El Gobierno se parapeta en el «no» del PP para evitar tocar el delito de sedición

Máximo hermetismo. Gobierno y Generalitat trabajan con total discreción en la reunión de la mesa de diálogo que se celebra hoy en Moncloa, diez meses después de su último encuentro. Ni filtraciones ni declaraciones altisonantes. Ya se anticipó que se daría un perfil bajo a los preparatorios y que solo habría convocatoria pública cuando estuvieran en condiciones de rubricar «acuerdos concretos» en la misma. Evitando así generar expectativas y esa sensación de que el balón sigue rodando azarosamente, pero sin marcar ningún resultado tangible. Las conversaciones están capitaneadas por quienes tienen un papel protagonista: la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que han sido los encargados de encauzar la relación en su momento más crítico, tras la «crisis de Pegasus», con hasta tres encuentros en solitario.

A ambas partes les interesa seguir recorriendo el camino. Y trasladar una sensación ejecutiva, esto es, que no se pueda hablar de fracaso tras el encuentro. ERC necesita incentivos para seguir sujetando al Gobierno y pertrecharse de argumentos en la guerra abierta que mantiene con Junts. Por su parte, en el Ejecutivo creen que el de hoy es un buen punto de partida para recabar el apoyo de los republicanos a los Presupuestos. Los del Estado y los de la Generalitat. Ambos saben que los unos y los otros se necesitan. En Cataluña, porque sin Junts los Presupuestos naufragarían sin el PSC. Y en Madrid, porque sin ERC, que tampoco se torna muy fiable, no hay garantías de superar el bloqueo de PP y Vox.

A la reunión, que se celebrará en Madrid, asistirán por parte del Ejecutivo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y el ministro de Cultura y presidente del PSC, Miquel Iceta. Por su parte, Pere Aragonés esperó hasta el último momento para dar a conocer la delegación catalana. Tomó la decisión tras la reunión del Govern donde Junts se mantuvo en sus trece y se negó a formar parte de la misma, lo que acentúa el cisma entre las dos formaciones del Govern.

De esta forma, estará formada por la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, que ha llevado en el máximo secreto la preparación de la reunión con Félix Bolaños; el conseller de Empresa, Roger Torrent, y tras hablar con Aragonés se incorpora el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, considerado un hombre de Oriol Junqueras y con una relación fluida con Aragonés. Además, Elena ex militante socialista mantiene buenas relaciones con Miquel Iceta, presidente del PSC. Cierra la lista la consellera de Cultura, Natalia Garriga, porque ERC espera que el Gobierno haga algún movimiento en materia de blindaje del catalán, tras la polémica suscitada a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que la Generalitat ha aceptado a regañadientes.

En Moncloa avanzan que habrá un documento muy concreto con los acuerdos, aunque está por ver en qué se traduce la llamada «desjudicialización» que se marcaron como objetivo Pedro Sánchez y Pere Aragonés en su reunión de hace doce días. El Gobierno habla de la «agenda de reencuentro» y los republicanos aprietan con la reforma del Código Penal para suavizar el delito de sedición. Esta adecuación a los criterios europeos y del siglo XXI es una modificación que el Ejecutivo central ha defendido en los últimos tiempos, pero que quedó relegada a un cajón. Por ahora, no se prevé que salga del mismo, dado que fuentes gubernamentales se aferran a la necesidad de abordar la reforma «con una mayoría potente» en el Congreso. Esta mayoría llegaría al umbral de la absoluta simplemente con los socios de la investidura, entre ellos ERC, pero para «un delito de este calado», en Moncloa consideran que «lo ideal» es contar con el PP. Esto supone tanto como parapetarse en su negativa para evitar impulsarlo ahora.

ERC sí quiere concretar la carpeta. Además, en los últimos días el Abogado General de la UE dio un varapalo a la defensa de Puigdemont y la líder de la izquierda independentista y antisistema, Anna Gabriel, se puso a disposición del Supremo después de tres años huida. Gabriel declarará acusada de desobediencia, lo que no contempla penas de cárcel. Y un último coletazo a esta situación, que planeará en las reuniones, es el caso de Marta Rovira, secretaria general de ERC exiliada en Suiza.