La Fiscalía investiga la acusación de “prevaricador” de Pablo Iglesias al juez García Castellón

La Fiscalía de Madrid ha incoado diligencias para dirimir si hay delito en las acusaciones del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a quien tachó de “prevaricador”.El instructor remitió un escrito de queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otro al presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro quien lo trasladó a la Fiscalía General del Estado para que analizara si en las palabras del que fuera líder de Podemos podía haber un delito de injurias.

Los hechos sucedieron en abril cuando durante la presentación del libro ‘Verdades a la cara’ del periodista Aitor Riveiro. Iglesias verbalizó sus dudas sobre si García Castellón pasará a la Historia “como un juez mediocre” o “prevaricador”. Se da la circunstancia de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha liderado causas en los que han terminado salpicados miembros morados como el “caso Dina” -sobre el robo de la tarjeta del móvil a la exasesora morada Dina Bousselham- o la investigación sobre la presunta financiación de Podemos por parte de Venezuela.

Ese mismo día Iglesias dijo que “había gente deseando ver el documental sobre el caso Dina”. En estas diligencias, García Castellón dio un giro de 180º cuando retiró al entonces vicepresidente del Gobierno la condición de perjudicado para tratar de imputarlo emitiendo un escrito al Tribunal Supremo a quien le correspondía decidir por ser aforado. El asunto terminó sin imputación a Iglesias, pero esta maniobra fue criticada en todos los sectores de Podemos. El juez denunció también entonces una campaña acoso y amenazas en las redes sociales.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes no dio trámite a la queja de García Castellón, según informan fuentes del mismo, pero en el Ministerio Público sí se concretaron movimientos. La jefa de la Inspección de la Fiscalía General, María Antonia Sanz, emitió un decreto en el que trasladó la competencia a los fiscales de Madrid. Allí, según apuntan fuentes jurídicas, se acaban de iniciar unas diligencias que es el trámite preceptivo en estos casos para determinar si hay alguna base sobre la que investigar o si el asunto termina en archivo.