Moncloa asume la política lingüística del Govern con el blindaje del catalán

Gobierno y Generalitat se reunieron ayer en el marco de la “mesa de diálogo” en Moncloa para intentar afianzar su relación bilateral, después de una etapa convulsa y de máxima tensión a cuenta del escándalo “Pegasus”. La cita se desarrolló en un clima “sincero, amable y constructivo” y estuvo cargada de secretismo, con un hermetismo absoluto por parte de ambas delegaciones, que se reservaron hacer oficiales los avances que han alcanzado, sobre los que llevan semanas trabajando, hasta después de las intervenciones públicas de Félix Bolaños y Laura Vilagrà valorando el encuentro. Fuentes gubernamentales destacaban el “valor muy especial” de esta última convocatoria, porque en ella “empezamos a recoger frutos concretos con acuerdos específicos”

El ministro de la Presidencia compareció en Moncloa para detallar el grueso de los acuerdos, que se orientan en dos direcciones: “para superar la judicialización de la política y reforzar garantías de diálogo” y para reforzar la lengua catalana. En el primer aspecto, en lo relativo a la desjudicialización de la política, desde ERC se comprometen a desenvolverse “dentro del ordenamiento jurídico” y el “marco normativo”. Un punto y aparte respecto a los desafíos a la legalidad que se produjeron por sus dirigentes en 2017. En este sentido, se establece que “la renuncia a sacar la política de las reglas del juego democrático”.

En este contexto, no se ha avanzado, como querían desde Esquerra, en la revisión del delito de sedición. Una puesta por adecuarlo a los estándares normativos europeos que el Gobierno central mantiene, pero para la que considera que “no existe” ni un acuerdo, sobre el que trabajar, ni una “mayoría suficiente” para emprenderlo. Tal como publicaba hoy este diario, en Moncloa se parapetan en el “no” del PP para abordar la reforma del Código Penal en este sentido.

La otra pata del acuerdo es la relativa al impulso de la lengua catalana y su impulso en todos los niveles, reconociendo la diversidad lingüística como una “riqueza de nuestro país”. El Gobierno asume como propia la promoción del catalán, por tratarse de una lengua española, y lo defenderá en varias direcciones, entre ellas, dando autonomía a los centros educativos para que refuercen el castellano o el catalán en función de sus intereses. Este precepto está recogido en el artículo 8 de la ley sobre el uso de las lenguas oficiales en la escuela que el Parlament aprobó recientemente por amplia mayoría, una norma que el Ejecutivo considera “perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario”.

Es decir, el Gobierno se hace suya la política lingüística de la Generalitat con la inmersión en el centro del sistema y da carpetazo definitivo al 25% de castellano en las aulas, un porcentaje que ordenaron los tribunales a través de una sentencia marco del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avalada por el Supremo. Cabe recordar en este sentido que el independentismo impulsó una nueva ley en el Parlament -secundada también por el PSC de Salvador Illa- que no fija porcentajes lingüísticos como ordena la justicia, sigue blindando el catalán como lengua “vehicular” y “propia de Cataluña” y sitúa el castellano como idioma “de uso curricular” y no “de aprendizaje”, como así pedían en un inicio los socialistas.

Blindar el catalán y dar por enterrado definitivamente el 25% de castellano en la escuela es un aspecto capital para ERC. “Se trata de un elemento clave, nuclear”, ha admitido la propia consejera Laura Vilagrà en la comparecencia posterior a la mesa. La republicana ha recordado que el TSJC llevará ante el Tribunal Constitucional la normativa porque impide ejecutar la sentencia y aplicar el 25% de castellano en las aulas, y ha presumido de contar con e apoyo de la Moncloa: “El Gobierno da cobertura al Parlament”.

También se dará una “perspectiva lingüística a los proyectos legislativos” y se proyectará la diversidad lingüística en el exterior, solicitando que el catalán sea lengua de uso en el Parlamento Europeo e integrando a representantes de la Generalitat en las delegaciones que acudan a los foros internacionales donde se traten cuestiones lingüísticas. Desde el Gobierno anticipan que estos avances serán extensibles al resto de lenguas cooficiales que lo soliciten.

En Moncloa existe satisfacción, porque consideran que se ha dado un paso más en la forma de “hacer política útil”, poniendo en valor que en cuatro años de diálogo se ha conseguido más que en tres legislatura de enfrentamiento. “Queda mucho diálogo por delante, hoy no es un punto y final es un punto y aparte”, ha señalado Bolaños, anticipando que “cuando haya nuevos acuerdos, celebraremos una nueva mesa de diálogo y los expondremos públicamente”.

Como acostumbra a ser habitual, la Generalitat ha puesto el acento en sus reclamaciones y ha advertido que su empeño sigue siendo la “autodeterminación”. “EL conflicto no se resolverá hasta que la ciudadanía vote”, ha zanjado Vilagrà.