“Mikel Antza” y “Anboto” callan sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

Los ex dirigentes de ETA Mikel Albisu, “Mikel Antza” y Soledad Iparraguirre, “Anboto” se han negado a declarar sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1996. Ambos han comparecido como imputados -el primero de forma presencial y “Anboto” por videoconferencia desde prisión, donde cumple condena- en la causa en la que se investiga la supuesta responsabilidad de la excúpula de ETA en la acción criminal tras la querella interpuesta por Dignidad y Justicia (DyJ) contra nueve exdirigentes etarras.

Según fuentes jurídicas, “Mikel Antza” (imputado también por el asesinato de Gregorio Ordóñez) ha esgrimido que ya fue condenado en Francia por asociación de malhechores y cumplió su condena (lo mismo que esgrimió sin éxito José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, en relación con el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987). El instructor le ha aclarado entonces que ese hecho no tenía nada que ver y le ha preguntado si quería declarar en relación a esta causa, a lo que se ha negado el exjefe de ETA.

En cuanto a Iparraguirre, ha esgrimido que no fue entregada por Francia por estos hechos, por lo que se ha acogido al principio de especialidad, según las mismas fuentes, para no declarar en relación al asesinato del edil de Ermua.

Retirada de pasaporte y prohibición de salir de España

García Castellón ha acordado la libertad provisional de “Mikel Antza” al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas o reiteración delictiva, pero a petición de Dignidad y Justicia, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el PP (la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares), le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España, unas medidas cautelares que ya le impuso el juez que investiga el asesinato de Gregorio Ordóñez. Además, también le obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado y a facilitar un domicilio y un teléfono para estar localizable.

En la resolución en la que acuerda la medida, el instructor sostiene que no ve riesgo de fuga porque Albisu “se encuentra localizado, posee arraigo en España y no se infiere que vaya a evadirse de la acción de la Justicia”. Además, añade, la investigación se encuentra en un estado embrionario tras su reapertura y no resulta inminente la celebración del juicio.

En cuanto a la destrucción de pruebas, afirma que transcurridos más de 25 años del secuestro y asesinato del edil, no se puede afirmar que se puedan destruir pruebas. Y respecto a la reiteración delictiva, tampoco aprecia riesgo “ante la disolución de la organización terrorista ETA y el cese de sus actividades criminales”.

La Guardia Civil no concreta dónde se encontraba

Pero García Castellón va más allá y precisa que pese al “detallado y exhaustivo” informe de la Guardia Civil que señala a “Mikel Antza” como uno de los integrantes de la cúpula etarra que dio la orden de cometer la acción criminal, “no se concreta, en el específico momento de comisión del hecho delictivo, el lugar físico en que se encontraba”, un aspecto que -subraya- “ha de tenerse en cuenta en este momento en que se decide sobre la imposición de medidas cautelares”.

Tras la comparecencia, la abogada de Dignidad y Justicia, Vanessa Santiago, ha afirmado que las investigaciones a la excúpula de ETA suponen “un soplo de aire fresco” por parte de la Justicia dada la “situación política actual”. La letrada se ha felicitado de que haya “jueces valientes dispuestos a investigar al comité ejecutivo de ETA por hechos tan deleznables” como el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Por su parte, la abogada de ambos etarras, Amaia Izko, ha asegurado que las causas reabiertas en los últimos meses “no tienen base ni en la legislación ni en la jurisprudencia” y está “fuera de cualquier tiempo”. La letrada se ha mostrado convencida de que “si antes se hacía con la excusa de luchar contra ETA, ahora solo se puede hacer por venganza y para ganar en el territorio de la Audiencia Nacional la batalla del relato que no consiguen ganar en lo político y lo social”.

En el auto en el que acordaba su imputación y la de José Javier Arizcuren Ruiz, “Kantauri”, el instructor concluía que pese a no ser los ejecutores materiales del secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, existen indicios de su participación por omisión, dada “la posición de dominio que ostentaba el órgano ejecutivo de la organización terrorista”, por lo que tuvo una “capacidad real”, durante las 48 horas que duró el secuestro, “para poder detenerlo”.

García Castellón decidió apartar del procedimiento a Ignacio Gracia Arregui, “Iñaki de Rentería”, al considerar que su posible responsabilidad penal ha prescrito al haber transcurrido más de 20 años desde su detención en 2000 sin que el procedimiento se haya dirigido contra él. Tanto la Fiscalía como el PP y Dignidad y Justicia (DyJ) han recurrido esa decisión.

Dos históricos de la banda terrorista

“Mikel Antza” fue desde mediados de 1994 y hasta su detención el 3 de octubre de 2004 en Salies de Bearn (Francia) el responsable del “aparato político” de ETA, por lo que en ese periodo formó parte de la Zuba o comité ejecutivo de la banda terrorista.

Según consta en el auto en el que se acuerda su imputación por estos hechos, tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) en 1992, fue uno de los dirigentes etarras que consiguió reorganizar la banda criminal “estructural y operativamente”. Como integrante de la nueva dirección, puso en marcha una nueva estrategia de desestabilización que incluía “la elección de cargos políticos del Partido Popular y del PSOE como objetivos de atentados”.

Como responsable del “aparato político”, le correspondía diseñar la estrategia “política” de la organización terrorista y “coordinar su actuación con los organismos y estructuras de su entramado de apoyo”. El juez le imputa, como al resto de investigados, delitos de asesinato y secuestro terroristas, castigados con penas de 30 y 20 años de prisión, respectivamente

En cuanto a Soledad Iparraguirre, fue la principal responsable de los “comandos legales” y dirigente del “aparato militar” entre principios de 1993 y finales de 1998, cuando empezó a desarrollar otras funciones directivas relacionadas con la gestión de las finanzas de ETA y el control de los “zulos”. García Castellón considera que tenía una “participación en la dirección de las acciones terroristas y fijaba los objetivos potenciales de las mismas”.

Plenamente conocedores

Por estos hechos ya fueron condenados los autores materiales del secuestro y asesinato -Javier García Gaztelu, “Txapote”, Irantzu Gallastegui y José Luis Gueresta-. Pero según consta en la sentencia condenatoria, “cometieron la acción terrorista siguiendo las instrucciones recibidas por la dirección de ETA”.

El instructor sostiene que los investigados pudieron haber evitado el asesinato de Miguel Ángel Blanco pues ostentaban “suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización”. Eran, por tanto, “plenamente conocedores” del secuestro del edil del PP porque no solo habían “decidido, planificado y ordenado” la acción criminal, sino porque la propia cúpula etarra se responsabilizó del secuestro a través de un comunicado “justificando la acción terrorista”.

En la querella que propició la imputación de estos tres exjefes de ETA, el abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias señalaba a los integrantes de la Zuba como autores mediatos por el dominio que tenían de la organización terrorista, que en cualquier momento les hubiera permitido evitar la ejecución del concejal del PP en Ermua.

García Castellón esgrime en ese auto que Miguel Ángel Blanco se había convertido, como miembro del PP, “en objetivo preferente de ETA, no ya del comando Donosti, sino de toda la organización terrorista, a través del comité ejecutivo de la misma, que en el verano de 1997 buscaba con urgencia secuestrar y asesinar a un cargo electo de la referida formación política”. El secuestro de un concejal era entonces, recalcaba el magistrado, “una prioridad absoluta” para la dirección de ETA, una acción criminal que considera no pudo llevarse a cabo al margen de la cúpula etarra.