Ofensiva del CGPJ para que el Congreso le escuche sobre la reforma de Sánchez para renovar el TC

Nueve vocales califican de “contradictoria e incoherente” la justificación de la iniciativa y apuestan por llevar a Europa la proposición de ley del Gobierno

El Pleno del CGPJ, en la sesión en la que abordó en 2020 la reforma que cercenó sus atribuciones para hacer nombramientos con el mandato agotado
El Pleno del CGPJ, en la sesión en la que abordó en 2020 la reforma que cercenó sus atribuciones para hacer nombramientos con el mandato agotado FOTO: CGPJ CGPJ

Nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han activado el procedimiento para reclamar al Congreso que, antes de validar la reforma con la que el Gobierno pretende renovar el Tribunal Constitucional (TC), solicite un informe al órgano de gobierno de los jueces.

Al tratarse de una proposición de ley, el informe del Consejo no es preceptivo, pero esto vocales consideran necesario que el CGPJ se pronuncie sobre una reforma legal que afecta directamente al núcleo esencial de sus atribuciones.

EL CGPJ ya intentó sin éxito dar su parecer, en todo caso no vinculante, sobre la reforma abanderada por PSOE y Podemos que impide al Consejo del Poder Judicial hacer nombramientos en funciones desde marzo del pasado año, una iniciativa con la que los socialistas esperaban forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018.

Ahora, los nueve vocales conservadores -Wenceslao Olea, Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Francisco Gerardo Martínez, Ángeles Carmona y Carmen Llombart- han pedido por escrito al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, que solicite al Congreso “que recabe el informe del Consejo General del Poder Judicial” para que dé su opinión sobre la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE “en el sentido de devolverle también y con plenitud las atribuciones para los nombramientos judiciales” de carácter discrecional.

Informar a la Comisión Europea

Asimismo, en ese escrito -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, estos vocales abogan porque el CGPJ se dirija a la Comisión Europea “para informar sobre la referida proposición de ley”.

Para los firmantes del documento, la justificación dada por el Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar esa reforma -evitar las dificultades que el texto vigente entraña para la renovación de los órganos constitucionales, según reza la exposición de motivos- “resulta contradictoria e incoherente”.

Y es que, según subrayan, “tan órgano constitucional es el tribunal de garantías como lo son los juzgados y tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del poder judicial cuyo superior, en todos los órdenes, es el Tribunal Supremo”. Y es que, tal y como informó LA RAZÓN, el CGPJ tiene actualmente sobre la mesa 62 nombramientos pendientes, 14 de ellos en el alto tribunal, lo que ha llevado a la Sala de Gobierno a dar la voz de alarma ante la “insostenible” situación.

Escuchar “a todos los sectores implicados”

Los vocales firmantes argumentan que hasta ahora la interpretación legal predominante es que el Gobierno solo tiene la obligación de someter al informe del CGPJ sus anteproyectos, pero no las proposiciones de ley.

No obstante, matizan, “el principio de interpretación conforme con el derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del TJUE impone que cuando la proposición de ley se refiera a aspectos nucleares del estatuto de los miembros del poder judicial” o que afecten a las funciones de su órgano de gobierno, “debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ”.

En este sentido, recuerdan que la propia Comisión Europea ha recordado en dos ocasiones a España este extremo el 15 de octubre y el 4 de diciembre de 2020. De ahí que, explican, ante la posibilidad de que la polémica iniciativa legislativa sea tomada en consideración por el Congreso y se tramite, hayan optado por instar al presidente del CGPJ a que reclame a la Cámara Baja la necesidad de que el Consejo se pronuncie.