Sánchez retoma un plan que rebaja la luz a costa del campo y la industria

La inflación, y el precio de la luz, asfixia a las familias españolas y asfixia también al Gobierno porque ninguna de las medidas impulsadas hasta ahora ha dado el buen resultado que se anunció que tendría. El tope al gas tampoco tira, de momento, y en pleno estrés electoral el equipo del presidente Pedro Sanchez ha optado por tramitar «in extremis» el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), después de mantenerlo adormilado en el Congreso durante más de un año.

El Gobierno parece que quiere poner sordina a las dudas sobre el tope al gas y trasladar la sensación de que tiene controlada la situación, y respuesta para los problemas, pero se calla que esta última reforma podría bajar la luz, pero a costa de subir los carburantes entre 7 y 8 céntimos el litro y subir también la factura del gas a ciudadanos y empresas. Provocaría, asimismo, graves desequilibrios territoriales y entre sectores de renta, favoreciendo a las clases urbanas y de renta media-alta sobre el resto de la sociedad.

Todo hace pensar que viendo el resultado del estreno de la aplicación del tope del gas, en el que en vez de bajar el precio del «pool» ha subido, el Gabinete de coalición ahora quiere usar el FNSEE para bajar la factura eléctrica a costa de poner un nuevo impuesto a los carburantes y al gas natural.

Es decir, mediante una transferencia de rentas de los consumidores eléctricos a los ciudadanos, agricultores, taxistas y empresarios que llenan los depósitos de sus coches o de sus tractores o usan el gas en sus procesos productivos.

La nueva «carta» que ahora se saca el Gobierno de la manga es un juego de suma cero porque la trampa consiste en que unos clientes pagarán menos a costa de que otros paguen más.

El FNSSE consiste en financiar el coste de las energías renovables, que hoy lo pagan los consumidores eléctricos como parte de los peajes. Ese coste pasará a a ser asumido por los ciudadanos cuando reposten gasolina o gasoil para sus vehículos o por las empresas, como los ceramistas o las siderúrgicas, que usan gas natural en su negocio.

Resulta paradójico, cuanto menos, que, al mismo tiempo que se está bonificando la gasolina con ayudas de 20 céntimos al litro, y sin que esta medida esté conteniendo el ascenso de los carburantes, la nueva salida del Gobierno implique encarecer todavía más los carburantes (7 céntimos cada litro de gasolina).

A toda prisa, el Gobierno lanzará la tramitación la semana que viene porque quiere tener resuelto el tema antes del verano. Desde los sectores más afectados ya se ha hecho llegar el mensaje de que hay que calibrar los impactos territoriales y primar el interés general por encima de la urgencia electoral del PSOE que necesita entrar en el próximo otoño forzando la maquinaria para colocar por encima de dos dígitos la reducción de la factura eléctrica.

Este proyecto cojea, asimismo, por el flanco de la igualdad territorial. El traslado de costes entre sectores provocará una redistribución de rentas a favor de consumidores mayoritariamente eléctricos, urbanos, de zona templada y de clase media-alta en contra del resto de la sociedad.

Por ejemplo, el español que viva en zona fría y tenga un tractor pagará más por calentar su casa y más por el combustible para mantener su modo de vida, la agricultura. Y el que viva en zonas cálidas y haga un uso intensivo del aire acondicionado o de una segunda vivienda en la costa, pagará menos en la factura de la luz.

De hecho, tal y como está articulado el anteproyecto de ley, el cálculo sobre quién paga el FNSSE va ligado al nivel de renta que tengas y el lugar de España donde vivas. Cuando el Gobierno empezó hace más de un año a apuntar a esta reforma ya aparecieron los primeros informes, como el de La Transición Ecológica frente a la España despoblada y los hogares vulnerables (Sedigas, 2021), que alertaban de las graves desigualdades que este fondo provocaría en su aplicación.

Según los estudios técnicos, incrementaría en 220 euros la factura energética anual en las zonas de baja densidad de población, frente a los 161 euros para las zonas más densamente pobladas.

La medida tiene una carácter regresivo porque reduciría más en términos porcentuales la renta de los hogares con menos ingresos. Se confirmaría, además, una mayor afectación a comunidades como Castilla y León, Navarra, Madrid o La Rioja, que oscilarían entre los 261 euros y los 234 euros de incremento anual en la factura energética por hogar.

Esta reforma tendría, en suma, un impacto tan relevante como una reforma fiscal. Pero ayer la ministra Rivera apuntó, de soslayo, a la decisión de tramitarla para bajar más la luz. En los sectores afectados interpretan que lo que lleva al Gobierno a anunciar una prórroga del descuento de 20 céntimos de euro por litro de gasolina y, al mismo tiempo, aprobar el FNSSE, que graba con 7 céntimos cada litro de gasolina, es el miedo al escaso éxito que va a tener la intervención del mercado eléctrico. Soplar y sorber al mismo tiempo, con resultados, además, neutralizados e inexistentes para los ciudadanos.

La propia memoria del anteproyecto de ley reconoce que no se modifican las cantidades totales: únicamente se reconfigura el pago de estos costes entre los sectores energéticos.

La alianza por la competitividad de la industria española ha calculado que la aplicación de esta propuesta supondría un golpe de 2.500 millones de euros sobre el sector.