«Votar en blanco no es rebelarse, está en la ley»

Un sector del CGPJ se inclina por desmarcarse en el Pleno de la propuesta de dos vocales del Constitucional

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ayer durante la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ayer durante la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado FOTO: J.J.Guillén EFE

Un sector de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se inclina a día de hoy por votar en blanco en el Pleno del jueves del que tendría que salir la propuesta de los dos vocales que compete al Consejo nombrar en el Tribunal Constitucional (TC) para que se haga efectiva la renovación pendiente.

De llegar con esta posición a la votación del jueves, desde el CGPJ volarían por los aires los planes del Gobierno para impulsar «in extremis» una renovación que cambie las mayorías del Alto Tribunal y deje al sector progresista con una mayoría a su favor de siete contra cuatro.

La situación es tan crítica que el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, está mediando para facilitar una salida y llevar a cabo el nombramiento de los dos vocales que compete al Consejo, como ayer adelantó este periódico.

Pero una parte de los conservadores no le sigue en su estrategia, y tampoco entiende que esto pueda ser considerado como un acto de «rebelión», como ayer Lesmes dio a entender.

«Votar en blanco es un voto institucional, no es una rebelión. La ley nos obliga a votar, pero no prohíbe que podamos votar en blanco como señal de protesta», defiende uno de los vocales de la mayoría conservadora en una conversación privada.

Si se cuenta con Lesmes, los vocales del bloque conservador (PP) son once, y ocho están adscritos al bloque progresista (PSOE). Del sector conservador, los más alejados de la opción de votar en blanco son Carlos Lesmes y Wenceslado Olea. Pero al Gobierno no le vale con la fuga de estos dos vocales, necesita cuatro para llegar a los doce que fija la mayoría por la que sí saldría adelante la propuesta de candidatos en nombre del Poder Judicial.

Ahora se tienen que elegir cuatro vocales: dos del CGPJ y otros dos a propuesta del Gobierno. La renuncia a principios de agosto de uno de los magistrados del sector conservador, Alfredo Montoya, por motivos de salud, ha dejado otra vacante que el PP quiere cubrir, pero para ello necesita del apoyo del PSOE en el Senado porque hace falta una mayoría de tres quintos.

El PP quiere que el pacto de la renovación incluya también esta vacante, y si el Consejo sacase adelante su propuesta, al Gobierno no le quedaría ya ningún incentivo para ceder en el acuerdo. Que rebajaría, además, la mayoría progresista histórica (7-4) que puede llegar a darse en el Constitucional si el Ejecutivo saca adelante sus dos nombramientos y el CGPJ los suyos.

En esta situación dramática a la que se enfrenta el Consejo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer al Gobierno de lanzar «amenazas y chantajes» contra el CGPJ y de haber intervenido la institución para controlar la mayoría y evitar que algunas leyes sean declaradas inconstitucionales. Precisamente las que más de fondo afectan al proyecto ideológico socialista.

En un desayuno informativo de Europa Press, Feijóo insistió en que el Gobierno pretende controlar desde el punto de vista numérico el Constitucional para evitar que leyes recurridas puedan tener una sentencia de inconstitucionalidad.

«El nivel de falta de respeto al CGPJ por parte de este Gobierno no tiene antecedentes. Cuando una autoridad de Estado interviene a otra, el índice de peligrosidad es amplísimo».

También culpó al presidente del Gobierno de estar únicamente interesado en hablar de nombres, de repartirse los nombramientos en el CGPJ, y no de regeneración de la Justicia.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, promovida por el Gobierno para limitar sus competencias estando en funciones, ha conseguido colapsar el nombramiento de altos cargos judiciales, entre ellos 14 vacantes del Tribunal Supremo. Siete Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas también necesitan nombrar a su presidente. Hay, además, una docena de presidentes de Audiencia Provincial en situación interina.

Pero el Gobierno se ha encontrado con el problema de que su reforma le maniata para llevar a cabo, sin acuerdo con el PP, la renovación del Constitucional, que en principio debería quedar resuelta antes del próximo 12 de septiembre.

El Constitucional se renueva por tercios. Ya que son doce sus miembros, tocaría renovar a cuatro cuyo mandato venció el pasado 12 de junio, entre ellos los cargos de presidente y vicepresidente. De los otros tercios, corresponde su renovación uno al Congreso y otro al Senado.

La mayoría del Consejo que amenaza con plantarse ante el Pleno del jueves critica esta reforma que limitó sus funciones, consecuencia de la falta de acuerdo entre Gobierno y oposición.

También ve un fraude la nueva reforma de la LOPJ para devolver al Consejo su función de realizar nombramientos, pero sólo para que pueda designar a los dos magistrados del Constitucional que necesita el Gobierno para, según fuentes jurídicas, «tomar el control del Constitucional y abrir paso a una influencia de ERC que tiene como objetivo mover la doctrina tradicional del Alto Tribunal sobre el soberanismo».

«Aquí no importa el prestigio del órgano constitucional ni tampoco del CGPJ, sino que sólo se busca torcer el brazo a la situación creada para recuperar una mayoría progresista en el Constitucional que sea más favorecedora a las actuaciones gubernamentales», añade otro vocal que se sitúa hoy en el bando del voto en blanco en el Pleno del jueves.

Este TC no ha parado de enmendar la plana al Gobierno. La última vez fue al admitir la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJ de Aragón al considerar inconstitucional la normativa que dejaba en manos de las comunidades autónomas las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del Covid-19. También ha declarado inconstitucional los dos estados de alarma.

«Están cambiando la ley en el Congreso según conviene a las urgencias del Gobierno», denuncia la oposición. El Gobierno acusa a los magistrados conservadores del CGPJ de atender «a las instrucciones de Génova» para que «el PP pueda mantener un control de la Justicia que le beneficia y que utiliza como escudo».