El PP condiciona la renovación del Poder Judicial a un acuerdo en el Tribunal Constitucional

El Tribunal Supremo ha puesto coto al PP y el PSOE para repartirse cargos de órganos como la Agencia Española de Protección de Datos cuyo proceso, según dicta la ley, debe producirse en condiciones de igualdad para todos los solicitantes. No fue así porque se anunciaron los nombres pactados, antes incluso de que oficialmente se publicitara la vacante. Los magistrados anulan la designación de la presidenta y el “número dos” definitivamente, pues ya hace dos meses el proceso se había suspendido cautelarmente por orden de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. El acuerdo del Consejo de Ministros que ratificó los nombres estuvo “viciado de raíz”, expone la sentencia.

El candidato Leonardo Cervera Navas (actual número 2 del supervisor de protección de datos europeo) consideraba vulnerado su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad después de que Gobierno y oposición anunciaran los nombres de los elegidos un mes antes de que el BOE pusiera en marcha el procedimiento de su elección. La situación era tan evidente que la propia Abogacía del Estado -que está a los servicios del Ejecutivo- asumió la tesis de los afectados. Tampoco la Fiscalía se opuso.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado José Luis Requero, señala que “la vigente normativa regula un procedimiento de selección concurrencial, público y transparente”, que choca con lo que sucedió. El 21 de octubre se hicieron públicos los nombres pactados para los distintos órganos constitucionales y, entre ellos, se supo que los candidatos para la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia de Protección de Datos eran Belén Cardona Rubert y Francisco Borja Adsuara.