El juez del “caso mascarillas” cita como testigo a la coordinadora de la alcaldía de Madrid

El juez Adolfo Carretero a cargo del “caso mascarillas” ha acordado citar a una persona más para esclarecer cómo llegó la oferta de material sanitario de Luis Medina y Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid. Esta vez se trata de la coordinadora general de la Alcaldía, Matilde García Duarte, que fue señalada la semana pasada por el primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida como la persona que le proporcionó el correo para que los investigados ofrecieran el material por el que terminaron cobrando comisiones millonarias.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 explica que “resulta pertinente y útil” para la investigación escuchar a García Duarte para arrojar luz a todo lo relativo al correo “genérico” en el que supuestamente Medina remitió la oferta. El juez deja en el aire el día a la espera de que el Ayuntamiento conteste cuál era el mail en el que se recibieron todas las propuestas durante la pandemia. Un requerimiento que ya hizo la semana pasada y que el consistorio tiene pendiente resolver. La petición había partido de Podemos y Más Madrid que ejercen de acusación popular en el procedimiento.

Por el momento, la siguiente de las declaraciones que va a producirse será el próximo viernes cuando la responsable de compras del Ayuntamiento, Elena Collado, cuente al magistrado su versión sobre cómo se produjo la estafa. Collado ya aclaró en la Fiscalía Anticorrupción que ella pensó que Medina y Luceño actuaban con fines altruistas y que se dio cuenta del fraude una vez recibieron los guantes de mala calidad y los test Covid-19 inservibles.

También pendiente está el informe que la Policía está realizando sobre los documentos provenientes de Malasia y que hacen a los dos investigados “agentes exclusivos” de la empresa asiática. Anticorrupción cree que fueron falsificados.

Las acusaciones populares estaban llevando una línea paralela a la del fiscal Luis Rodríguez Sol en el esclarecimiento de los hechos. Los grupos políticos personados buscan saber si hubo un mal proceder por parte de los funcionarios del Ayuntamiento, mientras que el Ministerio Público está más centrado en los delitos que imputa a Medina y Luceño que son estafa, blanqueo de capitales y falsificación documental.