Las víctimas necesitan que se haga justicia

A las 20:15 horas de un día como hoy de hace 20 años, los terrorista Óscar Zelarain y Andoni Otegi hacían explosionar un coche bomba en el perímetro del cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola. Como consecuencia de la onda expansiva, perdieron la vida la niña de seis años Silvia Martínez, hija de uno de los guardias civiles que residían en el acuartelamiento, y el prejubilado de 57 años Cecilio Gallego, que se encontraba en ese momento esperando el autobús cerca de lugar donde se produjo la explosión.

Diez años después, la Audiencia Nacional condenó a 843 años de cárcel a los dos etarras, miembros del denominado «comando Argala», que colocaron el coche bomba sin previo aviso y en un momento en el que el cuartel estaba lleno. Ellos fueron los autores materiales del atentado, pero no quienes lo idearon ni quieres ostentaban la responsabilidad por dominio de la banda terrorista que en aquel verano, como en otro muchos, había puesto en marcha una nueva «campaña» de masacres destinadas a socializar el sufrimiento e infligir por esa vía el terror en la ciudadanía.

Los jefes que dieron las órdenes de llevar a cabo todos esos atentados, quienes podían haberlos evitado con solo haber levantado el teléfono para verbalizar la idea salieron de rositas de aquel procedimiento de la Audiencia Nacional. Jamás fueron perseguidos como autores mediatos. Hasta ahora.

Después de aquella sentencia que en 2012 condenó a Zelarain y a Otegi, tras otras muchas que se quedaron únicamente en quienes apretaron el gatillo y como continuación a un proceso de reflexión jurídica sobre cómo buscar a los culpables de 379 asesinatos de ETA que aún siguen sin resolver, Dignidad y Justicia ideó una estrategia en los tribunales para perseguir a esos autores escondidos que idearon los crímenes, que pudieron haberlos impedido y que, sin embargo, dejaron que se materializaran.

La semana pasada, a solo unos días de que se cumplieran 20 años del atentado de Santa Pola y, por lo tanto, de que se alcanzara la fecha tope para considerar el delito técnicamente prescrito, la Audiencia Nacional imputó a todos los dirigentes de ETA que ostentaban el cargo de jefe en el momento en que tuvo lugar el atentado. Era el segundo grupo de máximos responsables de la organización que el alto tribunal consideraba investigado tras haber concedido ese «estatus» a los líderes que idearon el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997.

Dignidad y Justicia espera, por supuesto, que no sea el último, pues mantiene otras cinco causas abiertas contra dirigentes de la organización. Las víctimas necesitan que se haga justicia, que los que planificaron los crímenes que acabaron con la vida de sus familiares sean juzgados y, si no han encontrado al autor material, que al menos el máximo responsable de dar la orden sea investigado.