La revisión de los indultos del «procés»: 54 recursos pendientes de resolver uno a uno

Si el Gobierno esperaba una resolución exprés de los recursos que cuestionan los indultos a los nueve condenados a prisión por el «procés» –con Oriol Junqueras a la cabeza–, la realidad procesal apunta a todo lo contrario. Y es que los plazos legales por los que se rige el procedimiento pueden hacer que la resolución de los 54 recursos que han pasado el corte de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal se demore varias semanas e incluso meses. De hecho, fuentes del Supremo constatan que «esto no ha hecho más que empezar» y que «hay mucho recorrido» por delante en la tramitación.

Lo cierto es que los magistrados de la Sección Quinta tienen previsto resolver uno a uno los 54 recursos contra la medida de gracia (nueve, tantos como indultados, por cada uno de los seis recurrentes). Y es que los cinco integrantes de la sección sólo se pusieron de acuerdo el pasado martes en una cosa: en la improcedencia de los recursos presentados por la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén. Sobre el resto (los de PP, Vox, Ciudadanos, el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo y los que impulsaron tres diputados del PP en el Parlament y Convivencia Cívica Catalana) deberá pronunciarse la Sala, en principio de forma individual, salvo que se acuerde la acumulación de los mismos, una posibilidad que sí aceleraría la resolución de los mismos.

Las ponencias se repartirán entre los magistrados en función del orden de entrada de los recursos en el tribunal, por lo que cada uno deberá resolver varios. Antes, el Tribunal Supremo tiene que escuchar los argumentos del Gobierno, que se plasmarán en las alegaciones de la Abogacía del Estado. Tendrá 15 días para contestar a las demandas de los recurrentes. Pero en todo caso ese plazo no empieza a contar hasta que la Sala notifique a las partes su reciente decisión de tramitar los recursos, rectificando la que adoptó (con una composición distinta) en enero cercenando esa revisión de los indultos por falta de legitimidad de los partidos y asociaciones que discutieron la medida de gracia, en quienes no apreció interés directo en el asunto.

Razones de utilidad pública, a examen

La notificación del fallo, y de los dos votos particulares de los magistrados que defienden que los recursos no debieron tramitarse por falta de legitimidad activa, se llevará a cabo a finales de la próxima semana, según las fuentes consultadas.

Será, por tanto, desde entonces cuando los Servicios Jurídicos del Estado puedan aportar su panoplia de argumentos a favor de los indultos parciales del Gobierno a los nueve líderes independentistas condenados a prisión por el «procés». Una decisión que tomó con el criterio en contra tanto del Tribunal Supremo como de la Fiscalía.

Dado el escaso margen de maniobra de la Sala ante el carácter discrecional de los indultos, los magistrados deberán centrarse en examinar si se dan las razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifican la medida de gracia. El Gobierno de Pedro Sánchez se acogió precisamente a razones de utilidad pública al esgrimir que mantenerlos en prisión suponía «un claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado» y «un escollo para la superación del conflicto».

Posibilidad de llevarlo a Pleno

Otra de las posibilidades es que el asunto termine avocado al Pleno de la Sala Tercera, integrada por más de una treintena de magistrados (en la actualidad hay ocho vacantes por la imposibilidad del CGPJ de hacer nombramientos en funciones). Algo que está en manos del presidente de la Sala, César Tolosa, o de la decisión de la mitad de magistrados que la componen. De ser así, todos ellos decidirían sobre los indultos.

Una vez presente las alegaciones la Abogacía del Estado en defensa de los indultos, se abrirá un periodo de prueba de un mes (un procedimiento que en función de la que se practique puede demorar este trámite más allá del parón estival). El alcance de la admisión de la prueba propuesta por los recurrentes será determinante en este sentido. Por ejemplo, Cs ha solicitado que el Ministerio de Justicia acreditase que nunca en la historia de la democracia se ha concedido un indulto por razones de utilidad pública y, si no es así, que informase de esos supuestos.

Si el tribunal no considera esencial recabar alguna de las pruebas propuestas, la tramitación se acelerará, al igual que si la Sala optase por obviar el trámite de conclusiones por escrito (lo que, según fuentes de la Sala Tercera, no sucederá).