La exdirectora del CNI declara en la Audiencia Nacional por el «caso Pegasus»

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, continúa avanzando en la investigación sobre el espionaje a miembros del Gobierno con el software israelí Pegasus. Uno de los últimos pasos que ha dado el magistrado, según confirman varias fuentes a este periódico, ha sido la toma de declaración como testigo a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban el pasado viernes.

Esteban acudió como testigo después de que el 24 de mayo el Consejo de Ministros diera el visto bueno para permitir que los funcionarios espías españoles compartieran «la información que conozcan con la Justicia». Era un tránsito necesario que Calama tuvo que recorrer para continuar con las pesquisas sobre los ataques a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. Fuentes del Ejecutivo concretaron ese día que se había dado luz verde para que los miembros del CNI, donde se integra el Centro Criptológico Nacional (CCN) que detectó dichas injerencias, también pudieran desfilar ante el juez.

Ahora, fuentes de la Audiencia Nacional precisan que Calama ya ha escuchado también a algunos de ellos para saber cómo funcionan internamente los controles de seguridad implementados en este tipo de ataques espías. Esteban estaba al frente del CNI tanto cuando Pegasus infectó los móviles del presidente y los ministros como cuando el CCN alertó de que dicho acceso ilícito se había producido. Según una información avanzada por El Confidencial, también está previsto que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explique la responsabilidad del departamento que él dirigía (Seguridad de la Presidencia) en este agujero de seguridad específicamente en el caso de Sánchez. Su declaración como testigo podrá efectuarse por escrito.

El objetivo último de la investigación es encontrar quién estuvo detrás del espionaje, más que qué falló en la coordinación de la protección. Todas las miradas están puestas en el extranjero básicamente por las fechas en las que se inyectaron los Pegasus. El 19 y 31 de mayo de 2021 en el caso de Sánchez y en junio del mismo año, en el de Robles; y a Marlaska el mismo mes, coincidiendo con una de las mayores crisis migratorias que ha vivido el país cuando miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron hacia Ceuta.

Con esta meta en el horizonte, Calama trata de resolver las incógnitas con peticiones de información al exterior, ya que la empresa NSO Group, dueños del software, tiene su sede principal en Israel. Son pocas las esperanzas que se albergan en la Audiencia Nacional de despejar estas dudas. Más teniendo en cuenta que el juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que ya investigaba desde hace dos años el presunto espionaje con el mismo programa al expresident del Parlament Roger Torrent y al concejal de Esquerra Ernest Maragall, acaba de archivar las pesquisas por el silencio de la empresa israelí.

Si la colaboración internacional no llega el resultado de las diligencias podría quedar menguado una vez se escuchen a todos los testigos en España. Mientras tanto, el magistrado Calama continúa con el secreto de sumario decretado hace ya más de un mes. El pasado 5 de mayo y a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Calama impuso el velo total a este procedimiento para «impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible exigencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento». El magistrado, que abrió la instrucción a raíz de una denuncia de la Abogacía del Estado, ofreció tanto a Sánchez como a Robles personarse. Fue al principio, porque más tarde el caso se amplió a Marlaska y a Planas, ya que el informe del resto de móviles llegó después. Ambos declinaron formar parte del procedimiento puesto que, en realidad, los servicios jurídicos del Gobierno ya velan por sus intereses.

A quien el juez sí ha dejado en dos ocasiones al margen es a la Generalitat de Cataluña que ha buscado ser acusación popular. El magistrado ha rechazado que entren porque considera que no existe habilitación legislativa específica para que las personas jurídicas públicas, como el Govern, puedan ejercer la acción popular en un procedimiento penal, puesto que la acusación pública corresponde a la Fiscalía.