González Laya admite ahora que volvería a acoger al líder polisario, pese a la grave crisis abierta con Marruecos

La investigación por la entrada en nuestro país, el 18 de abril de 2021, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali,cerró este jueves su último capítulo. La Audiencia Provincial de la capital aragonesa archivaba el denominado “caso Ghali” y evitaba así que la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya se siente en el banquillo para explicar las circunstancias que rodearon la llegada del líder polisario a nuestro país para ser tratado de una grave neumonía provocada por la Covid.

Este hecho desembocó en una grave crisis diplomática y migratoria con Marruecos, a la que hay que sumar el cese de González Laya, quien este mismo viernes, tras saber ya que ha sido exculpada, reconocía que no tendría reparos en volver a hacerlo por una cuestión humanitaria. “Claro que volvería hacerlo porque eso es el ADN de nuestra sociedad española, una tradición humanitaria en este caso como en tantos otros”, replicaba la exministra en una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero.

El tribunal, presidido por el magistrado José Luis Ramo, concluye que “no existen indicios que soporten la conclusión” de que la entonces ministra “conocía la existencia de un interés judicial” respecto al líder polisario. Asimismo, determina que la crisis migratoria provocada por Marruecos en Ceuta por la entrada de Ghali es irrelevante a efectos penales pues forma parte, en su caso, “de las malas consecuencias derivadas de lo llevado a cabo por el Reino de España respecto del sr. Ghali pero nada más allá”. Consecuencias que sólo fueron solventadas tras el sorprendente giro de 180 grados del Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental.

En definitiva, mantiene quela decisión de acoger al líder polisario fue un “acto político o de gobierno” relacionado “con la seguridad exterior de nuestro país”. En este punto, la exministra González Laya ha insistido en la idea de que una decisión política de este calibre “no se debió dirimir en sede judicial, sino en el Parlamento”. A su juicio, lo único para lo que ha servido todo esto es para “enfangar una decisión estrictamente humanitaria”, que ha provocado un daño irreversible a la reputación de los diplomáticos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal médico. Por todo ello, celebra que se haya cerrado una causa que “nunca se debió abrir”. Y así se reafirmaba, horas después en sus redes sociales.

Ante la posibilidad de que Marruecos estuviese detrás de la causa abierta contra ella y el supuesto espionaje de su móvil por aquellas fechas, González Laya se ha mostrado cauta y no ha querido hacer conjeturas. Pero ha insistido en los peligros de “politizar la justicia y judicializar la política”, algo que, en su opinión, pone en riesgo la “solidez de nuestra democracia”.