El Congreso se reactiva con una ofensiva del PP contra varios ministros del Gobierno

La semana que viene se reactiva la actividad en el Congreso con dos sesiones parlamentarias: la Diputación Permanente el miércoles y el Pleno extraordinario el jueves. En ambas, el PP exhibirá su oposición a la línea de actuación del Gobierno de diversas maneras: en la Diputación Permanente, con una ofensiva para que comparezcan tres ministras (Teresa Ribera, Yolanda Díaz y Margarita Robles); y, en el Pleno, con el rechazo al decreto de medidas de ahorro energético.

En concreto, en la Diputación Permanente, los populares solicitan la comparecencia de Ribera por tres motivos: para que dé explicaciones sobre las medidas tomadas para la prevención de los incendios tras una verano en el que se han quemado en España ya casi 300.000 hectáreas, el peor año con diferencia desde que hay registros (se han quemado más hectáreas que entre 2018 y 2021); para abordar las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el consumo energético y el porqué ha habido una ausencia de diálogo con las autonomías; y, para que informe sobre la situación hidrológica tras la sequía que azota nuestro país y las actuaciones que tiene previstas para hacerle frente.

También solicitan la comparecencia de Díaz para que explique las causas de la mayor destrucción de empleo en un mes de julio desde 2001 y el peor dato de paro desde 2008 y la comparecencia de Robles para informar sobre las razones que justifican la retirada de agentes especializados del CNI en el País Vasco y Cataluña. Todas las solicitudes de comparecencia se votarán en la sesión del miércoles por la tarde en la Diputación Permanente.

Al día siguiente de la celebración de la Diputación Permanente, donde los populares quieren pedir explicaciones al Gobierno sobre cuestiones de máxima actualidad este verano, se desarrollará el Pleno, donde se votarán tres decretos. El más sonoro es el de las medidas de ahorro energético, donde el Gobierno sigue sin aunar los apoyos suficientes para aprobarlo y cuenta con un rechazo inicial tanto de ERC como del PNV, sus dos socios. Sí es cierto que todo apunta a que acabará obteniendo luz verde porque es un compromiso contraído con Bruselas, aunque hay muchas quejas y críticas por el diseño y contenido de la normativa (se ha elaborado sin consensos con el resto de administraciones públicas y se incluyen medidas que, a ojos de sus detractores, son muy restrictivas y que pueden entrar en conflicto con las competencias autonómicas).

Finalmente, los otros dos decretos son el de las nuevas bases de cotización de los autónomos, aprobado el 26 de julio; y el de medidas contra los incendios forestales, aprobado el 2 de agosto.

Asimismo, el Pleno también dará el visto bueno definitivo a otras tres leyes procedentes del Senado (la Ley del solo sí es sí; la reforma de la Ley de Ciencia; y, la reforma de la Ley Concursal). Con estas tres leyes, el Gobierno sumará este año 27 leyes aprobadas, una cifra todavía muy reducida comparado con el resto de años desde 1977 (tan solo once años se han aprobado menos leyes, entre ordinarias y orgánicas).

En cualquier caso, ambas sesiones parlamentarias servirán para reanudar la actividad política y poner rumbo al último curso antes de que concluya la legislatura y se convoquen elecciones generales, previsiblemente para finales de 2023. Por medio habrá un alto en el camino, con las elecciones municipales y autonómicas en mayo: hasta entonces, se prevé una dura y larga pugna entre un PP al que todas las encuestas dan como ganador y un PSOE tratando de remontar y endureciendo mucho el tono contra Alberto Núñez Feijóo.

Los próximos meses se prevén intensos a nivel legislativo porque el Gobierno quiere aprobar muchas de las leyes que tiene pendiente (entre las cuales destacan la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de vivienda), deberá recurrir seguramente a los decretos para afrontar determinadas urgencias en el contexto de incertidumbre en el que nos encontramos y porque Esquerra también exigirá que su agenda de “desjudicialización” pase por el Congreso, con la reforma del delito de sedición como principal elemento antes del 31 de diciembre.