Congreso

Podemos se divide ante la Ley del PSOE para abolir la prostitución

Los Comunes, ala catalana del grupo, se posicionan contra la norma, como Esquerra. El PP y Vox permiten su tramitación

La carpeta de Igualdad continúa generando una enorme división en el bloque de la izquierda. Este martes se ha debatido en el Congreso la proposición de Ley impulsada por el PSOE para abolir la prostitución, justo dos semanas después de que esta cuestión originara una enorme bronca entre los socialistas y Podemos por si había que incluirla o no en la Ley del “solo sí es sí”. En esta ocasión, la división ha sido en Podemos: el grupo ha votado a favor de la norma, pero el ala catalana formada por los siete diputados de los Comunes ha votado en contra. Esquerra se ha posicionado en contra, mientras PP y Vox han permitido su tramitación.

Según han esgrimido desde los Comunes, la cuestión de la prostitución “no puede abordarse de espaldas a las propias mujeres que la ejercen” ni desde una “perspectiva punitivista”, y reclaman escuchar al colectivo para legislar posteriormente. “Prohibir no es abolir. La ley no va acompañada de medidas sociales para acabar con la prostitución”, señalan, en referencia a que la norma se basa solo en una reforma del Código Penal, y recriminan que la propuesta de Ley tiene “enormes carencias técnicas” que pueden generar inseguridad jurídica y su aprobación “supondría un grave retroceso en los derechos de las mujeres”.

El texto socialista, presentado por Adriana Lastra, busca una reforma del artículo 187 del Código Penal y plantea penas de entre tres y seis años de prisión para quien, mediante “violencia, intimidación o engaño”, determine a una persona a ejercer la prostitución y de entreuno a tres años de cárcel para quien “promueva, favorezca o facilite” el ejercicio de la prostitución de otra persona con el consentimiento de la misma. Asimismo, el PSOE también pretende castigar con penas de prisión de dos a cuatro años a aquellos que destinan locales para que se ejerza la prostitución (tercería locativa) y se multará a los clientes.

“¿Cuántas décadas más tienen que pasar para que las mujeres sean dueñas de su cuerpo?”, ha afirmado Lastra, quien ha asegurado que el proxenetismo “es incompatible con toda democracia”. En este sentido, la dirigente socialista ha desmentido que esta ley vaya contra las mujeres prostituidas porque está dirigido a “perseguir el proxenetismo y sancionar a los prostituidores”. “El que decide por necesidad no decide libremente”, ha dicho, en respuesta a quienes defienden la regulación de la prostitución, y ha asumido que van a sufrir “enormes presiones” de sectores del movimiento feminista por la Ley impulsada: es decir, da por hecho que la batalla por la hegemonía del movimiento va a seguir.

Esquerra, como los Comunes, también se han posicionado en contra. La gran mayoría de grupos que optan por el “no” o la abstención critican la “perspectiva punitivista” de la Ley, al centrarse exclusivamente en una reforma del Código Penal sin aportar alternativas sociales y económicas para las prostitutas. La diputada de ERC Pilar Vallugera ha criticado el “alarde de demagogia” del PSOE y ha reclamado a los socialistas que “vayan a la calle” antes de plantear una Ley abolicionista. La diputada de Ciudadanos, Sara Jiménez, ha considerado que la Ley es un “parche legislativo” provocando una “criminalización para las trabajadoras sexuales que ejercen de manera libre y voluntaria la actividad”. “Hoy deberíamos estar debatiendo una ley de trata”, ha afirmado, tras anunciar su voto en contra.

PNV, Bildu y Vox han optado por la abstención con el objetivo de mejorar el texto durante la tramitación. El PP vota a favor.

La diputada del PP, Marta González, ha confirmado el voto a favor de su partido para “trabajar hacia la desaparición” de la prostitución. “No podemos avanzar en igualdad si paralelamente la prostitución avanza”, ha afirmado y ha añadido: “Ninguna mujer que ejerce la prostitución desea esa actividad para su hija”. María Ruiz (Vox) ha anunciado la abstención de su grupo y ha apostado por dotar de “recursos y medios” a las personas para que nadie se “vea en la necesidad de abortar, morir o prostituirse”.