«Operación almendro»: ya solo quedan una treintena de presos de ETA fuera del País Vasco

El goteo de acercamientos de presos de la banda terrorista ETA a cárceles vascas ha sido incesante desde que el Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión en 2018. El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska informa puntualmente (antes lo hacía cada viernes sin fallo) de los cambios de prisión de los terroristas y, en total 143 han sido acercados al País Vasco. Solo en agosto Interior ha anunciado 25 traslados, algunos de ello como los de ayer de etarras tan sanguinarios comoXabier García Gaztelu, ‘Txapote’, o Henri Parot. El objetivo de esta «operación almendro» consistiría en tener a la treintena que quedan fuera durmiendo en su Comunidad Autónoma de cara a navidad.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acordó los primeros días de agosto trasladar a 12 internos de ETA entre los que se encontraban Diego Ugarte Lópezde Arcaute e Iurgi Garitagoitia, asesinos del dirigente socialista Fernando Buesa y del empresario vasco Ignacio Uría. Ya entonces la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) calculó que el 70% de los terroristas habían pasado a cumplir su pena entre el País Vasco y Navarra.

El Gobierno ha terminado así con la dispersión que se venía practicando por parte de los distintos ejecutivos para alejar de sus casas a los terroristas y que no pudieran seguir coordinándose ni organizando atentados desde la prisión. Y a estos 12 se sumaron ayer otros 13 entre los que, para sorpresa de las víctimas, estaban algunos del núcleo duro de la banda. La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) expuso que se trata del “mayor acercamiento de presos sanguinarios” con 73 asesinatos entre todos y más de 8.000 años de prisión. Solo ‘Txapote’ está condenado por el crimen al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, el del líder del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, también el de Buesa y el de José Luis López Lacalle.

De esta forma, solo quedan algunos de los más históricos como Iranchu Gallastegui «Amaia», Julián Achurra, «Pototo» (condenada por el crimen de Ortega Lara) o Alberto López, «Mobutu» alejados de Euskadi. Según fuentes de la lucha antiterrorista, todos estarán en casa por navidad. Así, dicen, lo ha acordado el Ejecutivo con EH Bildu para que estos voten a favor de la aprobación de los Presupuestos Generales.

No es un logro pequeño para el partido vasco ya que, desde siempre, una de las reivindicaciones del mundo de ETA era una nueva amnistía, expresamente prohibida por la Constitución. Y, como alternativa, el acercamiento de los presos o medidas que les favorecieran. Para ello, secuestraron a Miguel Ángel Blanco y al Capitán de Farmacia Alberto Martín, ambos asesinados al no lograr los terroristas sus exigencias.

Las víctimas hablan de “traición” porque el traslado va aparejado, generalmente, a beneficios penitenciarios que una vez en territorio vasco consiguen con la aprobación del presidente Iñigo Urkullu. Sánchez transfirió al Ejecutivo vasco la competencia de Prisiones el pasado mes de octubre de manera que solo esa comunidad autónoma junto a Cataluña tienen la capacidad de tomar decisiones sobre sus propios presos. El resto dependen de Interior.

Desde que se transfirieran las cárceles, el Gobierno vasco ha progresado a tercer grado a numerosos etarras como Xabier Atristain a quien el Tribunal Supremo negó revisar su condena después de un fallo favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El alto tribunal ordenó su reingreso en prisión y solo unas semanas más tarde la Consejería de Interior accedió a su semilibertad. Como a él, anteriormente se había concedido el tercer grado a los etarra Egoitz Coto, Joseba Lerín, Iñaki Garcés, Unai Fano, Ugaitz Pérez, Mikel Arrieta, Francisco José Ramada, Joseba Arregi Erostarbe, alias Fiti, Iñaki Bilbao, Gorka Martínez Ahedo, Gorka Lupiañez y Aitor Esnaola.