La elección de los dos jueces del Constitucional por el CGPJ, en el aire antes del Pleno

Tampoco a la segunda fue la vencida. La reunión de ayer de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargados de consensuar los nombres de los dos candidatos del órgano de gobierno de los jueces para renovar el Tribunal Constitucional (TC) –lo que se plasmará en una mayoría progresista en la institución al designar a otros dos jueces el Gobierno de Pedro Sánchez– terminó también sin acuerdo y sin una nueva fecha para seguir adelante con las negociaciones. En este sentido, Carlos Lesmes ha advertido de que si no hay un acuerdo la próxima semana, convocará un Pleno el próximo 3 de octubre.

Sobre la mesa estaba la lista de los nueve candidatos que propone el bloque progresista, pero ni siquiera se llegaron a votar porque sus homónimos conservadores reiteraron a sus compañeros que no cuentan con candidatos para el TC.

Durante la reunión, aunque los vocales progresistas instaron a los interlocutores del sector mayoritario a llegar a un acuerdo «en el plazo más breve posible» y, en todo caso, antes del próximo Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que se celebra el próximo día 29 (que de haber consenso sería el encargado de formalizar la designación de los magistrados del Constitucional), los vocales conservadores dejaron claro que «la relevancia de estos nombramientos exige que rija el principio de eficiencia y no el de urgencia». De prisas, nada, pues desde un primer momento expusieron que había que respetar los «tiempos» del CGPJ.

Tras trasladar estos últimos a sus compañeros que no disponen aún de ninguna candidatura «ni oficial ni oficiosa» (aunque sí ha habido, según precisaron, «un mero contacto breve, informal» con una persona que se ha dirigido a un vocal «a título individual»), los negociadores progresistas hicieron hincapié en que no se hacen responsables «de la dilación que se está produciendo en la designación de los magistrados para el Tribunal Constitucional».

La reunión del 28, clave

Y es que la pretensión del sector minoritario –y del propio Gobierno– es que haya fumata blanca antes de la visita del comisario europeo, Didier Reynders, quien los próximos días 29 y 30 visitará España con la intención de mediar entre el Gobierno y el PP para desbloquear la renovación del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018. Y aliviar así la situación que vive el Tribunal Supremo, donde se acumulan las vacantes ante la imposibilidad del Consejo de hacer nombramientos mientras no se produzca ese relevo.

Eso sí, los cinco vocales comisionados para alcanzar un acuerdo pusieron de relieve su «firme compromiso» para culminar el proceso de designación. Pero es complicado que sea antes del 29, pues el bloque conservador se reunirá un día antes para debatir sobre propuestas de candidatos. Una reunión que se antoja clave pues si asoman las grietas en el núcleo duro del sector mayoritario, podría consolidarse una mayoría suficiente con los vocales progresistas para desatascar el nombramiento.

Fuentes del sector conservador señalaron que la reunión transcurrió «con total cordialidad y con plena coincidencia de los asistentes en la necesidad de lograr amplias mayorías» en la elección de los dos jueces del TC. Pero insistieron en que «sólo aquellos candidatos seleccionados tras análisis y deliberación de nuestro grupo serán propuestos como tales». Para ello, explican, buscarán «a aquellos aspirantes que, por su excelencia, considere idóneos para tan alta magistratura».

Fuentes del sector progresista coinciden en esa voluntad de llegar a un acuerdo lo más amplio posible, pero constatan decepcionados «una diferencia en cuanto a los tiempos».

Entre los candidatos progresistas figuran los magistrados del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, Pablo Lucas, Eduardo Espín, Rafael Fernández Valverde y Ángeles Huet (todos ellos de la Sala Tercera); Jacobo López Barja, presidente de la Sala de lo Militar; las igualmente magistradas del Tribunal Supremo Isabel Perelló (Sala Tercera), María Luisa Segoviano (presidenta de la Sala de lo Social) y Rosa María Virolés (también de la Sala Cuarta).