El Gobierno indulta a la expresidenta de Infancia Libre, pese a no mostrar arrepentimiento por secuestrar a su hijo

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha concedido el indulto parcial a María Sevilla Sánchez, expresidenta de Infancia Libre, que había sido condenada a una pena de cárcel de dos años y cuatro meses por un delito de sustracción de menores. Una decisión tomada en el Consejo de Ministros de este martes y que, según aparece reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se produce a propuesta de la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Así, “atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente”, el Ejecutivo concluye que existen “razones de justicia y equidad” para “conmutar a doña María Sevilla Sánchez la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, y conmutar la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por ciento ochenta días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto.

Hay que recordar que la expresidenta de Infancia Libre retuvo al menor y ocultó su paradero al padre durante dos años. Asimismo, acusó a su expareja de haber abusado sexualmente del niño, pero sus denuncias no prosperaron por falta de pruebas. María Sevilla fue detenida en marzo de 2019 en Villar de Cañas (Cuenca), donde se había escondido junto a otro de sus hijos. Las persianas de la casa siempre estaban bajadas y apenas sacaba a los niños fuera para que les diera un poco el sol. Ambos menores estaban sin vacunar, desnutridos y sin escolarizar,ya que era la madre quien se encargaba de darles la lección y enseñarles pasajes de la Biblia.

El calvario del padre

Los niños se encontraban en unas condiciones deplorables, según comprobaron los agentes de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Plaza Castilla que irrumpieron en la finca para proceder a su detención.

Rafael Marcos sufrió lo indecible durante el cautiverio de su hijo, ya que no solo tuvo que hacer frente al secuestro del menor sino que se vio envuelto en una vorágine de denuncias falsas contra él, que finalmente fueron desestimadas ante la falta de pruebas. Juicios, abogados, la angustia de no saber dónde está tu hijo o si volverás a verle... todo ese calvario terminó en octubre de 2020 cuando el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid condenaba a María Sevilla a dos años y cuatro meses de prisión: “Lo único que me importa es que pague por el daño que ha hecho a mi hijo. Creo que se ha hecho justicia”.

Ahora, el Ejecutivo ha decidido “conmutar la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por ciento ochenta días de trabajos en beneficio de la comunidad”. Una decisión que ha provocadola indignación de Rafael Ramos: “No les importa joderle la vida a mi hijo”.En este sentido, la Fiscalía se mostraba a principios de mayo a favor de rebajar la pena y fijarla “exclusivamente” en dos años de prisión “para no perjudicar las relaciones materno-filiales” con su otra hija, además de destacar que se trata del primer delito por el que era condenada.

Indulto sin arrepentimiento

Sin embargo, en su alegato, el Ministerio Público hace hincapié en algo muy importante: la falta de un arrepentimiento “expreso y claro” de la condenada por su comportamiento y los perjuicios ocasionados al menor y al padre del mismo, “al privarles de la posibilidad de relacionarse durante un prolongado periodo de tiempo”.

Y, si bien es cierto que existe un “acatamiento de la legalidad conculcada”, la Fiscalía manifestó que no era suficiente para otorgarle el indulto total. “Su contumacia en impedir la relación entre padre e hijo, y en desoír las resoluciones judiciales dictadas que la obligaban a facilitar y reestablecer dicha relación”, era, a su juicio, “merecedora de sanción”.

Caso “Juana Rivas”

El indulto parcial a María Sevilla ha hecho resurgirla polémica suscitada tras la concesión de esta medida de gracia a Juana Rivas en noviembre de 2021. En esa ocasión, el Ejecutivo le concedió también el indulto parcial, lo que implicaba unarebaja a la mitad de la pena de cárcel y la dejaba en un año y tres meses. Asimismo, eliminaba la prohibición de cuatro años para el ejercicio de la patria potestad y la conmutabapor 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Sobra decir que el Gobierno ha seguido el mismo patrón en ambos casos. Y si ahora la falta de arrepentimiento suponía un escollo, resuelto sin mayor problema, entonces el Tribunal Supremo fue quien puso contra las cuerdas al Ejecutivo. Hay que recordar que en noviembre de 2021, el Tribunal Supremo se oponía a la concesión de un indulto total a Juana Rivas, condenada en 2018 a dos años y seis meses de cárcel porsustracción de sus dos hijos menores de edad. El debate fue intenso en el seno de la Sala de lo Penal que quedó totalmente dividida en cuanto a una medida de gracia parcial con ocho magistrados a favor y ocho en contra. Por ello, el tribunal decidió enviar un informe al Gobierno, que era quien decidía en última instancia... y esa decisión final ya es por todas sabida.