Sánchez y Aragonés acuerdan reunir a la mesa de diálogo la última semana de julio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat de Catalulña, Pere Aragonès han estado reunidos este vienes en Moncloa una hora y cuarenta y cinco minutos. Es el primer encuentro que se produce tras el choque entre Estado y Generalitat por el presunto espionaje con Pegasus y tras dos reuniones de las delegaciones de ambas partes para iniciar el deshielo de las relaciones, entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y la consejera de ramo, Laura Vilagrà.

Según informan fuentes gubernamentales, tras la reunión, ambos presidentes han acordado que la próxima reunión de la mesa de diálogo y negociación entre ambos gobiernos se celebrará en Madrid la última semana de julio. Pero, en contra de las dos primeras citas celebradas en los dos últimos años, ni el presidente del Gobierno, ni el president de la Generalitat participarán en la misma. Sobre el foro, el acuerdo marco pactado la semana pasada fija un “mínimo” de dos convocatorias de la mesa antes de terminar 2022 -la primera la semana que viene-, constata que se celebrarán indistintamente en Madrid y Barcelona y avisa que “las partes irán valorando y pactando el número de reuniones que se considera necesario celebrar” más adelante.

Desde el Ejecutivo han valorado la cita de este viernes de “correcta” y la enmarcan dentro de la “recuperación de la normalidad” entre el Gobierno de España y Cataluña. La reunión es el primer encuentro formal entre ambos y que llega después de un inicio de recuperación de las relaciones entre el Gobierno y ERC, en el ámbito parlamentario. Precisamente, los republicanos facilitaron el real decreto anticrisis por Ucrania este mismo jueves en el Congreso de los Diputados, con su voto a favor. Un gesto notable frente al voto en contra que marcó ERC en el primer decreto anticrisis.

La convocatoria inminente de la mesa de diálogo, congelada desde septiembre de 2021, era una posibilidad que Gobierno y Generalitat acordaron la semana pasada en la reunión preparatoria entre el ministro de la Presidencia Félix Bolaños y la consejera Laura Vilagrà, los escuderos políticos de Sánchez y Aragonès. Sin embargo, fuentes gubernamentales descartaban este jueves la posibilidad de que la mesa de diálogo se convocase tras la reunión al más alto nivel en Moncloa, un acuerdo que finalmente sí se ha cristalizado.

En el documento marco que pactaron en la Generalitat, una especie de hoja de ruta sin demasiadas concreciones, ambos ejecutivos hablaban de “superar la judicialización”, reafirmaron la apuesta por la vía del diálogo y “las soluciones políticas” y se comprometieron a convocar “como mínimo” dos reuniones de la mesa de negociación antes de final de año, la primera ya programada para antes de vacaciones.

Hasta el momento, Gobierno y Generalitat han encabezado tan sólo dos reuniones de la mesa de diálogo, y las dos sin ningún resultado palpable más allá de constatar el “conflicto político” y agotar la vía de la negociación. La primera se celebró en febrero de 2020 en Moncloa, cuando era Quim Torra el president de la Generalitat. La última fue en septiembre en la Generalitat con Pere Aragonès al frente y sin Junts en el foro.

En Moncloa, en los últimos meses se incidía en que si se celebraba la cita debía ser para llegar a acuerdos. Sin embargo, tras la reunión, el Ejecutivo no ha aclarado si se ha producido algún avance para convocar la mesa de diálogo. La portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez ha mantenido que los acuerdos que se alcancen deben ser “representativos de una mayoría social, amplia y trasversal”. “El Gobierno y ambas organizaciones no han cesado en trabajar para despejar distintos asuntos. Se ha avanzado en la agenda del reencuentro”, ha recalcado.

La ministra, de hecho, ha pedido que todos los partidos que conformen el Gobierno de España y de la Generalitat participen en la reunión. Es decir, el Ejecutivo ve como “deseable” que Junts per Cataluña participe en la mesa de diálogo. “Para que el diálogo sea positivo todos tenemos que estar representados”, ha incidido, dejando en la pelota de Junts las consecuencias de su decisión. “Quién decida no participar después tendrá que explicarse ante los catalanes”.

En cuanto a la petición de los independentistas este mismo jueves en el Congreso para reformar el delito de rebelión y sedición, la ministra ha asegurado que es un tema que no se ha tratado en la cita. En Moncloa insisten que la posición del Gobierno sobre la causa independentista “sigue siendo la misma” e inciden en que en cuanto a este asunto Gobierno y Generalitat siguen manteniendo “posiciones muy distintas”.

Aragonès pide “primeros acuerdos parciales”

Como ya se ha convertido en habitual en este tipo de cumbres, las explicaciones de Pere Aragonès han sido distintas en la forma, con un tono más elevado para presionar al Gobierno y contentar al independentismo. El president se ha desplazado hasta la sede del Govern en el centro de Madrid para valorar la reunión bajo dos premisas claras: el foro debe servir para concretar y pactar medidas sobre la “desjudicialización” del procés -lo que ERC llama la “agenda antirrepresiva”- y hasta que no se produzcan avances en este sentido no se normalizarán las relaciones. “Es una piedra en el camino”, ha advertido tras puntualizar que el “conflicto político” no quedará resuelto hasta que no se aborde la “autodeterminación”.

Un discurso que llega después de que el propio Govern haya diluido sus reclamaciones sobre un hipotético referéndum con el objetivo de centrarse en la “amnistía” -la petición de máximos que pone encima de la mesa- y exigir medidas concretas para “poner fin o revertir la judicialización” del “procés”. Es decir, a las causas que el independentismo acumula ante la justicia. Saber cuáles son es la gran incógnita a resolver frente al hermetismo de las partes y a la opacidad informativa. Aragonès ha hablado de “dar forma a los primeros acuerdos parciales y abrir vías de trabajo”, aunque apenas ha concretado ante la insistencia de las preguntas sobre una posible reforma del delito de sedición.

Al margen de los cambios en el Código Penal que ERC abrazaría, los republicanos llevan días hablando, por ejemplo, de “garantizar que la disposición penal sobre malversación de fondos se aplique de manera que la responsabilidad surja cuando se puedan cuantificar pérdidas reales contra el presupuesto o el patrimonio del Estado”; de cambios en el Tribunal de Cuentas o miran hacia el Constitucional por los recursos sobre los indultos a los presos del «procés» –entre ellos a Oriol Junqueras– pendientes de resolver.

Sí que ha sido algo más claro Pere Aragonès sobre la situación de Carles Puigdemont. A pesar de no aclarar si ha abordado con Pedro Sánchez las conclusiones del abogado general de la justicia europea -quien ha dado la razón a Pablo Llarena allanando así la extradición del expresident- ha cerrado filas y ha asegurado que no incluirá la situación específica de Puigdemont en la mesa. “No negociaré la situación de Puigdemont con el Gobierno”, ha repetido hasta en dos ocasiones recordando que así lo exigió el posconvergente. “Él tiene su estrategia y la respeto, como no podía ser de otra manera”, ha zanjado.