El Gobierno hace cesiones a PP y Ciudadanos, aunque sigue sin apoyos para salvar los planes de pensiones

La debilidad parlamentaria del Gobierno se está expresando en muchos ámbitos. Uno de ellos está siendo en el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá y que tiene ante sí el reto de aprobar la reforma de las pensiones de empleo antes del 30 de junio, tal y como se comprometió con Bruselas. A falta de poco más de un mes, sigue sin tener los apoyos garantizados, aunque sí ha avanzado en las negociaciones al ceder ante PP y Ciudadanos con rebajas en el impuesto de Sociedades. Este mismo jueves ha concluido la fase de ponencia sin ningún acuerdo, pero, pocas horas más tardes, el Gobierno ha trasladado a ambos grupos parlamentarios la aceptación de algunas de sus exigencias.

A tenor de lo expresado hasta ahora por parte de los socios de investidura, parece muy difícil que Escrivá pueda apoyarse en Esquerra y EH Bildu. Tanto los independentistas catalanes como los vascos apoyaron la enmienda a la totalidad del BNG en la primera votación en el Congreso (también Más País, CUP y Compromís). En Podemos también genera descontento esta iniciativa tal y como está elaborada por Escrivá, pero se antoja mucho más difícil su voto en contra.

En este contexto, Escrivá está recurriendo a Ciudadanos, PNV y PP. La diputada de Ciudadanos que gestiona esta materia, María Muñoz, trasladó al Gobierno las dos exigencias del partido para votar a favor y ambas han sido aceptadas. Por un lado, los incentivos fiscales. Y, por otro lado, una mejora en la gobernanza del macrofondo (Escrivá prevé que esté dotado con 120.000 millones de euros en diez años), “despolitizando la gestión del fondo”: los naranjas reclaman suprimir la capacidad de veto que tiene ahora otorgada el Gobierno para marcar la política de inversión y que la hoja de ruta se diseñe para cinco años (ahora son tres) para escapar a los vaivenes que pueden generar los cambios de gobierno.

El PNV tampoco rechazó la Ley del Gobierno en primera votación y defienden el modelo porque, precisamente, en el País Vasco es donde mayor éxito están teniendo en España. No obstante, también precisan que, de momento, no se ha llegado a ningún acuerdo ya que ninguna de sus enmiendas se ha podido introducir en el texto. Los nacionalistas vascos podrían convertirse en otro de los apoyos del Gobierno.

El Gobierno también ha contactado con el PP para tratar de salvar la Ley y ha aceptado ya algunas enmiendas, la más destacada es la relativa al Impuesto de Sociedades, que permite a las empresas deducirse una cuota del 10%. No obstante, Tomás Cabezón, diputado del PP que gestiona esta carpeta, también exige que se acepte otra enmienda, que es permitir que aquellos trabajadores que no estén adscritos entre 2022 y 2026 a un plan de empleo, puedan hacer mayores aportaciones a los planes de pensiones individuales (menos incentivados fiscalmente con el actual Gobierno para fomentar los planes de empleo). Fuentes del PP advierten que la mayoría de sus enmiendas han sido vetadas y, por ello, se mantienen en una posición de rechazo a la Ley.

De esta manera, sin el apoyo del PP ni de Ciudadanos garantizados, el Gobierno está obligado a continuar negociando para tratar de salvar una Ley importante para el Gobierno ya que, sin ella, los fondos europeos pueden correr peligro.

Los fondos de pensiones de empleo (proporcionados por las empresas) son el segundo pilar del sistema de pensiones y, hasta ahora, han estado muy poco utilizados (apenas dos millones de empleados en España), algo que el Gobierno quiere modificar a costa del tercer pilar, que son los planes de pensiones individuales. El objetivo del Gobierno es que los planes de empleo lleguen a los 10 millones de empleados. El primer pilar son las pensiones públicas.