ERC tensa la cuerda con Sánchez: «No quedará más remedio que echarnos al monte»

Las aguas de la política catalana bajan revueltas. A la situación procesal de Laura Borràs que en pocos días tendrá fijada la fecha de su juicio oral por corrupción hay que sumar otro juicio que también está visto para apertura de juicio oral en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Es el que afecta al expresidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la mesa que estaban al frente de la cámara catalana en otoño de 2019 –Josep Costa, vicepresidente del Parlament, Eugeni Campdepadrós, secretario primero, y Adriana Delgado, secretaria cuarta– por permitir un debate sobre la monarquía y la autodeterminación desobedeciendo al Tribunal Constitucional.

El primero de los juicios no tiene nada que ver con la causa independentista, aunque Borràs se parapeta tras la acusación defendiendo que su proceso es por sus ideas. Lo cierto es que la investigación que ha llevado a Borràs ante el TSJC fue iniciada por los Mossos por un caso de narcotráfico de uno de sus colaboradores, que resultó el beneficiado del troceo de contratos en el Institut de les Lletres Catalanes, cuya presidencia ostentaba la actual presidenta de Junts y del Parlament. Cuando comience el juicio Borràs debería dimitir como diputada y como presidenta del Parlament. Solamente puede garantizarse su continuidad si recibe el apoyo de ERC y la CUP. Y ese apoyo está en cuestión porque estos dos grupos no aceptan que su procesamiento sea por motivos políticos.

El segundo tiene otro cariz. Torrent, actualmente conseller de Empresa del Govern de Aragonés, y Adriana Delgado, alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet y diputada en el Parlament, ambos de ERC, y Josep Costa y Eugeni Campdepadrós de Junts, serán juzgados por «cuestiones políticas», apuntan desde el independentismo. «Si esto tira adelante, tendremos que tensar la cuerda y no quedará otro remedio que tirarse al monte», apuntan desde ERC. De hecho, el partido republicano tiene intención de poner este tema encima de la mesa en la reunión que deben mantener Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Una cita que sigue sin fecha que tiene como objetivo recuperar la confianza y «este asunto es primordial».

El Gobierno central tiene una piedra en el zapato con este asunto, porque es un proceso judicial. La magistrada instructora Maria Eugenia Alegret ha dado luz verde al juicio oral en su auto sobre las dos resoluciones del Parlament de Catalunya que, según la fiscalía, son una desobediencia grave al Constitucional. La primera en la que se debatía un compromiso del Parlament con el derecho de autodeterminación, y una segunda toda una respuesta a la sentencia del Supremo sobre los hechos del 1 de octubre que incluía una reprobación al Rey. La fiscalía pide para Torrent, Costa y Campdepadrós un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa, mientras que para Delgado pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa. Solo Torrent y Delgado, ambos de ERC, están en activo lo que la inhabilitación les afecta directamente, y su partido no está dispuesto a pasar por este «trágala». O sea, los principales perjudicados son miembros del partido que intenta encauzar la situación en Cataluña tras el uno de octubre.

El fiscal argumenta su acusación en la sentencia del Constitucional de 2015 que declaró inconstitucional y nula una resolución a favor del inicio del proceso independentista. El TC además recordó a la Mesa su deber de «impedir y paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada» y les advirtió de que podían incurrir en responsabilidades, incluida la penal, si lo incumplían. Por tanto, para el ministerio público, los miembros de la Mesa incumplieron la sentencia al permitir estos debates que desoyeron las peticiones de reconsideración de PP, PSC y Ciudadanos. La CUP que presentó la propuesta de resolución ahora motivo del juicio no tiene a ninguno de sus miembros imputados, lo que ha generado malestar en ERC «siempre tiran la piedra y luego esconden la mano». El día de la votación el TC notificó a la mesa su «deber» de impedir la iniciativa a la que hicieron caso omiso.

En el auto del fin de instrucción, la magistrada afirma que el Parlament «no es un lugar inmune al cumplimiento de la legalidad y al principio de jerarquía normativa» y considera que los cuatro acusados no pueden ampararse en la inviolabilidad parlamentaria porque no pueden equipararse sus actos con libertad de expresión sino que tramitaron dos iniciativas sobre las que estaban advertidos de su ilegalidad.