Del supervisor del CNI a un juez del proces: los opciones que baraja el CGPJ para el TC

Despejado el obstáculo legal que impedía al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que, junto a los otros dos que designará el Gobierno de Pedro Sánchez, garantizarán una mayoría progresista en el tribunal de garantías, el órgano de gobierno de los jueces deberá abordar a la vuelta de las vacaciones esos nombramientos. Y con un Pleno ya convocado a tal efecto por el presidente de la institución, Carlos Lesmes, el próximo 8 de septiembre, la incógnita reside ahora en saber, por un lado, cuántos plenos necesitará el Consejo para llevar a buen puerto la designación de esos dos candidatos y, por otro, en conocer la identidad de los elegidos.

En cuanto a lo primero, la votación del Pleno que avaló el pasado día 21 la propuesta de nombramiento de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado ya dio algunas pistas. Doce vocales –los mismos que hacen falta para sacar adelante la elección de los dos magistrados del Constitucional, que tradicionalmente se reparten progresistas y conservadores– respaldaron la designación del actual jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y hasta ahora «mano derecha» de Dolores Delgado, una decisión a la que se opusieron siete vocales conservadores que firmaron, además, un voto particular muy crítico con el candidato, cuestionando su apariencia de imparcialidad por su supuesta cercanía al PSOE.

Si esa mayoría se repite –encabezada por Lesmes y secundada por el bloque progresista y los vocales conservadores Vicente Guilarte, Wenceslao Olea y Juan Martínez Moya–, la fumata blanca en el CGPJ en torno a los dos candidatos puede producirse antes de lo esperado, lo que aceleraría la consiguiente renovación del Tribunal Constitucional, verdadero objetivo del Gobierno con la reciente reforma legal que modifica la que PSOE y Podemos impulsaron el año pasado para forzar al PP a negociar el relevo en el CGPJ (en funciones desde diciembre de 2018), que impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos con el mandato expirado. Una limitación de funciones que ha provocado que, tal y como informó LA RAZÓN, sean ya más de 60 las vacantes judiciales sin cubrir (serán 75 a final de año si continúa el bloqueo), 14 de ellas en el Supremo.

La votación al fiscal general “alumbra una mayoría”

«La votación alumbra una mayoría suficiente para que haya nombramiento. Si esa mayoría se consolida, el mismo 8 de septiembre habrá ya una decisión», vaticinan fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Y en cuanto a los candidatos, y aunque fuentes del CGPJ avisan de que hasta el Pleno del próximo septiembre «queda mucho recorrido», ya empiezan a circular entre los vocales los primeros nombres en las inevitables quinielas, siempre supeditadas al ineludible consenso.

Entre esos candidatos descuella el nombre del magistrado Pablo Lucas, que según apuntan esas mismas fuentes seguro estará sobre la mesa de la negociación. Lucas, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, es el encargado –desde 2009– de autorizar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que afectan al ejercicio de los derechos fundamentales (como las escuchas telefónicas o los registros domiciliarios). Próximo a la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, su nombre saltó a la palestra en julio de 2020 por ser el ponente (encargado de redactar la resolución) de la sentencia que puso fin al tira y afloja judicial sobre el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, avalando que se llevaran al cementerio de Mingorrubio y cerrando la puerta a que fueran inhumados en la cripta de la catedral de La Almudena, como pretendía la familia Franco.

Una abstención y un voto más

Elegido magistrado del Tribunal Supremo en 2001 por el turno de juristas de reconocido prestigio, en la actualidad está integrado en la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso y es también miembro de la Sala de Gobierno del alto tribunal. Designado en 2009 por el CGPJ como magistrado encargado del control judicial previo del CNI, ha sido renovado en el cargo dos veces, la última en 2019. Lucas, con fama de moderado, podría aglutinar en torno a su candidatura el consenso necesario, pero fuentes del bloque conservador del CGPJ puntualizan que «aunque se le quiere presentar como un candidato de consenso, es un hombre de honda raigambre socialista».

Si finalmente la candidatura de Lucas se pone sobre la mesa, se abre un escenario incierto en cuanto al resultado de la votación pues su hermano, el vocal Enrique Lucas, debería abstenerse, con lo que uno de los siete vocales conservadores que se opusieron al nombramiento del nuevo fiscal general debería apoyarle para sumar esos doce votos que garantizan la mayoría de 3/5.

Entre los nombres que asoman en las inevitables quinielas figura también el del actual presidente de la Sala Militar del Tribunal Supremo, Jacobo Barja de Quiroga. El magistrado progresista fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001. Pero fuentes del órgano de gobierno del poder judicial elucubran con que su propuesta sería en todo caso una candidatura «liebre» del sector progresista «para que no figure Lucas como candidato único».

El nombre de la magistrada progresista Ana Ferrer, que formó parte del tribunal del «procés», también ha salido a la palestra, pero según las fuentes consultadas «aunque su nombre siempre está en las quinielas, tiene más probabilidades de figurar como candidata del Gobierno».

Dos posibles candidatos conservadores

Ya entre los posibles candidatos del bloque conservador, el magistrado de la Sala Penal del Supremo Antonio del Moral se apunta como una posible opción (quienes se postulen deben presentar al CGPJ su candidatura o bien ser propuestos por alguno de los vocales). Proveniente de la carrera fiscal y magistrado del alto tribunal desde 2012, Del Moral fue también uno de los miembros del tribunal que condenó a los líderes del proceso soberanista en Cataluña.

Ignacio Sancho, magistrado de la Sala Civil del TS, es también otro de los nombres que suenan como candidato que podría obtener el respaldo del bloque conservador.

Sobrevolando todo este proceso, una fecha, la del 13 de septiembre, que marca la ley como tope para que el CGPJ elija a los dos jueces del TC, aunque el propio Lesmes ya se ha encargado de precisar que para no superarla será necesario que haya consenso.

Mientras, ayer mismo el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, aseguró –tras reunirse en San Sebastián con la ministra de Justicia, Pilar Llop– que la renovación del CGPJ es «urgente y necesaria» al ser «lo prioritario», informa Efe.