Las víctimas piden ampliar seis meses más las investigaciones por los asesinatos de Ordóñez y del juez Querol

Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) han pedido a la Audiencia Nacional que prorrogue seis meses más las investigaciones por los asesinatos de Gregorio Ordóñez en 1995 y del juez del Tribunal Supremo José Francisco Querol cinco años después. Además, la asociación que preside Daniel Portero también ha instado al tribunal que amplíe por el mismo plazo la instrucción por el atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas, que en diciembre de 2006 puso fin a la tregua de ETA con la explosión de un coche-bomba que provocó la muerte de los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal –que investiga a cinco exjefes de la banda terrorista por su supuesta responsabilidad en la muerte de Ordóñez tras la querella presentada por DyJ– preguntó precisamente ayer a las partes que se posicionasen sobre esa prórroga de la instrucción. Pero, además, el magistrado ha reclamado a la Guardia Civil que con carácter urgente le remita el informe que le solicitó sobre la supuesta responsabilidad en el asesinato de los exdirigente de ETA Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería»; José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Julián Achurra, «Pototo», y Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza».

En una providencia, el instructor recuerda al Instituto Armado «el urgente cumplimiento» del oficio del pasado 28 de febrero, «que tiene por objeto la elaboración de informes de inteligencia y remisión de otros informes de la Guardia Civil». Entre otras cuestiones, Abascal preguntó a la Guardia Civil «localización y análisis» de documentación en poder de miembros de ETA relacionadas con las actas de reunión de la Zuba o Comité Ejecutivo en las fechas inmediatamente anteriores, simultaneas y posteriores al asesinato de Ordóñez.

“Especial dificultad y complejidad”

En el escrito en el que Dignidad y Justicia solicita que continúe la investigación por el asesinato de Ordóñez –cometido el 23 de enero de 1995 en San Sebastián (Guipúzcoa)–, su abogado, Miguel Ángel Rodríguez Arias, justifica la medida en la “especial dificultad y complejidad” de la causa y en que “aún no ha sido posible llevar a término de manera efectiva el pleno esclarecimiento” de los hechos y la responsabilidad de “todos sus intervinientes sin excepción” (los etarras Javier García Gaztelu, «Txapote», Valentín Lasarte y Juan Ramón Carasatorre ya fueron condenados por el atentado).

Además, el letrado -que recuerda que la Guardia Civil no ha remitido aún el informe solicitado por el instructor- invoca la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en pro de la investigación “efectiva e independiente capaz de llevar a la identificación y castigo de los responsables” de los hechos objeto de la instrucción. En esa línea, anticipa que una vez se practiquen las diligencias pendientes las acusaciones deben tener la posibilidad de solicitar sin cortapisas “nuevas y sucesivas prácticas probatorias” para el “completo esclarecimiento” de lo sucedido y la persecución penal “de todos sus responsables”.

Por su parte, el abogado de la AVT Antonio Guerrero insta a la prórroga de la instrucción dado que “están pendientes de practicar diligencias de investigación, entre ellas la elaboración de informes de inteligencia”.

“Diligencias de prueba vitales”

Algo similar esgrimen ambas asociaciones en los escritos en los que piden que se amplíe seis meses más la investigación del asesinato del juez Querol, un atentado en el que también murieron su chófer y escolta (Armando Medina y el policía Jesús Escudero, respectivamente) y el conductor de la EMT Jesús Sánchez, y resultaron heridas treinta personas.

Dignidad y Justicia argumenta que aún no se han practicado “diligencias de prueba vitales” (los informes policiales solicitados por el juez Santiago Pedraz) y a la vista de las que se puedan acordar una vez el magistrado tenga en sus manos esos análisis de inteligencia.

Pedraz quiere esclarecer -tras admitir a trámite la querella de DyJ contra once exdirigentes de ETA, entre ellos Soledad Iparraguirre, “Anboto”; “Txapote”; Juan Antonio Olarra Guridi; Ainhoa Mugica; “Mikel Antza” y Juan Carlos Iglesias Chouzas, “Gadafi”- qué responsabilidad tuvieron en el asesinato de Querol, perpetrado el 30 de octubre de 2000 en Madrid. Una investigación en la que resultarán determinantes los informes policiales sobre el papel que jugó el comité ejecutivo etarra en ese atentado.

Por otro lado, la AVT también pidió a Pedraz que procesara por este asesinato a los exintegrantes del “comando Buru Hauste” Ana Belén Egüés “Dolores”, Gorka Palacios, Iván Apaolaza y Juan Luis Rubenach, que según la asociación que preside Maite Araluce vigilancias participaron en las tareas de vigilancia de la víctima, en la preparación del explosivo y en su colocación en el coche-bomba. Sobre esta solicitud aún no se ha pronunciado el instructor.

También por el atentado de la T-4

Con idénticos argumentos, Dignidad y Justicia reclama que continúe al menos seis meses más la investigación por el atentado de la T-4, en la que ahora se intenta determinar (tras la querella presentada por esta asociación) si los exjefes de ETA José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”; Aitzol Iriondo, “Gurbitz”; Mikel Carrera Sarobe, “Ata”, y Ainhoa Ozaeta, “Kuraia”, estaban detrás de la explosión del coche-bomba. Para la asociación querellante “la trascendencia política del atentado de la T4″, que supuso la ruptura de la tregua, hace “imposible” que la decisión de perpetrarlo “se adoptase en lugar distinto a la Zuba”.

El juez Alejandro Abascal admitió a trámite la querella y destacó que los integrantes de la cúpula etarra eran “dominadores de la organización terrorista ETA desde su posición de máximos dirigentes del órgano de dirección, el comité ejecutivo o Zuba en el momento del atentado”.

El abogado de DyJ sostiene que esos cuatro exjefes de la banda criminal fueron los autores mediatos (“los autores detrás del autor”) del atentado por el “dominio” que tenían entonces sobre la organización terrorista (que les permitía no solo dar las órdenes de atentar sino la de evitar los asesinatos).