Moncloa tienta a Lesmes para que rompa el bloque del CGPJ

La segunda reunión entre los negociadores de los bloques conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) terminó también ayer sin visos de que se estén asentando las bases para que prospere un acuerdo para nombrar a dos magistrados para el Tribunal Constitucional (TC). Es el paso necesario para que el Gobierno pueda nombrar también a los dos vocales que le corresponden, con lo que así cambiaría la mayoría del órgano de garantías para inclinarse del lado progresista.

A Moncloa le urge desbloquear la renovación del TC antes de que el próximo día 29 llegue a Madrid el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders. Y ante esta urgencia se intensifican las aproximaciones al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, porque es la pieza que Moncloa «necesita» para intentar mover otros tres votos conservadores del CGPJ del lado de la renovación del TC. Estas maniobras, y la presión de la agenda, elevan la preocupación en el sector conservador del Tribunal Supremo, donde temen que Lesmes colabore «en facilitar los planes al Gobierno para hacerse con una mayoría histórica en el Constitucional».

La visita del comisario europeo amenaza con ser un punto de inflexión porque el mensaje que deje al Gobierno lleve a que se interprete como una severa reprimenda. Reynders defenderá que el CGPJ se renueve por la ley vigente, como pide el Gobierno, pero también abogará a favor de que haya una renovación en bloque del CGPJ y el TC, y que vaya unida a la activación de una reforma de la ley para que los jueces elijan a los jueces en el CGPJ, como pide el principal partido de la oposición.

Tras la elección de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, Génova presentó una propuesta alternativa para desbloquear la negociación del CGPJ que recibía en herencia de la anterior dirección.

En esta propuesta renunciaba a vincular expresamente el pacto a la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aunque éste fuera el objetivo a medio plazo, pero planteaba que la elección se hiciera conforme a unos criterios de idoneidad.

Con las conversaciones abiertas, el Gobierno promovió la reforma exprés para rectificar la modificación legal que previamente había realizado para maniatar al CGPJ en su facultad de realizar nombramientos en tanto no se ejecutara su renovación. El PP se enteró por los medios de comunicación de que el Gobierno había registrado en el Congreso la iniciativa para devolver esta competencia de nombramientos al Poder Judicial, sólo para el caso del TC, porque en juego estaba la mayoría progresista, y esto hizo estallar la negociación en proceso.

Por cierto, en medio de este enredo, el Constitucional tiene también pendiente de resolver el recurso de la oposición contra la citada reforma de la ley del Poder Judicial, instada por PSOE y Unidas Podemos para recortar las atribuciones del CGPJ cuando se encuentra en funciones.

En el bloque del centroderecha están convencidos de que esta reforma es inconstitucional porque el Gobierno no puede recortar las funciones constitucionales que tiene el Poder Judicial por un hecho que no es responsabilidad suya, la falta de acuerdo entre quienes tienen que ejecutar la renovación en plazo. Si hay un cambio de mayoría en el TC, tanto Gobierno como oposición dan por hecho que este recurso se inclinará del lado del Ejecutivo.

En este contexto, la única esperanza del Gobierno es que Lesmes dé un paso hacia su lado, y tire con él de otros tres vocales conservadores, lo que le daría la mayoría necesaria en el Poder Judicial para proceder al nombramiento de los dos vocales del TC que le compenten. A su vez, el Ejecutivo haría lo mismo con sus dos magistrados, y de esta forma tendría el control del órgano de garantías.

La oposición sostiene ahora que al Gobierno ya no le interesa el CGPJ y que solo está preocupado por «el asalto al Constitucional». La crisis afecta ya por igual a las dos instituciones.

Lesmes recordó en la apertura del año judicial que gracias al «estropicio» que ha provocado el Gobierno, con la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos, el Supremo estará con el 25 por ciento de su plantilla sin cubrir enunos meses, una de cada cuatro plazas del tribunal estarán vacantes. El CGPJ está en funciones desde hace cuatro años.

Este déficit de plantilla se ha cruzado también en la negociación para renovar al Constitucional por las voces que advierten de que «reclutar para el TC a magistrados de máximo nivel del TS, que está falto de jueces, sólo va a agravar la crisis abierta».

El bloque conservador se ha mostrado hasta ahora mayoritariamente a favor de esperar a la visita del comisario de Justicia europeo, con la confianza puesta, dicen, en que sirva para desatascar una crisis que está erosionando de manera irreversible la imagen del Poder Judicial.