El CNI se ajustó a las directrices de Moncloa sobre el espionaje

La comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso para informar sobre Pegasus manchó ayer el nombre del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y también de la Justicia. Sánchez se sacudió responsabilidades y en un nuevo intento de ganarse el favor del independentismo, que resultó tan baldío como los que ha hecho ya en el curso de esta crisis del espionaje, dio a entender que ni los servicios de inteligencia ni tampoco el juez del Supremo encargado de validar las operaciones del CNI cumplen con sus obligaciones satisfactoriamente. Justo lo mismo que dice ERC. No hay otra manera de explicar que proponga una reforma de la ley que regula el CNI para imponerle un mayor control interno y judicial, porque es lo mismo que señalar de manera implícita a este organismo como responsable de una mala praxis en el espionaje al independentismo.

El problema es que la estrategia del Gobierno para «salvarse» arrastra consigo el prestigio de las demás instituciones, en esta ocasión, la del Supremo y la del CNI.

Fuentes de la inteligencia confirmaron ayer tarde a este diario que su trabajo se ha ajustado, «en todo momento», a la directiva que la comisión delegada de asuntos de inteligencia aprobó a principios de la legislatura, y que incluye «expresamente» entre sus objetivos el de «combatir y luchar contra el independentismo» por ser una de las amenazas para la integridad territorial, además del terrorismo, el control de la inmigración y otros capítulos que afectan a la seguridad nacional.

Del secesionismo preocupaba «su evolución hacia la algarada, la violencia y el terrorismo callejero», y, «por supuesto, sus movimientos internacionales, con Rusia en el centro de la diana».

Fue el general Félix Sanz Roldán, que llegó a la máxima responsabilidad del CNI con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien impuso este modelo de control por parte del Gobierno de los servicios de inteligencia, «para impedir que se desviaran de los intereses nacionales y pudieran extralimitarse en sus actuaciones». De hecho, fuentes con conocimiento directo en el trabajo del CNI aseguran que «tenemos uno de los pocos servicios de inteligencia que se rigen por una directiva que aprueba el Gobierno a principios de legislatura y que delimita con absoluta claridad las materias de su competencia».

La reforma de la ley del CNI es un elemento que desestabiliza más internamente al organismo, donde no se entiende cómo el presidente del Gobierno pone en duda un trabajo que se ajusta a las directrices recibidas y sobre el que no ha sido capaz de denunciar ningún fallo concreto. «El Gobierno conoce los informes y el alcance y la motivación de todas las actuaciones».

La otra carta que Sánchez se sacó de la manga, la reforma de la ley de secretos oficiales, también la desprecia el independentismo, y el PNV ve en ella «una maniobra de distracción». Si fuese en serio, para sacar este proyecto adelante el Gobierno tendría que asumir las condiciones de ERC y de PNV, que exigen que se levante el secreto sobre toda la etapa de la Transición en temas como la guerra sucia contra ETA, el golpe de Estado del 81 y todo lo que tiene que ver con Don Juan Carlos y la Monarquía.

La prueba de que es un movimiento improvisado para resistir políticamente está en el diario de sesiones del pasado 3 de mayo, en un intercambio dialéctico entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, a cuenta de la falta de voluntad del Gobierno, como reprochó el portavoz vasco, para cambiar tanto la ley de secretos oficiales como la del CNI. No hace ni un mes la intención del Gobierno era mantener en el letargo estos dos proyectos. Así, la propuesta que el PNV registró en 2020 ha encadenado aplazamientos de los plazos para presentar enmiendas desde septiembre de ese año. Para que pudiera aprobarse, y que Sánchez cumpliera realmente su palabra, debería desbloquearse de manera inmediata la iniciativa del PNV porque si el Gobierno presenta un proyecto propio, entonces sí que se puede dar por hecho que es imposible que llegue a tiempo de ser validado en esta Legislatura (ante el periodo de información pública, de alegaciones de ministerios, de informes de los órganos consultivos). Incluido el que está en curso, quedan cuatro periodos de sesiones, y por medio irrumpen las elecciones andaluzas, las valencianas y las autonómicas y municipales.

La reforma de la ley de secretos oficiales fue la primera propuesta que registró el PNV al constituirse el Gobierno de Sánchez. Plantea que la desclasificación de las materias «secretas» se produzca en un plazo de 25 años, y las consideradas «reservadas», al cabo de diez.