Los plazos para desvelar los secretos, nuevo frente en la coalición

Podemos y los socios del Gobierno consideran excesivo que los documentos se clasifiquen 50 años

«Va a sentar bien a los socios». Así resolvían en la parte socialista del Gobierno la pregunta sobre si el anteproyecto de ley de Información Clasificada que el Consejo de Ministros aprobó ayer tendría apoyos suficientes para superar la andadura parlamentaria que ahora inicia. El Ejecutivo no ha negociado ni informado a la oposición –ni siquiera al PP, de quien esperaban respaldo por tratarse de una cuestión de Estado– y se aferran a que se supera una ley «predemocrática», la de secretos oficiales de 1968, para seducir a la mayoría de la investidura, pero esto no es suficiente para sus aliados dentro y fuera de la coalición. La nueva norma establece cuatro categorías de protección, conforme a las normas comunes de los socios europeos: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. En función de la categoría, los plazos de desclasificación de la documentación será de 50 años, prorrogables por 15 más, en el caso de alto secreto; de 40 años, prorrogables 10 años más, en los secretos; de entre 7 y 10 años en los de carácter confidencial y de entre cuatro y seis años para los considerados restringidos.

Son, precisamente, estos amplios plazos para desvelar los secretos oficiales los que han abierto otro frente en el seno de la coalición y con sus socios de la investidura. Absolutamente todas las formaciones que sustentan al Ejecutivo criticaron el anteproyecto. Unidas Podemos, PNV, ERC, Bildu y Más País elevaron ayer el tono y consideraron excesivo que los documentos se mantengan clasificados 50 años después. En este sentido, el socio minoritario de la coalición mostró su discrepancia y avanzó que negociará con el PSOE posibles cambios a la normativa cuando regrese de nuevo al Consejo de Ministros, en segunda vuelta, con el objetivo de reducir los plazos de desclasificación, ya que los morados consideran que España es una «democracia madura» y «tiene derecho a conocer su historia» a través de documentos que se mantienen secretos. No en vano, si se mantiene el plazo propuesto por el PSOE, los informes relativos a asuntos como el intento del golpe de Estado del 23-F todavía permanecería en un cajón durante unos años. Las críticas de los morados van más allá y consideran que es importante dialogar con los socios habituales del bloque de investidura para conocer su opinión y favorecer que se tramite la mejor norma posible cuando recale en las Cortes Generales, pues esos apoyos son fundamentales para que pueda aprobarse. De esta forma, aluden por ejemplo al caso del PNV, que en el Congreso hizo bandera de esta cuestión y llegó a registrar hace dos años una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, pero se mantuvo varada en la Cámara Baja.

De hecho, los de Aitor Esteban –cuya propuesta, que contó en un principio con el apoyo del PSOE, hablaba de plazos de 25 años para materias secretas y 10 para reservadas– tacharon de «bastante decepcionante» el anteproyecto porque los plazos se sitúan lejos de los planteados por su grupo, llegando incluso a doblarlos. En unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación también critican la demora de la tramitación de la nueva normativa, que llega seis años después de que su formación propusiera por primera vez reformar la ley. Además, pusieron el foco en el largo recorrido de tramitación que tiene por delante la futura norma y pusieron en duda que sea posible aprobarla en esta legislatura.

En la misma línea, el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, aseguró que no ve un «gran avance». Nuevamente, las cinco décadas previstas para descalificar los documentos le parecen mucho tiempo. «Una ley que se quiere aprobar para derogar una norma franquista de 1968, pero que al mismo tiempo prevea dejar sin desclasificar asuntos que pueden ir hasta 1962 (50 + 10 años en caso de prórroga), francamente no parece un gran avance, ¿verdad?», escribió en las redes. Un paso más allá fue el coordinador de su formación, Arnaldo Otegi, quien aseguró que se pretende ocultar «la guerra sucia» contra ETA cuando, según asegura, «es un secreto a voces» quiénes la organizaron y ordenaron.

También desde Más País, su portavoz, Íñigo Errejón, criticó la normativa porque a su juicio, «trata a los españoles como a menores». A través de las redes sociales dijo que «una democracia es tanto más fuerte cuanta más transparencia puede asumir» y a renglón seguido tachó el anteproyecto de ley de «decepcionante».

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia aseguró respetar las opiniones que se han expresado pero pidió esperar a que en los próximos días se haga público el texto, para conocer las aportaciones de los partidos. Unas aportaciones que se ha comprometido a «estudiar con el objetivo de mejorar el texto». Bolaños hizo hincapié en lo que él consideró «lo importante» y es que «se supera un vestigio franquista y se da un paso muy importante en regeneración democrática». «Estoy seguro de que conseguiremos los apoyos parlamentarios y seguro de que conseguiremos sacarlo adelante», dijo sobre la futura ley de Información Clasificada que espera que pueda estar aprobada a finales de este año o principios del que viene.