Históricos del PSOE se rebelan contra Sánchez por pactar con Bildu una ley de Memoria que “tergiversa” la historia

El pacto alcanzado entre el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez y EH Bildu para sacar adelante en el Congreso su ley de Memoria Democrática ha provocado gran revuelo entre las propias filas socialistas. El primero en levantar la voz fue el expresidente del Gobierno Felipe González, que no dudó en afear a Sánchez su respaldo a una enmienda que permitirá reconocer a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983. O lo que es lo mismo, una enmienda que permitirá incluir como víctimas a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada “guerra sucia” contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución. Un hecho que afectaría de lleno a los GAL en el primer año de Gobierno de Felipe González, al que llegó en octubre de 1982.

Por ello, son ahora otras voces socialistas, otros históricos del partido, tal y como adelantó este periódico, los que han decidido firmar un manifiesto de la Asociación para la Defensa de la Transición en el que dejan claro que “el vigente sistema democrático se fundamenta en el gran pacto constitucional de 1978, que refrendó una amplísima mayoría de españoles”. Motivo por el que, aseguran, “no podemos aceptar que ese pacto sea objeto de una tergiversación tan injusta y tan ajena a la verdad histórica”. Entre los firmantes se encuentran Javier Rojo y Juan José Laborda, ambos expresidentes del Senado; José Rodríguez de la Borbolla, expresidente de la Junta de Andalucía; Pedro Bofill, exdiputado y exmiembro de la Ejecutiva Federal del PSOE; Javier Sáenz de Cosculluela, exministro de Obras Publicas y expresidente del Grupo Parlamentario Socialista;José María Múgica, hijo del político socialista asesinado por ETA Fernando Múgica; y una larga lista de senadores y diputados de esta formación comoFrancisco Moreno Franco, Pascual Marcos Sebastián, Tomás Gómez Franco (exalcalde de Parla) o José Acosta, entre otros.

El manifiesto hace hincapié en ese acuerdo con Bildu, ya que, a juicio de los firmantes, es una “expresión actualizada de quienes, precisamente en esa época, utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación, con consecuencias dramáticas bien recordadas, sin que el citado grupo aún no haya formulado una condena expresa de aquellos crímenes”. Y es que fue precisamente la formación de Arnaldo Otegi, junto a Más País, quien insistió en introducir esta enmienda a la Ley de Memoria Democrática paracrear una comisión que estudie las posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.

Los firmantes de este escrito comparten el objetivo de “reivindicar la memoria de tantas personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la represión posterior y apoyar cuantas acciones desplieguen los poderes públicos para la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas”. Sin embargo, recuerdan que la reconciliación fue “una de las claves de la experiencia histórica de la Transición, una experiencia compleja y no exenta de dificultades en la que los españoles quisimos superar lo que había sido un largo periodo de las «dos Españas», excluyentes y enfrentadas”. Y a ello contribuyó “de forma elocuente” la Ley de Amnistía de 1977 que, según señalan, ahora quiere “desmerecer” el proyecto de ley de Memoria Democrática de Sánchez.

Por todo ello, denuncian que este proyecto de ley pretende “establecer una verdad oficial, amparada en lo que se configura como un deber de memoria democrática, que abarca los dos siglos de la historia contemporánea de España”. Y se muestran tajantes: Exigen al «Gobierno, a su Presidente, y a los responsables de los Grupos parlamentarios la retirada del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, aún posible en la tramitación parlamentaria pendiente, con el fin de restaurar el necesario consenso en esta materia, pensando en el bien de nuestra convivencia y en el futuro de nuestra democracia».