Cuatro exjefes de ETA ordenaron asesinar a Miguel Ángel Blanco

La Guardia Civil considera que fue la cúpula de ETA la que planificó y ordenó en 1997 el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, del que el próximo 13 de julio se cumplirán 25 años. En un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón –que tras una querella de Dignidad y Justicia (DyJ) investiga a nueve exdirigentes de la banda terrorista por su supuesta responsabilidad en la muerte del concejal del PP en Ermua–, el Instituto Armado señala a cuatro antiguos jefes de la organización criminal: José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», y María Soledad Iparraguirre, «Anboto».

Según concluyen los autores de ese informe, son «los integrantes del Comité Ejecutivo de ETA en 1997 que habrían planificado, dirigido, gestionado y ordenado la materialización del secuestro y posterior asesinato» de Miguel Ángel Blanco.

La denuncia de Dignidad y Justicia se dirige, además de contra estos cuatro ex dirigentes etarras, contra los también antiguos jefes de ETA Asier Oyarzabal; Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi»; Vicente Goicoechea Barandiaran; Jokin Echevarria y Carlos Ibarguren.

La Ertzaintza ya informó a García Castellón –tal y como adelantó LA RAZÓN– de que la cúpula de ETA fue la responsable del secuestro y posterior asesinato (ETA dio 48 horas de plazo al Gobierno para que acercaran al País Vasco y Navarra a los presos de la banda criminal) del concejal popular de Ermua.

También la Ertzaintza

Pero la Policía vasca solo identificó directamente en su informe a «Kantauri», procesado en esta causa por su supuesta participación en el asesinato. No obstante, en ese informe dejaba claro que ETA era «una organización perfectamente estructurada» en la que cada uno de sus miembros «tenía una misión» que llevaba a cabo «sometido a la disciplina y a las órdenes que el comité ejecutivo ha dictado en cada momento».

Era por tanto, según expuso la Ertzaintza, la Zuba o comité ejecutivo etarra la que hacía llegar a los «comandos» las «instrucciones precisas» respecto a las «acciones a realizar», por lo que la cúpula sabía «de antemano» quién iba a cometer los atentados ordenados.

Tras admitir a trámite la querella de DyJ, el juez García Castellón pidió a Policía, Guardia Civil y Ertzaintza que detallasen por escrito otros atentados de ETA que pusiesen de manifiesto cómo se llevaba a cabo la «decisión, planificación y ejecución» de las acciones terroristas.

Las notas de «Kantauri»

Ahora, a lo largo de un extenso informe, la Guardia Civil pone en valor que en la sentencia por la que Javier García Gaztelu, «Txapote», exjefe «militar» de ETA, e Irantzu Gallastegui, fueron condenados a 50 años de prisión por el asesinato del edil de Ermua, la Audiencia Nacional consideró probado que actuaron «siguiendo las instrucciones recibidas de la dirección».

Los agentes hacen referencia, en relación a «Kantauri», a dos notas manuscritas que se le atribuyen, de julio y septiembre de 1997 (que fueron incautadas al «comando Vizcaya») en las que el exresponsable de los «comandos ilegales» de ETA (entre noviembre de 1994 a marzo de 1999) asegura que «es muy importante el darles a los políticos del PP».

«Poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP, dando un ultimátum de días para que los presos estén en Euskadi», escribió. En la segunda, pidió a los pistoleros «un gran esfuerzo y dedicación a este tema». «Si no podéis hacer un secuestro, darle en toda la cabeza», escribió.

En su querella, el abogado de Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias, argumenta que era los entonces miembros de la Zuba «los auténticos autores detrás del autor» material del asesinato («Txapote» fue condenado como autor material de los disparos que acabaron con la vida de Miguel Ángel Blanco).

Y es que la asociación que preside Daniel Portero defiende que los exjefes de la banda terrorista incurrieron en una responsabilidad por autoría mediata que va más allá de los autores materiales y apunta de este modo a quienes tenían el dominio de la organización y, dieran o no la orden de atentar, sí tenían la posibilidad de impedir el asesinato.