Etarras huidos: un regreso sin rendir cuentas ante la Justicia

Una vez que los presos de ETA estén en cárceles del País Vasco y Navarra, lo que, según fuentes antiterroristas, culminará antes de Navidad en esta particular «operación Almendro», el siguiente paso, dentro de la estrategia general de beneficiar a los pistoleros, es resolver la situación de los huidos de la Justicia, o «refugiados», como los llaman desde ese mundo.

Circulan varias listas, con hasta 70 terroristas en esta situación, pero, según las citadas fuentes, son poco más de una decena los que tienen causas pendientes y están requisitoriados por la Justicia. Algunos de ellos están localizados, pero hay problemas para su extradición a España, con el riesgo que conlleva el paso del tiempo para la prescripción de sus crímenes. Hay otros que se hallan en ignorado paradero desde hace muchos años, aunque se cree que la mayoría se esconde en países de Iberoamérica.

Existen casos en que los etarras tienen una vida hecha en los países a los que huyeron, donde hasta contrajeron matrimonio, pero les interesa regularizar su situación para obtener el DNI y el pasaporte y venir a España cuando les venga en gana, siempre y cuando la Justicia no les haga comparecer y, en su caso, ingresar en prisión antes de que se celebren los juicios.

Y eso es lo que no quieren los etarras, después de tantos años de vida en libertad, estar en una celda. Por muchos crímenes que pesen sobre sus espaldas no entra en sus planes. Sobre todo, cuando ven lo que está ocurriendo en nuestro país, con el plan para favorecer a los presos que, poco a poco, conforme son acercados al País Vasco, alcanzan situaciones de semilibertad. Y tienen que aprovechar además los meses de Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de Bildu.

Entre los buscados, alguno de ellos localizado –aunque con los mencionados problemas para lograr su extradición–, se encuentran, según las citadas fuentes: Hilario Urbizu San Román; Luis María Olalde Quintela; Jose Ángel Uriz Zabaleta; Eusebio Barrutiabengoa; Ángel María Lizarbe Osés; Alberto Plazaola; Concepción Iglesias; Eusebio Arzallus Tapia; José Ignacio de Juana Chaos; José Luis Eciolaza Galan; Oier Eguidazu Bernas; Eneko Aguirresarobe Olagoy; Anartz Arambarri Echaniz; Asier Guridi; Jesús María Lariz, y José Antonio Olaizola.

Por los datos facilitados desde el entorno proetarra se admite que Olaizola está en Cabo Verde y Barrutiabengoa en Venezuela. Informan de que hay otros tres en Cabo Verde (Tomás Linaza, Emilio Martínez y Félix Manzanos) y otros tres en Cuba (Jesús Abrizqueta, José Arteaga e Ignacio Rodrígez Muñoa), pero no figuran en las listas de las Fuerzas de Seguridad.

Sobre Barrutiabengoa pesan numerosos imputaciones por acciones criminales en las que fueron asesinados miembros de las Fuerzas de Seguridad. Según investigaciones periodísticas, vivía en Caracas y trabajaba en una conocida firma que fabrica electrodomésticos.

Acerca de De Juana Chaos es sabido que regentaba una tienda de venta de alcohol en Chichiriviche, junto al parque nacional del mismo nombre, en el estado de Falcón en Venezuela. Como Zabarte y Olarra está localizado y no hay noticias de que pueda ser extraditado en breve a España.

Hilario Urbizu llegó a ser detenido en 2015 en Aguascalientes, México, gracias a las investigaciones de la Guardia Civil. El arresto era consecuencia de una Orden Internacional de Detención (OID), dictada por el Juzgado Central de Instrucción, número 1, de la Audiencia Nacional, por vía diplomática.

Caso aparte es el de José Luis Eciolaza, «Dienteputo». Desde que huyó a Francia tras ser desarticulado el «comando Gohierri», al que pertenecía, no se ha podido dar con su paradero. Entre otras imputaciones figura el ametrallamiento de nueve guardias civiles mientras almorzaban. Cuatro perdieron la vida, mientras que cinco quedaron malheridos. Un año más tarde «Dienteputo» y Miguel Ángel Goicoechea, «Txapela», muerto en una acción de un grupo ilegal anti ETA, mataron a la agente María José García Sánchez, la primera mujer policía asesinada por ETA, mientras trataban de escapar a una redada policial. Llegó a ser responsable de la banda en Iberoamérica.

También en ignorado paradero se halla Eusebio Arzallus, «Paticorto», que colaboró con la Nicaragua sandinista en labores de formación, servicios secretos y almacenamiento clandestino de explosivos y documentación. Arzallus protagonizó en 1993 un hecho que demostró las ramificaciones internacionales de ETA. El 27 de mayo se produjo una explosión en un taller mecánico del barrio de Santa Rosa de Managua que dejó al descubierto un arsenal que se escondían armas de la guerrilla salvadoreña, que supuestamente había firmado «la paz». Había documentación para secuestrar a diversas personalidades en distintos países americanos. «Paticorto» es un sujeto muy peligroso que se maneja en el mundo del crimen como pez en el agua. Se cree que está escondido en Venezuela o Cuba. En la isla se esconden varios etarras de los que no consta «oficialmente» su presencia, entre ellos Miguel Ángel Apalategui, «Apala», al que, entre otros crímenes, se relaciona con la desaparición (y muerte) del también miembro de la banda Eduardo Moreno, «Pertur».

Por lo que respecta a Concepción Iglesias Álvarez, es la pareja del que fuera jefe del «aparato militar» de ETA, Javier Arizkuren Ruiz, «Kantauri», preso en Pamplona. Está reclamada por España por el intento de atentado contra el rey Juan Carlos en 1995. Fue enviada por «Kantauri» el 27 de julio de 1995 a Mallorca con dos millones de pesetas que entregó al jefe del «comando», Juan José Rego Vidal. El dinero estaba destinado a pagar las reparaciones que el comando etarra había tenido que hacer en el barco «La belle poule», con el que se habían trasladado desde Francia a la isla.