Dignidad y Justicia carga contra la Fiscalía: “Debería tener criterio jurídico y no político”

Daniel Portero denuncia que Sánchez “está maniobrando para desactivar, a petición de Bildu, las siete causas que coordinan jueces diferentes contra los jefes de ETA”

El exjefe de ETA Miguel Albisu, "Mikel Antza" (izda.), acude a declarar a la Audiencia Nacional el pasado jueves por el asesinato de Miguel Ángel Blanco
El exjefe de ETA Miguel Albisu, "Mikel Antza" (izda.), acude a declarar a la Audiencia Nacional el pasado jueves por el asesinato de Miguel Ángel Blanco FOTO: Ricardo Rubio Europa Press

El cambio de criterio de la Fiscalía, avalado por el futuro fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la investigación contra tres exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco ha generado inquietud en las víctimas. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia (DyJ) ha expresado en un comunicado la preocupación de la asociación que preside “por los últimos movimientos” que se han producido en la Fiscalía “, que a su entender “podrían politizar los procedimientos reabiertos en la Audiencia Nacional contra los jefes de ETA que ordenaron, entre otros, el asesinato de Miguel Ángel Blanco”.

Y es que, en contra de lo mantenido hasta ahora por el fiscal del caso, Vicente González Mota (que pidió ser relevado del caso por negarse a asumir el cambio de criterio), la Fiscalía defiende que el plazo de veinte años de prescripción debe computarse desde que se produjeron los hechos y no desde la detención de los investigados. Con esa premisa, no se podría investigar penalmente a los exdirigentes de ETA Mikel Albisu, “Mikel Antza” (actualmente en libertad), Soledad Iparraguirre, “Anboto” (que cumple condena por varios atentados) e Ignacio Gracia Arregui, “Iñaki de Rentería” (también en libertad y el único al que el instructor ha apartado del procedimiento pues fue detenidos en 2000 y han pasado más de veinte años sin que el procedimiento se dirigiera contra él, aunque tanto el fiscal González Mota como DyJ y el PP han recurrido esa decisión).

Con el nuevo criterio del Ministerio Público -que fue avalado por Álvaro García Ortiz, el todavía jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y futuro fiscal general del Estado, a quien el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso le planteó la controversia-, el único exjefe de ETA al que se podría investigar por el secuestro y asesinato del edil de Ermua en julio de 1997 sería José Javier Arizkuren Ruiz, “Kantauri”, pues en 2016 se cursó una orden de entrega que interrumpió el plazo de prescripción de los 20 años.

“En este viraje hay motivaciones políticas”

Dignidad y Justicia se queja de que tras el anuncio del nombramiento de García Ortiz como próximo fiscal general, el Ministerio Público “ha cambiado al encargado de la acusación en el caso Miguel Ángel Blanco y ha desvelado su intención de no seguir impulsando el procedimiento”.

Portero considera que “en este viraje hay motivaciones políticas”. “Lo ha hecho de cara a la galería, para que lo vean los dirigentes de Bildu que están sosteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez”, asegura el presidente de DyJ, para quien la Fiscalía “debería tener criterio jurídico, y no político”.

El presidente de Dignidad y Justicia, no obstante, está dispuesto a seguir impulsando el procedimiento porque, recuerda, “lo importante es lo que determinen los jueces”. Y defiende que su actuación está respaldada por “una sólida argumentación jurídica basada en numerosa jurisprudencia y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos firmado por España”.

“Está claro que Sánchez está maniobrando a petición de Bildu para desactivar las siete causas que magistrados diferentes están instruyendo, pero no vamos a amedrentarnos”, asegura el hijo del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero -asesinado por ETA en 2000-, horas después de que el Gobierno haya decidido acercar al País Vasco a Juan Antonio Olarra Guridi, el etarra que cumple condena por ordenar el asesinato de su padre.