Baltasar Garzón acude a la ONU para que el Gobierno avale su “reingreso efectivo” en la judicatura

El exjuez Baltasar Garzón ha recurrido al relator especial para el seguimiento de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que haga cumplir su dictamen de agosto del pasado año que considera que fue apartado de la carrera judicial -tras ser condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo- de forma “arbitraria” y vulnerando sus derechos fundamentales.

En el escrito, Garzón apremia a la ONU a que haga cumplir al Gobierno de Pedro Sánchez la “obligación de otorgar la reparación integral” al condenado, que incluya su reingreso en la judicatura, recuperando por tanto su plaza como titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ahora tiene al frente al juez Santiago Pedraz.

Entre las medidas de esa “reparación integral” que reclama Garzón se incluyen asimismo “la eliminación de sus antecedentes penales” -el entonces magistrado de la Audiencia Nacional fue condenado en febrero de 2012 a once años de inhabilitación por autorizar las escuchar en prisión de conversaciones entre los principales imputados de la “trama Gürtel” y sus abogados- y la “emisión de una disculpa pública por parte del Estado”. Ese desagravio también contempla el pago de una indemnización por “daños materiales y morales sufridos” y la modificación de la legislación española para que la situación no se repita.

El Supremo no consideró vinculante el dictamen

El Tribunal Constitucional rechazo revisar la condena a Garzón, cuyo recurso de amparo inadmitió. El exjuez tampoco encontró eco a sus pretensiones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero sí hace un año en el citado comité de las Naciones Unidas. Pero la propia Sala Penal del Tribunal Supremo se encargó de recordar, como adelantó este periódico, que solo las resoluciones del TEDH propician la revisión de sus sentencias. Los magistrados del alto tribunal dejaron claro que “no procede equiparar las sentencias del TEDH con las recomendaciones o dictámenes de los distintos comités de las variadas organizaciones internacionales que se pronuncian sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derechos humanos”.

Garzón, sin embargo, esgrime ese dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU -que dio un plazo de seis meses, luego ampliado hasta el pasado abril, al Gobierno para hacer efectiva esa reparación integral- y traslada ahora al relator especial su “profunda preocupación por la falta de cumplimiento” por parte del Ejecutivo español.

En el escrito remitido al comité de Naciones Unidas, la abogada de Garzón, Helen Duffy, subraya que la resolución de hace un año consideró “arbitrarios” los procesos penales contra el entonces juez de la Audiencia Nacional, “tanto en el caso del franquismo como en el caso Gürtel” porque un juez “no debe estar sujeto a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones”. Además, defiende que “los tribunales españoles carecían de la necesaria independencia e imparcialidad en su gestión de los casos” contra él y subraya que se produjo un “solapamiento de los magistrados implicados en las fases de instrucción y de juicio oral”.

El comité de Derechos Humanos estableció asimismo -recuerda- que su derecho a un juicio justo fue vulnerado “al negársele cualquier derecho de apelación” (como sucede, por otra parte, con todos los aforados que son juzgados ante el Tribunal Supremo, cuyas sentencias no son recurribles ante una instancia jurisdiccional nacional superior).

“Hace tiempo que el Estado español -se queja Duffy- debería haber abordado las notorias violaciones establecidas en este caso” y proporcionar a Garzón “la reparación exigida por la ley”, comprometiéndose a “evitar la manipulación del derecho penal y el ataque a la independencia judicial que representa este caso”.