«Caso 3%»: Anticorrupción pide al juez que el exjefe del Meteocat declare como investigado

La Fiscalía Anticorrupción quiere dar una vuelta de tuerca más a la pieza del «caso 3%» en la que se investiga la supuesta financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a través de la productora audiovisual Triacom, de la que sospecha que infló contratos por programas para TV3 para desviarlos a la formación convergente.

En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el fiscal de Anticorrupción José Grinda pide al instructor, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que llame a declarar como investigados a Oriol Puig –hermano del que fuera dirigente convergente Felip Puig, exconseller de Artur Mas–, al administrador de Triacom, Oriol Carbó, y al representante de Hispart, Juan Manuel Parra. Una petición a la que, según fuentes jurídicas, dará el visto bueno el instructor en los próximos días con el objetivo de que los imputados declaren (probablemente por videoconferencia) en las próximas semanas.

Anticorrupción sostiene que la investigación –en especial la documentación obtenida del servicio meteorológico catalán– ha puesto de relieve que los 70.800 euros que obtuvo Triacom, el 3 de febrero de 2016, del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) se debió a un «proceso de licitación fraudulento» puesto que no existió como contrapartida «trabajo ni servicio alguno que lo justificara». Así se recoge en un informe policial remitido a la Audiencia Nacional por la propia Fiscalía el pasado abril.

En relación a Hispart, empresa especializada en producción audiovisual, el fiscal Grinda recuerda que su administrador, Juan Manuel Parra, «prestó servicios a CDC» consistentes en el diseño de una campaña de comunicación en la campaña electoral de las elecciones de 2010, unos supuestos trabajos que generaron en su favor una deuda de unos 750.000 euros.

Pago de 750.000 de una deuda de CDC por gasto electoral

Pero quien pagó no fue Convergencia, pues Anticorrupción señala que el exgerente de CDC Germà Gordò, también investigado, «dio instrucciones» a Carbó para que abonara a Parra esa deuda que el partido nacionalista había contraído con Hispart por su trabajo en esa campaña electoral. Para ello, afirma, Carbó y Parra «se pusieron de acuerdo en simular de manera completa unos documentos destinados expresa y directamente a la actividad económica».

En una conversación aportada a la causa por el propio Parra revela, subraya el fiscal, que él «era consciente del carácter ficticio de las facturas que giraba contra Triacom», un carácter ficticio que considera «absoluto». «No sólo se faltaba a la realidad en la descripción del concepto –señala– sino que se originaban unos documentos que incluían a una empresa absolutamente ajena» a esos pagos.

Para Anticorrupción existen indicios de que no solo Hispart, sino también Exit S. L. y Estéreo Rent, propiedad todas de Parra, «recibieron diversas cantidades» de Triacom.

Para el fiscal no hay duda de que los pagos realizados a Parra y sus empresas por parte de Triacom «son parte de un entramado de financiación ilegal de CDC a través de facturación falsa», por lo que insta a investigar si recibió otras cantidades de la productora al margen de esas sociedades.