Un comité de la ONU da la razón a Junqueras en su pleito contra España por suspenderle como diputado

El separatismo ha celebrado este miércoles como una gran victoria una decisión del comité de Derechos Humanos de la ONU a favor de cuatro dirigentes independentistas, aunque no es vinculante y, por tanto, no tendrá en efectos sobre España. Es decir, es más bien una victoria simbólica mientras en el horizonte asoma la posibilidad de que el separatismo sufra su mayor revés internacional si se acaba confirmando la entrega de Carles Puigdemont a España. No obstante, parece una victoria suficiente para que Esquerra recurra a ella y la utilice para volver a la carga contra el Gobierno y pida la amnistía, que había quedado aparcada en pro del pragmatismo y del diálogo y había dejado paso a valorar reformas legales (como la sedición o el Tribunal de Cuentas), mucho más viables para lograr un entendimiento entre Madrid y Barcelona.

El procedimiento arrancó el 18 de diciembre de 2018, cuandoOriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU contra España por la suspensión como diputados del Parlamento de Cataluña. El dictamen, que no es vinculante, se ha publicado este jueves y da la razón a los cuatro dirigentes independentistas porque el Estado suspendió sus funciones públicas antes de que fueran condenados.

La sentencia condenatoria por parte del Tribunal Supremo se dictó el 14 de octubre de 2019, aunque los cuatro políticos independentistas habían sido suspendidos de sus funciones en julio de 2018 ya que así lo marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando son acusados por un delito de rebelión. Los cuatro dirigentes presentaron su escrito ante la ONU en diciembre del 2018 con el objetivo de que se adoptaran medidas provisionales para que pudieran ejercer sus funciones hasta que no se dictara la sentencia condenatoria. Sin embargo, el procedimiento se alargó y ya en julio de 2020, el comité notificó que la petición de medidas provisionales había perdido validez.

El comité concluye que, con la “información que tiene a su disposición”, España violó el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque también reseña que el dictamen emitido “sobre el fondo de la reclamación”, ya “constituye una reparación suficiente para la violación dictaminada”. Es decir, tampoco pide a España que adopte ninguna medida reparadora con los cuatro políticos independentistas, que fueron indultados en junio de 2021. “El Estado parte también tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”, zanja.

En el dictamen, el comité considera que “para las suspensiones de funciones públicas impuestas antes de la existencia de una condena, los estándares necesarios para la compatibilidad de estas suspensiones (...) son más estrictos que las que se aplican después de la existencia de una condena” y pone en entredicho la validez de la acusación por rebelión (que es lo que dio pie a la suspensión de los cuatro como diputados) dado que, según recoge, “diversas organizaciones y entidades nacionales e internacionales han puesto de manifiesto el carácter pacífico” de las acciones que llevaron a cabo los cuatro demandantes.

El independentismo celebra esta resolución y da alas a las exigencias de Esquerra frente al Gobierno para que asuma su agenda de desjudicialización y reforme el delito de sedición de aquí al 31 de diciembre. Los republicanos han dado un ultimátum a Moncloa para que adopte medidas legales que permitan dar una salida a la multitud de independentistas con problemas con la justicia por el “procés”.

De hecho, la primera reacción de Junqueras, a través de las redes sociales, ha sido la de pedir la amnistía. “No valen excusas”, ha sentenciado el líder de los republicanos, que ya consiguió abrir vía para que Carles Puigdemont pudiera ejercer como eurodiputado. El Gobierno se ha negado a la amnistía y Esquerra lo ha asumido, de ahí que reclame reformas legales en el Congreso (se pone también en el punto de mira al Tribunal de Cuentas) y habrá que ver hasta donde llega Moncloa.

El ejecutivo aprobó un indulto para excarcelar a todos los presos independentistas, condenados a entre 9 y 13 años de prisión, y en los últimos días está posicionándose a favor del Govern en el pleito judicial sobre el 25% del castellano en Cataluña. Si hubiera recurrido el decreto aprobado por la Generalitat para sortear la sentencia judicial, todas las escuelas catalanas estarían obligadas desde este mes de septiembre a impartir una cuarta parte de las clases en castellano; pero, como ha evitado entrar en conflicto con el Govern, no lo ha hecho.

En el propio Gobierno también ha habido quien se ha alineado con el dictamen: la ministra Ione Belarra coincide en que «hubo vulneración» de los derechos de Junqueras y el resto de consellers. Yolanda Díaz, en cambio, más prudente, ha evitado posicionarse por ahora.