La Fiscalía investigará si Rufián reveló secretos del CNI

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha abierto diligencias para investigar la denuncia por revelación de secretos que presentó Manos Limpias contra Gabriel Rufián por sus declaraciones el pasado día 5 tras la comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban.

La decisión la ha tomado el fiscal de Sala de lo Penal Javier Huete en un decreto del pasado jueves, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que acuerda que sea el fiscal Antonio Pablo Rives quien se haga cargo de la instrucción con el objetivo de practicar “las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho”.

Ciudadanos también denunció al diputado independentista, en su caso ante la Fiscalía General del Estado, por revelación de secretos, entre otras manifestaciones por asegurar que “solo una parte de los dirigentes independentistas espiados lo fueron por los servicios de inteligencia, siempre bajo autorización judicial”.

Tras la comparecencia de la responsable del CNI para informar del “caso Pegasus” -el espionaje a miembros del Gobierno y a líderes independentistas a través del programa espía israelí, que finalmente le ha costado el puesto-, Rufián aseguró en declaraciones a TV3 que las escuchas y las infecciones con “Pegasus” -entre otros al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles- a los que no pinchó el CNI “tenían dos posibles nombres, una nación extranjera o elementos descontrolados de la seguridad del Estado”.

El diputado de ERC matizó en Twitter

Más tarde, el diputado de ERC matizó en su cuenta de Twitter que esas palabras eran “una interpretación suya”. Según el colectivo de funcionarios se trató de una “coartada” ante el “revuelo levantado” por sus declaraciones y con el propósito de “desmarcarse de la revelación que hizo vulnerando ante los medios el secreto profesional”.

Para el colectivo denunciante, Rufián cometió un delito de revelación de secretos que ha causado un “grave” daño a los intereses públicos. Según expone en el escrito, sus palabras supusieron un “perjuicio” tanto para el CNI como para los ministerios de Interior y Defensa y las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus miembros.

El artículo 147 del Código Penal castiga con una pena de multa de doce a 18 meses y con la inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años a “la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de las que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”.

En el caso de que se cause un “grave daño” para la causa pública o para terceros, la pena prevista se endurece y se sitúa en uno a tres años de prisión y en la inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a cinco años.