Sánchez entrega a Bolaños los secretos oficiales

Los efectos de la “crisis Pegasus” siguen coleando y, una vez restablecida la normalidad en la relación con ERC, el Gobierno avanza en otro de los compromisos que elevó el pasado 26 de mayo cuando, en plena polémica, aceptó desbloquear una de las cuestiones pendientes para sus socios: la normativa sobre secretos oficiales. Al inicio de la legislatura y a iniciativa del PNV, el Congreso aceptó tramitar, con el apoyo del PSOE, una legislación que lleva ya casi dos años bloqueada en la Cámara, con sistemáticos retrasos por ampliación del plazo de presentación de enmiendas.

El Gobierno decidió en la primavera de 2021 enterrarla e impulsar una reforma propia que verá hoy la luz. El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de esta tarde, cuando Pedro Sánchez regrese de la gira por los Balcanes Occidentales, el anteproyecto de ley de Información Clasificada. Así lo confirman fuentes gubernamentales que exponen que el objetivo de la norma es adaptar nuestra regulación en el tratamiento de esta documentación sensible al ordenamiento constitucional, en primer término, porque la ley actual es “preconstitucional” y data de 1968 y, en segundo lugar, homologarse a los estándares que manejan tanto en el seno de la Unión Europea como de la OTAN.

La principal novedad de la nueva ley radica en que la Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada pasa de estar residenciada en Defensa, a estarlo en el Ministerio de la Presidencia, que lidera Félix Bolaños. La Autoridad Nacional es la encargada de elevar los temas susceptibles de desclasificación al Consejo de Ministros, que sigue siendo, en último término, el órgano colegiado que toma la decisión de qué se desclasifica y cuándo.

Las nuevas funciones del Ministerio de la Presidencia suponen alimentar de recursos a esta cartera, pero, sobre todo, dotarla de mayor influencia porque pasará a tener competencias, entre otras, de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales de la materia. Bolaños ve así reforzado su poder dentro del Gabinete, asumiendo unas funciones que hasta ahora estaban en manos de Margarita Robles. Ambos ministerios ya tuvieron un choque a cuenta de la crisis del espionaje, cuando se descubrió que se había sustraído información del teléfono móvil de Sánchez, por la responsabilidad del control de la seguridad de las comunicaciones del presidente del Gobierno.

Aunque en Moncloa se apresuran a anticipar que el Ministerio de la Presidencia es, como ocurre en la gran mayoría de los países de nuestro entorno en la UE y en la OTAN donde se ubica la Autoridad Nacional, por tratarse de una cartera “más trasversal” y de “coordinación interministerial” que trasciende a los temas de Defensa - también hay industriales, de seguridad y económicos-, lo cierto es que durante los trabajos de redacción de la norma han existido tiranteces por el hecho de que Bolaños los centralizase en exclusiva y mantuviera al margen a Interior, Exteriores y Defensa -que es, además, ponente del anteproyecto- que sí tuvieron un papel cuando a Carmen Calvo se le encomendó asumir las riendas de la reforma. Fuentes gubernamentales aseguran ahora que la norma se ha visto con Margarita Robles y que en el último Consejo de Ministros dio su visto bueno al texto. “Le pareció bien”, sostienen para cerrar cualquier atisbo de polémica que pueda surgir.

El objetivo de la nueva ley, según aseguró el propio Sánchez recientemente en sede parlamentaria a preguntas del PNV, es adecuar al ordenamiento jurídico la desclasificación de documentos confidenciales y adaptarla a los estándares internacionales. “Nos va a homologar a las democracias más avanzadas, cumpliendo con los requerimientos de la normativa de la UE y de la OTAN y con los tratados internacionales suscritos por nuestro país”, destacó el presidente. En este sentido, en la ley se fijan cuatro categorías de protección, conforme a las normas comunes con nuestros socios europeos: alto secreto, secreto, confidencial y restringido.

En función de la categoría, los plazos de desclasificación de la documentación oscilarán desde los cuatro, para las cuestiones menos reservadas, hasta los 50 años, para las más sensibles, pudiendo prorrogarse en algunos casos. Esto será lo que se apruebe hoy en primera vuelta y el anteproyecto deberá negociarse luego con los grupos parlamentarios, que podrían hacer aportaciones. En Moncloa creen que es una ley que “va a sentar bien” a los socios, porque supone una evolución respecto a una norma “predemocrática”, pero hasta ahora, la vocación era trascender de la mayoría de la investidura y lograr un consenso más amplio, que incluyese también al PP, por tratarse de una cuestión sensible y de las consideradas de Estado.