La Fiscalía niega que haya recibido “instrucciones políticas” en las causas contra los exjefes de ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha salido al paso de la polémica generada por el cambio de criterio en la causa en la que se investiga a tres exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y, a través de un comunicado, niega que haya recibido cualquier tipo de directrices, “y menos de carácter político”.

“Ni en ese procedimiento ni en ningún otro se han recibido directrices de ningún tipo, y menos de carácter político, como parece insinuarse en algunos medios, por cuanto la fiscalía solo se rige por criterios legales y jurisprudenciales”, defiende el departamento que dirige Jesús Alonso, que subraya que “los criterios de actuación siguen siendo los mismos que existían al momento de la reapertura”.

El Ministerio Público hace hincapié en que la prescripción que defiende (que impediría perseguir penalmente a los investigados salvo al ex dirigente etarra José Javier Arizkuren Ruiz, “Kantauri”), que ha sido avalada por el futuro fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, “se ha de declarar en el momento procesal oportuno”. Pero en todo caso, añade, eso “no impide ni obstaculiza estas primeras investigaciones” abiertas en los distintos juzgados de la Audiencia Nacional. Unas reaperturas instadas en su mayoría por Dignidad y Justicia que, subraya, “no se puede ni debe olvidar, siempre han contado y seguirán contando con el apoyo del Ministerio Publico”.

Insiste en la prescripción, pero avala que se investigue

Eso sí, la Fiscalía de la Audiencia Nacional reitera que la aplicación de la prescripción en nuestro ordenamiento jurídico “es un concepto pacífico” desde Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

“Desde dicho momento el cómputo de la misma comienza con el hecho delictivo y se interrumpe cuando el procedimiento de dirige contra persona concreta mediante acto de imputación”, señala en contra del criterio mantenido por el hasta ahora fiscal del caso, Vicente González Mota, que defiende que ese plazo comienza a computarse desde que se detuvo a los investigados y fueron puestos a disposición de la Justicia.

La Fiscalía se reivindica en el comunicado y asegura que en este procedimiento como en tantos otros “ha ejercido, ejerce y seguirá ejerciendo las labores que la Constitución y el Estatuto Orgánico nos confieren: promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados”. Velando en todo caso, añade, “por la independencia de los tribunales” y procurando ante los mismos “la satisfacción del interés social, con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad”.

Más de una veintena de exjefes de ETA, investigados

Y deja claro que la Fiscalía de la Audiencia Nacional “continuará ejerciendo sus funciones como hasta el momento lo ha venido haciendo: con profesionalidad, legalidad, y lealtad”, como “demuestra a diario en los distintos recursos ante el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales y administrativos”.

En la actualidad varios jueces de la Audiencia Nacional investigan a más de una veintena de exjefes de ETA, entre otros por los asesinatos de Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y el juez José Francisco Querol, y por los atentados de Santa Pola, la T-4, la casa cuartel de Zaragoza, el que tuvo lugar contra una comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa en 2008 y el asesinato de dos policías en Sangüesa en 2003.

Entre los investigados -además de “Kantauri”, “Mikel Antza”, “Iñaki de Rentería” o “Anboto”- figuran históricos exdirigentes de ETA como José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”; Juan Carlos Iglesias Chouzas, “Gadafi”; Javier García Gaztelu, “Txapote”; Garikoitz Aspiazu, “Txeroki”; Mikel Carrera Sarobe, “Ata” y Aitzol Iriondo.