima debilidad y sus socios tampoco parecen dispuestos a dar ningún tipo de tregua. En este sentido, al calor de la crisis desatada por el espionaje, Podemos se ha unido a los grupos independentistas vascos y catalanes (EH-BILDU, CUP, JuntsxCat, PdeCat, BNG, y Compromís) para impulsar una comisión de investigación sobre las “cloacas del Estado”.

En concreto, según exponen los grupos parlamentarios, la comisión de investigación tiene la finalidad de indagar sobre “la vinculación de diversos estamentos oficiales del estado y un entramado mediático, empresarial y ‘parapolicial’, con recursos y armas reservadas a organismos estatales al servicio de intereses espurios al margen del interés general y presuntamente sufragados con fondos reservados”.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha asegurado que hay organismos policiales (en referencia a la Policía Nacional y la Guardia Civil) que se han dedicado a investigar para “destruir pruebas” o “perjudicar a la oposición política” con recursos públicos.

Según figura en el documento de petición de creación, la comisión de investigación tiene como objetivo conocer al detalle la vinculación de la “policía y el entramado mediático” del excomisario Villarejo; investigar la “posible existencia de cualquier trama parapolicial” al margen de la legislación y el control democrático; conocer al detalle las armas y dispositivos a disposición de estamentos policiales “al margen de la ley”, así como conocer el uso dispuesto de las mismas; analizar las actuaciones del Ministerio del Interior en todos estos aspectos; y, proponer las medidas oportunas de “prevención y control” parlamentario de los Servicios Secretos, Interior y Defensa para “imposibilitar la creación de futuras tramas de espionaje irregulares”.

Los grupos impulsores recuerdan las conclusiones de la comisión de investigación de 2017 desarrollada en el Congreso, donde quedó “acreditado” la existencia de un “sistema institucionalizado” y “al margen de la ley” y sufragado con dinero público para perseguir con “métodos mafiosos” a la disidencia política. También recogen las conclusiones de la comisión de investigación sobre “Kitchen”, que concluyó que el Gobierno sustrajo pruebas que incriminasen a sus dirigentes sobre presuntas tramas corruptas investigadas en sede judicial.