Anticorrupción archiva la investigación por la construcción del AVE a la Meca

La Fiscalía Anticorrupción ha acordado el archivo de la investigación por el pago de comisiones millonarias tras la adjudicación del AVE a La Meca por un consorcio empresarial español. El Ministerio Público no ha conseguido acreditar que haya existido delito en los pagos, y las pesquisas que se han alargado desde 2018 terminan sin la interposición de una querella. El germen de este procedimiento fueron las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo en las que la empresaria Corinna Larsen aseguraba que el Rey Juan Carlos I había cobrado a cambio de intermediar en la construcción del tren. Este fue el hilo que los fiscales siguieron también para abrir la primera de las causas contra el exjefe del Estado que, de igual forma, terminó archivándose el pasado 2 de marzo.

Anticorrupción estaba esperando desde hace meses una comisión rogatoria de Arabia Saudí para acreditar si se había producido cohecho internacional y, como avanzó LA RAZÓN, los fiscales mantuvieron viva esta causa que iba contra empresarios españoles a pesar de que la investigación contra el Rey había muerto. El país árabe respondió hace unas semanas con una negativa y para el fiscal Luis Pastor los indicios recabados «son claramente insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios y que, por lo tanto, no permiten construir, siquiera sea provisionalmente, una tesis inculpatoria que descarte otras alternativas igualmente lógicas a dicha tesis».

En 2018 y tras el escándalo de los audios de Villarejo -en los que Larsen decía que para que el consorcio hispanoárabe se hubiera adjudicado el contrato de más de 6.000 millones de euros hubo que pagar comisiones ilegales- la Audiencia Nacional abrió una pieza separada en el caso del comisario (”Tándem”). Esa línea de investigación terminó archivada, pero el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, Alejandro Luzón, quiso que se dedujera testimonio para que ellos indagaran más en el secreto de las paredes del Ministerio Público. Así, se terminó “desgajando”, recuerdan estas fuentes la parte que afectaba al Rey Juan Carlos de la que estaba vinculada con empresarios.

La Fiscalía buscaba saber si se produjeron pagos dirigidos a sobornar a funcionarios o autoridades locales y, entre ellos, hay algunos nombres propios como la lobista iraní Shahpari Zanganeh. Ésta firmó un contrato de consultoría con las empresas españolas que firmaron el consorcio por el que se presupuestó una cantidad equivalente al 2% del valor contractual del proyecto.

La propuesta española era casi un 30% más barata que la segunda mejor oferta y el rey Abdullah de Arabia Saudí se decantó por este consorcio frente a la rival francesa, culminando un proceso de más de cinco años que habían llevado en primera persona Don Juan Carlos del lado español y Nicolás Zarkozy del francés. El consorcio hispanoárabe se bautizó como Al Shoula y ganó, nada menos, que una infraestructura de unos 450 kilómetros que conectaba las dos ciudades más importantes del Islam. El contrato con todos sus ceros incluía la fabricación del material rodante, la construcción de la superestructura, la operación y el mantenimiento durante 12 años. Un proyecto que se vendió como el buque insignia de la ingeniería española en el extranjero.

En la conversación se escucha cómo Larsen habla del pago de comisiones “para el tren” y refieren 80 millones de euros que las empresas pagaron a “la mujer de K”. Ella presuntamente entregó la mitad a un empresario español y, todo o una parte (no se aclara en la conversación) terminó en manos del Rey de España.

El decreto de archivo de la causa -al que ha tenido acceso este periódico- detalla lo que se ha realizado en estos meses. Se entrevistaron con la empresaria alemana en septiembre de 2019, las autoridades británicas remitieron un total de 192 contratos; se ha analizado documentación de distintas empresas españolas; se reunieron con el fiscal suizo Yves Bertossa que paralelamente también estaba investigando, se tomó declaración a diferentes testigos en la sede de Anticorrupción, etc.

El talón de Aquiles de las diligencias ha quedado en la comisión rogatoria a Arabia Saudí. El 25 de febrero de 2021 se envió esta petición de información y, después de varios intento por parte del Ministerio Público, el reino saudí contestó el pasado 4 de abril de 2021, más de un año después. La respuesta fue decepcionante para los investigadores: no iban a facilitar los datos requeridos y aclaraban que “no se han encontrado transacciones derivadas de actividades sospechosas”. Así, el archivo cierra cualquier resquicio de investigación que quedara sobre la figura del anterior Rey. No estaba investigado, ni nada de lo que aquí se dirimía tenía que ver con él porque eso se cerró ya, pero los hechos se enmarcaban en el entorno de Juan Carlos I.