La deriva argelina del «caso Ghali»: un pasaporte falso y seis meses más de investigación

El «caso Ghali» ha tenido un efecto boomerang en las relaciones diplomáticas españolas con los dos países punteros del Magreb. En abril del año pasado, España accedió a la petición de las autoridades argelinas de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a espaldas de Rabat. La iniciativa abrió una grave crisis diplomática con Marruecos, con avalancha migratoria incluida en Ceuta –que obligó a desplegar al Ejército–. El Gobierno de Pedro Sánchez quiso cerrar esa herida con un giro radical en la política española respecto al Sáhara, apoyando sorpresivamente el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española. Una decisión que desairó a Argelia y que ha precipitado la decisión de Argel de dinamitar el tratado de amistad con España.

Ahora, a esa brecha diplomática puede añadírsele la deriva argelina del «caso Ghali», ya sin la exministra Arancha González Laya como investigada tras la decisión de la Audiencia de Zaragoza de apartarla de la causa al enmarcar su actuación en un «acto político» extramuros del control judicial.

Y es que lejos de dar carpetazo a la causa, el juez Rafael Lasala acordó el pasado 31 de mayo, tal y como adelantó Vozpópuli, prorrogar seis meses más la instrucción con la investigación de esa presunta falsedad documental en el punto de mira y a la espera del resultado de varias diligencias ya acordadas antes de que la Audiencia de Zaragoza diese la razón a la Fiscalía y a la Audiencia de Zaragoza y exculpara a Laya y al que fuera su jefe de gabinete.

Quiere localizar al hijo de Ghali

Unas pesquisas que salpican directamente a Argelia, pues el juez quiere interrogar al hijo de Ghali, Luali Brahim Sid el Mustafa, para cerciorarse de que fue él (como apuntó una trabajadora del hospital de Logroño donde fue ingresado el líder del Frente Polisario) quien registró a su padre con pasaporte falso. Un pasaporte a nombre de Mohamed Benbatouche que, según dejó al descubierto la investigación judicial, fue expedido por Argelia el 18 de abril de 2021, el mismo día de la llegada a España de Ghali.

El titular del Juzgado de Instrucción no solo ha pedido a la delegación en nuestro país del Frente Polisario un domicilio donde localizar a Ghali, sino que ha reclamado también a la oficina saharaui información que apunta directamente a Argel.

Por ejemplo, Lasala quiere que el Polisario le aclare «cómo se gestionó» la llegada a España de Ghali y quién contactó con las autoridades de nuestro país (una identidad que Laya se negó a revelar invocando el carácter reservado de esa información) para pedir su traslado. Además, el instructor pretende saber si Argelia exigió garantías de que Ghali no sería detenido (tenía dos causas abiertas en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio, torturas y detención ilegal, entre otros).

El instructor aseguró en el auto de prórroga de la investigación que el resultado de esas diligencias puede acarrear nuevas declaraciones o la petición de más información que impliquen «una carga incriminatoria contra alguna persona» por falsedad documental o prevaricación.