El efecto de la «doctrina Atristain» alerta a las víctimas

La Fiscalía no prevé recurrir la absolución de Gorka Palacios, la Audiencia absuelve a «Gadafi» y el Supremo debe resolver el recurso de la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal

El histórico exdirigente de ETA, Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, durante su juicio en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) por el crimen de cinco disparos por la espalda de un guardia civil en Bilbao el 31 de enero de 1991
El histórico exdirigente de ETA, Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, durante su juicio en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) por el crimen de cinco disparos por la espalda de un guardia civil en Bilbao el 31 de enero de 1991 FOTO: Emilio Naranjo EFE

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de cuestionar la justificación judicial del régimen de aislamiento aplicado al etarra Xabier Atristain –que le impidió designar a un abogado de su confianza– ya se ha plasmado en dos sentencias de la Audiencia Nacional. La última, ayer mismo, supuso la absolución del exdirigente de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi», que se había sentado en el banquillo por su supuesta responsabilidad en el asesinato del ex guardia civil Francisco Díaz de Cerio, a quienes los terroristas descerrajaron cinco disparos a bocajarro el 31 de enero de 1991 en Bilbao, uno de los 379 asesinatos de ETA sin resolver.

Pero antes de que Estrasburgo rechazase la pretensión de España de que se revisara esa sentencia, la Audiencia Nacional ya había esgrimido el pasado marzo la «doctrina Atristain» en otra absolución, la del etarra Gorka Palacios.

En esta resolución –de la que como en el caso de «Gadafi» fue ponente el magistrado José Ricardo de Prada– la Sala absolvió a Palacios (juzgado por un atentado con coche-bomba en la madrileña calle Goya en 2001) al considerar que las declaraciones policiales de dos etarras que le inculpaban –Ana Belén Egüés y Aitor García Aliaga–, prestadas cuando ambos estaban sometidos al régimen de incomunicación, se realizaron «en un espacio de restricción agravada de derechos fundamentales».

Esa sentencia será muy pronto firme porque, según ha podido saber LA RAZÓN, aunque en un primer momento la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que la recurriría en casación, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido finalmente no interponer ese recurso. La otra acusación, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), tampoco lo hará.

Además, la última jefa de ETA, Iratxe Sorzabal –condenada a 24 años de prisión por dos atentados con coche-bomba en Gijón en 1996– ya ha puesto sobre la mesa la sentencia de Estrasburgo del «caso Atristain» en el recurso que ha presentado en el Supremo.

A la espera de las alegaciones de la Fiscalía (la AVT ya se ha opuesto a que se anule la condena), será el alto tribunal el que se pronuncie ahora sobre esa doctrina. Una jurisprudencia que aunque deberá aplicarse caso a caso (los etarras deben haber alegado antes en sus recursos en España esa imposibilidad de contar con un abogado de confianza en sus declaraciones y el plazo para acudir al TEDH expira a los cuatro meses de haber agotado la vía jurisdiccional nacional), ya ha avivado la intranquilidad de las víctimas del terrorismo.

Todavía con los efectos de la derogación de la «doctrina Parot» (que supuso la excarcelación de decenas de terroristas tras anular Estrasburgo el cómputo de los beneficios penitenciarios establecido por el Supremo en 2006 ) muy presente, las asociaciones de víctimas temen que el alcance jurídico de esa resolución vaya finalmente más allá del «caso Atristain».

Así, desde la AVT subrayan que llevan meses alertando de las «graves consecuencias que tendría la sentencia del TEDH sobre la incomunicación cuando fuera firme».

Fuentes de la asociación que preside Maite Araluce destacan que el Ministerio de Justicia les explicó que la sentencia «afecta única y exclusivamente al etarra Atristain y que en ningún caso cabría una aplicación generalizada y de oficio a otros etarras, tal y como ahora está pidiendo Sortu».

Sin embargo, reconocen que les «preocupa la aplicación que se haga de ella, a partir de ahora, por parte de los jueces de la Audiencia Nacional en los nuevos juicios contra etarras». Los abogados de la AVT, afirman esas mismas fuentes, ya están estudiando los argumentos jurídicos que esgrimirán en sus juicios para limitar al máximo los efectos de esta sentencia.

Portero: «Es esperpéntico»

Por su parte, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, califica de «esperpéntica la situación que ha creado de nuevo el Tribunal de Estrasburgo a la Justicia española».

Para el hijo del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, asesinado por los terroristas, «van a utilizar, como siempre, la puerta trasera sin que el TEDH haya estudiado mucho más a fondo el porqué de la incomunicación de los terroristas de ETA». Y, destaca que la medida «tenía su explicación, y me extraña que en otros países no se hubiera producido casos similares». «¿Qué pasa, que España es una isla?», se pregunta Portero, quien reprocha a Estrasburgo que trate a las víctimas «con la punta del pie», algo que considera «tremendamente injusto».

También el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) insiste en que la sentencia del TEDH sobre el «caso Atristain» no puede aplicarse «a la práctica totalidad» de los etarras presos en España, como exige Sortu, y recuerda que la única vía es la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. «Confío en que esos recursos no prosperarán», afirma Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite.

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cataluña (Acvot), su presidente, José Vargas tilda lo ocurrido como «una cacicada más de este tribunal». «Estamos acostumbrados a que, en la mayoría de ocasiones, siempre favorecen a los asesinos terroristas y denigran y humillan a las víctimas; seguimos la línea de la derogación de la doctrina Parot». «Cualquier pronunciamiento que haga de un terrorista –lamenta el presidente de Acvot– siempre será a su favor».

Vargas se lamenta de que a las víctimas les haya costado «más de tres años que este mismo tribunal falle a favor de que no prescriban los asesinatos de ETA». «Estamos en una España al revés», denuncia.