El Gobierno salva la ley de Memoria Democrática con alto coste: investigar los GAL

El PSOE cede ante Bildu y la ley de Memoria reconocerá «víctimas de torturas hasta 1983», incluirá la «persecución» del catalán y declarará ilegal el régimen franquista

El PSOE cede a las pretensiones de sus socios nacionalistas para salvar su agenda legislativa de aquí al final de la legislatura. El continuo cuestionamiento a la izquierda –tras el batacazo en las urnas andaluzas– y las crisis que ensombrecen al Gobierno; ahora por la crisis en Melilla, hace al Ejecutivo acelerar sus leyes más ideológicas en la búsqueda de liderar un cambio de rumbo a la izquierda con la vista puesta en las elecciones generales.

Así, este martes, los socialistas han logrado cerrar con sus socios la ley de Memoria Democrática, un anteproyecto de ley que hasta la semana pasada adormecía en el cajón en el Parlamento y que ahora desbloquean con el apoyo de Bildu a cambio de que la futura ley permita investigar los inicios de los GAL. Y es que el Gobierno apoya junto a Bildu, Más País y PDeCAT crear una comisión para investigar la «vulneración de los derechos humanos» entre los años 1978 y 1983. Así, la futura normativa alcanzará los gobiernos de UCD de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, pero también el primer año de Felipe González. También se considerará el catalán, el vasco y el gallego como «víctimas del franquismo», también se ilegalizará el régimen franquista, entre otras cuestiones polémicas que hasta ahora encallaban en el Parlamento.

De esta manera, casos vitales para Bildu –que incansablemente ha pedido desclasificar– como el asesinato de José Antonio Lasa, José Ignacio Zabala y Segundo Marey, sucedidos mientras Felipe González era presidente del Gobierno, podrían ahora investigarse. Así, los socios apoyan que se «señalen posibles vías de reconocimiento y reparación de las víctimas», según la enmienda transaccional registrada en la Comisión por Bildu, apoyada por PSOE, Unidas Podemos y Más País. Mientras, ERC y Junts optan por la abstención, reservándose la posibilidad de votar en contra en el Pleno de julio que se celebrará el próximo día 14. Los republicanos, de hecho, están «muy lejos» del «sí» y exigen una escala de reparación y apremian a una auditoría de las víctimas a indemnizar en paralelo a la tramitación de la Ley. Además, mantienen la petición de la derogación de la Ley de amnistía de 1977 para que se puedan investigar delitos durante el franquismo.

En concreto, la enmienda pretende designar en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos «a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983».

Meses antes, los partidos de Gobierno habían recogido en su enmiendas un acuerdo con un plazo más limitado, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982, durante los primeros años de la democracia. La posible investigación de los crímenes del franquismo, encalló la ley entre ambos. Ahora, acceden también ante Bildu a proponer la cesión al Ayuntamiento de San Sebastián del Palacio de la Cumbre, donde «torturaron» en 1983 a los miembros de ETA Lasa y Zabala, tal y como confirmó en el Congreso, Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu. El Fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, se convertirá «en un lugar de memoria», según detalló. Desde el partido reconocen su satisfacción, aunque desde el PSOE limitan el impacto. El portavoz Héctor Gómez ha asegurado que el objetivo, con la ampliación del espacio hasta 1983 es «profundizar y esclarecer» hechos de forma «rigurosa y pormenorizada». Ha pedido prudencia sobre la redacción de la ley.

Las cesiones van más allá, la comisión estatal independiente buscará también «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura» para aprobar un informe de recomendaciones para la «reparación de las víctimas de forma objetiva e imparcial».

Por su parte, el pacto para arrancar el sí de los socios, alcanzará también la ilegalización e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cuales quiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. Los de Errejón lograrán a través de enmienda reconocer «ilegal el régimen franquista» y reconocer las «luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos» alumbraron la democracia. Se creará, además, una auditoría para reconocer el derecho al resarcimiento de los bienes incautados por razones políticas, de conciencia o religiosa, tras el pacto con PDeCAT y Más País. Con este partido también se accede a reformular el escrito de la ley para incluir que la Ley de Amnistía fue «una reclamación histórica de la oposición antifranquista» que tuvo por objeto «amnistiar de todos los delitos de intencionalidad política» y de «infracciones de naturaleza laboral y sindical». Del mismo modo, las víctimas a las que ampara la ley tendrán el derecho al «reconocimiento y reparación integral» por parte del Estado».

Por último, PDeCAT consigue que el Estado reconozca la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo y sus efectos en la realidad sociolingüística actual. Considerarán «víctimas a las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega». Por último, con el PNV pactan de cara a un año, la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas, informa Efe. Su portavoz, Aitor Esteban, ha destacado la posibilidad de acceso a los archivos, que hasta ahora estaba vedado por el artículo 57 de la Ley de Patrimonio.

Ante las enmiendas pactadas para desbloquear la ley de memoria, PP, Cs y Vox votarán en contra al calificarla de «revisionismo histórico» por parte de los socialistas. En Cs, su portavoz Edmundo Bal lo tachó de «repugnante» y «estomagante» ante el hecho de que el periodo se extienda hasta 1983.